El juicio político al presidente de Filipinas, Joseph Estrada, avanza en el parlamento, aunque aumenta el escepticismo de la población respecto del resultado del proceso.
Los filipinos siguen de cerca el desarrollo del juicio político, que es transmitido en directo por radio y televisión todos los días, pero no creen que Estrada pueda ser destituido, pese a la acumulación de denuncias de corrupción en su contra.
En las audiencias que se llevaron a cabo en el último mes, empleados bancarios convocados como testigos aseguraron bajo juramento que Estrada firmó documentos con el nombre falso de Jesús Velarde.
El presidente también es acusado de usar compañías de fachada para encubrir su propiedad de diversos bienes y beneficiar a sus colaboradores, y de proporcionar viviendas a sus amantes, entre otros cargos.
La incertidumbre política aumentó el 30 de diciembre, cuando se produjeron atentados con explosivos en varios lugares de la capital, que causaron la muerte de 18 personas.
El desenlace del juicio político, que se espera este mes, puede fortalecer o dañar en forma permanente la credibilidad del Congreso.
«Creo que todos los políticos son iguales», dijo a IPS Maria Benavides, una empleada.
«Estrada no va a ser condenado, por más denuncias que se presenten contra él. ¿Quién puede pensar que esos senadores van a echarlo?», comentó otro empleado.
Este juicio político es el primero a un jefe de gobierno en Asia, y pondrá a prueba la madurez y profundidad de la democracia de la cual los filipinos se han enorgullecido durante mucho tiempo, al revelar si el sistema institucional es en realidad capaz de garantizar la responsabilidad de los gobernantes.
«El Congreso refleja los fuertes rasgos personalistas de nuestra cultura política, y ahora está bajo presión, ante el desafío de reiventarse para actuar como un valioso pilar de la nación en el siglo XXI», comentó el sociólogo y comentarista político Randolf David.
«El juicio político es la hora de la verdad para el Congreso, el cual debe probar si puede cumplir el papel que le asigna la Constitución, como defensa contra abusos de poder por parte del presidente, pese a los intereses políticos que representan los parlamentarios», añadió.
En medio de las minucias legales que se debaten cada día en el juicio, presidido durante el juico político por el presidente de la Corte Suprema, aumenta la presión para que Estrada responda en forma directa a los cargos en su contra.
En una encuesta entre usuarios de Internet, la red mundial de computadoras, realizada por el diario Philippine Daily Inquirer, 92 por ciento de quienes respondieron estuvieron a favor de que Estrada dé testimonio ante el Senado para fundamentar su afirmación de que es inocente, reiterada desde que se divulgaron las primeras acusaciones contra él.
A comienzos de diciembre, Luis Singson, un gobernador de provincia que fue amigo del presidente, afirmó que había pagado a Estrada sobornos de más de ocho millones de dólares, provenientes de ganancias en un juego de azar ilegal llamado 'jueteng'.
Ese mismo mes, el gobernador atestiguó en el juicio político que había pagado a Estrada parte del soborno en cheques, en la residencia del presidente.
Estrada negó haber recibido el dinero. Luego dijo que cuatro millones de dólares habían sido depositados sin su conocimiento en una fundación educativa para la juventud musulmana. Ese dinero no ha sido tocado, aseguró.
Sin embargo, para muchos filipinos, el tenor de las acusaciones comenzó a cambiar cuando empleados bancarios atestiguaron y presentaron documentos al tribunal a cargo del juicio político.
Muchos no podían alejarse de sus televisores o radios cuando en el último día del juicio antes de las fiestas navideñas, Clarissa Ocampo, vicepresidenta del banco Equitable PCI, atestiguó que ella vio firmar a Estrada, el 4 de febrero, documentos con el nombre Jesús Velarde.
Ese día, aseguró Ocampo, Estrada transfirió 10 millones de dólares de su cuenta en una de las sucursales del banco a una cuenta fiduciaria para prestarle el dinero al empresario William Gatchalian, un amigo del presidente.
Esa cuenta también fue la fuente de un cheque por 2,84 millones de dólares entregado a una compañía de fachada para que comprara una residencia, presuntamente utilizada luego por una amante de Estrada.
Esta semana, los testimonios escuchados en el juicio indicaron que los documentos probatorios de una transferencia de 10 millones de dólares de la cuenta de «Velarde» a Jaime Dichaves, un allegado a Estrada, se firmaron en la oficina de uno de los abogados defensores del presidente, Estelito Mendoza.
Sin embargo, Mendoza sostiene que no sabe nada de esos documentos.
Mientras tanto, muchos filipinos se declaran hartos de la política, y algunos opinan que Estrada no es peor que el dictador Ferdinando Marcos, con la diferencia de que el actual presidente fue atrapado.
Al menos Estrada, quien asumió la presidencia en julio de 1998, esperó varios años antes de enriquecerse en forma ilegítima, señalan sus defensores.
Estos arguyen que el presidente adquirió casas para sus amantes y aceptó sobornos, pero no robó de las arcas del Estado. Ese argumento no convence a la mayoría.
Quizás el sentir popular acerca de Estrada, de los senadores que decidirán su futuro político y de la vicepresidenta Gloria Macapagal Arroyo, quien reemplazará al presidente si éste es destituido, se exprese en una frase escrita en la principal autopista de Manila: «¡Renuncien todos!» (FIN/IPS/tra-eng/js/mp- aq/ip/01
