Grupos de la sociedad civil de Estados Unidos intentan persuadir a Washington y a la Organización Mundial del Comercio (OMC) de cancelar los planes para celebrar en Qatar la próxima reunión ministerial de esa institución.
Más de 20 organizaciones no gubernamentales (ONG) estadounidenses firmaron una carta dirigida a altos funcionarios de la flamante administración de George W. Bush en protesta por la selección de Qatar, un emirato del Golfo, como sede de la próxima reunión ministerial, prevista para noviembre de este año.
Una carta similar está circulando por el exterior para recibir la firma de ONG extranjeras.
Qatar, sin antecedentes de tolerancia al disentimiento, no permitirá que las ONG y otros críticos de la OMC se manifiesten contra esa organización y sus decisiones políticas, arguyeron los grupos.
«O el gobierno de Qatar se compromete a respetar el derecho de libre reunión, tanto para sus propios ciudadanos como para visitantes extranjeros, o la OMC deberá encontrar otra ubicación», urgieron las ONG.
Sin embargo, ningún otro país se ha ofrecido como sede de la próxima reunión ministerial.
La última, celebrada en la ciudad estadounidense de Seattle en noviembre de 1999, acaparó los títulos de la prensa internacional luego de que la policía atacara a miles de manifestantes pacíficos en aparente represalia por el vandalismo de pequeños grupos autodenominados anarquistas.
Seattle sufrió pérdidas por varios millones de dólares, además de un daño permanente a su dignidad e imagen pública, y dio involuntariamente su nombre a la Coalición de Seattle, una federación de sindicatos, grupos ambientalistas, de consumidores y de desarrollo.
Desde entonces, la coalición se ha movilizado en Washington, D.C.; Windsor, Ontario, y Praga contra lo que considera las políticas dictadas por las multinacionales de la OMC y otras agencias multilaterales dominadas por Occidente, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
En su última acción, esas ONG y otras protestaron el pasado fin de semana contra el Foro Económico Mundial, la reunión anual de gobernantes y representantes de empresas multinacionales en la localidad suiza de Davos, que termina este martes.
Según informes de prensa, la policía impidió a unos 300 manifestantes acercarse al sitio de la reunión, y al menos mil más provocaron disturbios en la cercana ciudad de Zurich cuando las autoridades bloquearon calles y clausuraron servicios de tren y autobús hacia Davos.
Dieciséis ONG, entre ellas Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam, escribieron este martes al presidente de Suiza manifestando su preocupación por la respuesta de las autoridades de ese país a las protestas en Davos.
Los signatarios de la carta acusaron a las autoridades suizas de transformar al centro de ski de Davos en una «fortaleza» y de limitar «el derecho de libre reunión y expresión».
Anteriormente, también habían denunciado las medidas de seguridad varios participantes del Foro, como el líder sindical estadounidense John Sweeney y el activista por los derechos de los consumidores Jeremy Rifkin.
El Consejo General de la OMC, que se reunirá en su sede de Ginebra esta semana, no confirmó formalmente que Qatar será la sede de la próxima reunión ministerial, pero se prevé que lo hará.
El nuevo gobierno de Bush no asumió posición sobre el asunto, aunque probablemente su representante comercial designado, Robert Zoellick, será interrogado al respecto durante las audiencias de su confirmación, que iban a comenzar este martes.
Los grupos estadounidenses firmantes de la carta, que incluyen a algunos de los mayores sindicatos del país, grupos religiosos, organizaciones ambientalistas como Amigos de la Tierra y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, alegaron que la elección de Qatar ratifica la antigua acusación de que la OMC prefiere actuar a puertas cerradas.
«La elección de Qatar por la OMC demuestra la falsedad del compromiso de la organización con la transparencia», señaló Brent Blackwelder, presidente de Amigos de la Tierra.
«Debemos preguntarnos cuál es la verdadera agenda de la OMC cuando precisa reunirse en un país que prohíbe las manifestaciones pacíficas y reprime a la prensa», agregó.
La carta que está circulando por distintos países advierte que «la agenda del comercio internacional nunca gozará de apoyo democrático si no estimula el debate y las opiniones críticas».
«Desafortunadamente, el gobierno de Qatar se ha negado a apoyar ese debate dentro de sus fronteras», añade.
Human Rights Watch fue el primer grupo en plantear el asunto de manera formal. La organización de defensa de los derechos humanos, con sede en Nueva York, no tiene relación directa con la Coalición de Seattle.
En una declaración publicada la semana pasada, el director de Human Rights Watch, Kenneth Roth, afirmó que la elección de Qatar por la OMC «parece ser un esfuerzo por evitar las ruidosas manifestaciones del año pasado, escogiendo un país que prohíbe las manifestaciones».
En respuesta, el director general de la OMC, Mike Moore, dijo que todas las ONG acreditadas por su organización tendrán acceso a la reunión, aunque no aclaró si el derecho de reunión pacífica será respetado por el gobierno qatarí, o si éste permitirá el ingreso al país de grupos no acreditados por la agencia.
«Ya sea que la OMC esté de acuerdo con esos grupos o no, debe garantizar el respeto a su derecho a ser escuchados», exhortó Roth.
De acuerdo con el diario The New York Times, Doha, la capital de Qatar, tiene apenas 2.000 habitaciones de hotel, apenas suficientes para albergar a un tercio de los delegados esperados, aunque el emirato anunció que contratará cruceros para ofrecer más alojamiento.
Aunque la situación de los derechos humanos, en particular de las mujeres, mejoró desde que el actual emir Hamd bin Khalifa Al- Thani derrocó a su padre en 1995, Qatar sigue siendo una monarquía absoluta donde no hay Constitución y los partidos políticos están prohibidos.
El último informe del Departamento de Estado estadounidense sobre los derechos humanos sostiene que el derecho de reunión en Qatar está «gravamente limitado» y que el gobierno «no permite actos políticos».
Las asociaciones privadas deben registrarse ante el gobierno y sus actividades son supervisadas por agencias de seguridad, afirmó el Departamento de Estado. Además, los trabajadores no pueden negociar colectivamente.
Qatar fue suspendida de los programas de seguros de la estadounidense Corporación de Inversión Privada de Ultramar por su inobservancia de los derechos laborales internacionales. Los trabajadores extranjeros, principalmente de Asia meridional y países árabes pobres, superan a los qataríes en relación de cuatro a uno.
El Estado posee la mayor parte de las industrias y los servicios, y deja en manos del sector privado la industria de la construcción y la venta minorista. Las compañías extranjeras deben operar a través de un agente local, según la Guía Comercial del Departamento de Estado. (FIN/IPS/tra-en/jl/da/mlm/if-dv/01
