La defensa de Augusto Pinochet anunció hoy que pedirá a la Corte Suprema de Justicia la remoción del juez Juan Guzmán, quien investiga denuncias contra el ex dictador de Chile por crímenes contra la humanidad cometidos tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
La defensa del general retirado presentó igualmente dos recursos legales que buscan revocar las resoluciones con que Guzmán dispuso que Pinochet sea sometido a exámenes médicos entre este domingo y el lunes e interrogado judicialmente por el propio juez el martes 9.
Los recursos fueron presentados luego de que Pinochet, de 85 años, señalara que acogerá la recomendación de sus abogados de no presentarse a los exámenes ni comparecer ante el juez, con lo cual se expone a que Guzmán ordene su arresto y le abra un proceso adicional por desacato a la justicia.
Al mismo tiempo, la Comisión de Etica del Poder Judicial acogió a trámite una denuncia por supuestas irregularidades cometidas por Guzmán en el proceso por la llamada «caravana de la muerte», interpuesta por la defensa del principal inculpado hasta ahora en el caso, el general retirado Sergio Arellano.
Eduardo Contreras, uno de los abogados acusadores en el proceso, denunció «una verdadera ofensiva política» desatada en los últimos días contra el juez Guzmán, por parte de «poderes fácticos» uniformados y por los defensores de Pinochet y Arellano.
Arellano fue el jefe de la «caravana de la muerte», nombre dado a una misión especial del ejército designada por Pinochet que, con el mandato de revisar y agilizar juicios en tribunales militares a civiles, asesinó a 79 prisioneros políticos en varias ciudades entre septiembre y octubre de 1973.
Guzmán inculpó el 1 de diciembre a Pinochet como coautor e inductor de 18 secuestros y 57 homicidios de la «caravana», pero su decisión fue revocada por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó al juez las diligencias previas de los exámenes médicos y la declaración indagatoria (interrogatorio judicial).
Con ese instructivo, Guzmán fijó este domingo y el lunes como fecha para los estudios en el hospital Militar de Santiago, y el martes como la jornada en que tomaría a Pinochet la declaración en un lugar o domicilio que debería fijar el propio ex dictador.
El equipo de defensores del general que gobernó Chile entre marzo de 1973 y marzo de 1990 sostiene que existe «hostigamiento» del juez hacia Pinochet, porque fijó para los exámenes mecanismos de verificación que reflejarían desconfianza hacia el hospital Militar, dependiente del ejército.
Guzmán se reunió este jueves con los cuatro facultativos del Servicio Médico Legal y los dos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, quienes tendrán a cargo los exámenes neurológicos y psiquiátricos.
El diagnóstico de estos profesionales podría eximir al ex dictador de un juicio, en caso de que se le detecte demencia senil u otra anomalía mental.
En el encuentro participaron también dos expertos designados como veedores de los exámenes por la defensa de Pinochet y por la parte querellante en el juicio a la «caravana de la muerte».
«No me sorprende nada», fue la respuesta que Guzmán dio a los periodistas ante el anuncio de los abogados de Pinochet de que pedirán su remoción del caso.
El juez agregó que si el ex dictador desacata la orden de presentarse a los exámenes y al interrogatorio deberá aplicarle «los procedimientos penales que correspondan».
El presidente Ricardo Lagos declinó pronunciarse acerca de las últimas decisiones de Pinochet y sus abogados, insistiendo en su predicamento de que sólo le corresponde a los tribunales calificar estas situaciones así como llevar el juicio, sin interferencias de otros poderes del Estado.
Lagos se abstuvo igualmente de adelantar opinión sobre lo que ocurrirá este sábado, cuando se cumpla el plazo de seis meses dado por una ley especial para recopilar informes que permitan ubicar los restos de alrededor de un millar de desaparecidos durante la dictadura de Pinochet.
El ministro de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Huepe, señaló este jueves que no habrá una ceremonia especial para recibir los informes en el palacio presidencia de La Moneda.
Los documentos fueron elaborados por un equipo que encabezó la asistente social María Luisa Sepúlveda, ex funcionaria de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica.
El 6 de julio de 2000 se expidió una ley especial para que las Fuerzas Armadas, las iglesias Católica y Evangélica, la colectividad judía y la masonería recibieran antecedentes de informantes cuya identidad quedó protegida con la figura del «secreto profesional».
El procedimiento fue acordado por una mesa de diálogo cívico- militar que sesionó entre agosto de 1999 y junio de 2000, de la cual se negaron a formar parte las dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.
La ley del «secreto profesional» estableció que Lagos podría prorrogar el período para recopilar información por otros seis meses, pero Huepe adelantó que el mandatario no aplicará esa prerrogativa, bajo el argumento de que la extensión de los plazos crea expectativas dolorosas a los deudos de los desaparecidos.
El hecho de que no se prevea una ceremonia pública especial indicaría que los resultados de la búsqueda de información fueron pobres, según lo sugirieron trascendidos de fuentes ligadas al ejército y la armada en las últimas semanas.
Según las hipótesis, existiría información sobre el paradero de los restos de unas 100 a 300 personas desaparecidas, sobre el total de 1.198 que se registraron durante la dictadura y de los cuales se ha identificado desde 1990 a poco más de 100.
Una vez que se sistematicen los informes de las diferentes fuentes, Lagos dispondrá de 48 horas para enviar los antecedentes al Poder Judicial, con el propósito de que los tribunales dispongan las exhumaciones y otras diligencias para ubicar los restos de los desaparecidos y aclarar la comisión de los delitos.
Laura Soto, diputada del oficialista Partido Por la Democracia y abogada de grupos de derechos humanos, exhortó el miércoles a las autoridades a reconocer el «fracaso» de la fórmula del «secreto profesional» acordada por la mesa de diálogo. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/01
