La nueva ley antiterrorista de Gran Bretaña podría ser esgrimida por el gobierno para combatir cualquier disenso político, advirtieron organizaciones de derechos humanos.
Esta controversia podría ser el comienzo de una disputa legal mayor, pues la ley, que parece apuntar sobre grupos islámicos y que entrará en vigor el 19 de febrero, contradice disposiciones europeas a las que Gran Bretaña se adhirió, según expertos.
La ley amplía la definición vigente de terrorismo más allá de lo relacionado con Irlanda del Norte, al aplicarlo también a grupos locales que reclutan jóvenes para cometer atentados en el exterior, por razones ideológicas o religiosas.
La ley también le otorga al gobierno más poderes para investigar el financiamiento de las organizaciones terroristas.
La organización Liberty, que «reconoció la importancia de combatir el terrorismo» consideró que la definición de estas actividades en la ley «son demasiado amplias y constituirán un sistema de dos niveles en la justicia penal».
«El disenso político, aunque no fuera ilegal antes de la norma, quedará entrampado debido a una redefinición reaccionaria» del término terrorismo, aseguró la Red contra la Ley sobre Terrorismo (NATTA) en su sitio en Internet, ubicado en http://www.blagged.freeserve.co.uk/ta2000/fhome.htm.
«La ley aplica el mismo criterio en todo el mundo» e incluye bajo la denominación de terrorismo «cualquier situación de resistencia armada legítima, como la que hubo en Timor Oriental», agregó NATTA.
La norma combatirá «una amplia gama de actividades, que podrán ser controvertidas o ilegales pero no tienen nada que ver con el terrorismo», y «podría ser usada para atacar, hostigar o encarcelar a disidentes, exiliados, grupos de solidaridad y sindicalistas», sostuvo.
Además, fue aprobada «en momentos en que cada vez más personas evitan las urnas y se vuelcan por la acción directa», explicó NATTA.
Estas disposiciones apuntan con claridad contra grupos islámicos como Al Muhajiroun, que recluta a jóvenes musulmanes en Gran Bretaña y cuyo líder, jeque Omar Bakri Mohammed, admitió recibir dinero del grupo islámico Hizbul Mujaidín, que lucha por la independencia de Cachemira, hoy bajo dominio indio.
«En los últimos cinco años hemos enviado centenares de jóvenes reclutas a dos campos de entrenamiento en el exterior, uno en el mundo árabe y otro en Asia meridional», reveló un portavoz del grupo islámico Al Madad a IPS.
Existen otros indicios de la vinculación de jóvenes británicos musulmanes con acciones terroristas en el exterior. Un joven de Birminghan murió en un ataque suicida en Srinagar, capital de Cachemira, y muchos jóvenes británicos han sido arrestados en Yemen acusados de terroristas.
Grupos como Al Madad y Al Muhajiroun ven en la nueva ley británica una amenaza a su independencia. «Deberemos irnos del país o pasar a la clandestinidad cuando esta ley entre en vigencia», dijo el portavoz de Al Madad.
Los grupos islámicos argumentan que los jóvenes enviados por ellos pelean por su libertad y sólo atacan objetivos militares. «Estamos contra el terrorismo y de los ataques a civiles de cualquier religión o creencia», afirmó Bakri Mohammed.
El ministro del Interior británico Jack Straw defendió la ley. «La revisión de la definición de terrorismo y la ampliación de los poderes para proscribir grupos muestran que el gobierno no está dispuesto a albergar organizaciones que usan la violencia para defender su causa», dijo.
La nueva ley será de carácter permanente. Las leyes anteriores al respecto eran renovadas cada año, de acuerdo con la situación en Irlanda del Norte.
Como una concesión a las organizaciones de derechos humanos, la ley incluyó cambios respecto de la anterior Ley de Prevención contra el Terrorismo, de 1989. Por ejemplo, el tiempo de detención de un sospechoso será determinado ahora por la justicia y no por el gobierno.
Los cambios garantizaron el «balance justo», dijo Straw en su defensa de la nueva ley, que fue aprobada por el parlamento con el apoyo del opositor Partido Conservador.
Pero esos cambios no son suficientes para la organización Liberty, que encabeza una campaña contra la nueva legislación cuyo sitio en Internet se ubica en http://www.liberty-human- rights.org.uk/mlobby2e.html. «Las disposiciones de la ley crearán dos sistemas paralelos de justicia», sostuvo el grupo.
«Sospechosos de haber cometido actos terroristas tendrán menos derechos que otros criminales. Aquellos que tengan motivos políticos o religiosos para cometer un crimen tendrán menos derechos que una persona que ataca a otra por venganza o codicia», criticó Liberty.
La ley implica que si un ciudadano destruye cultivos de transgénicos por razones de conciencia «tendrá menos derechos que quien ataque y robe a una persona vulnerable», según Liberty.
Además, la norma establece una pena de cinco años de prisión para quienes omitan denunciar a quien contribuya a la causa del periodismo, lo cual tendría «serios efectos en investigaciones periodísticas», agregó la organización.
«Si usted, por ejemplo, hubiera sido un exiliado simpatizante de Nelson Mandela que respaldaba en público la lucha armada en Sudáfrica, habría sido considerado un terrorista», explicó.
«Si usted asiste a una reunión a la quien asistirá también el integrante de una organización proscripta, habrá cometido un delito por el que podría ser sentenciado a diez años de prisión», sostuvo.
Abogados de Liberty sostuvieron que la ley contradice la Convención Europea sobre Derechos Humanos, según la cual «cualquier acusado de un acto criminal será considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario a la luz de la ley».
Las cláusulas 55 y 56 establecen que se debe investigar a un acusado para probar su inocencia en lugar de su culpabilidad, práctica denominada «responsabilidad inversa».
La Convención condena la utilización de información y robo de documentos que puedan ser utilizados para preparar atentados terroristas, pero para la nueva ley británica basta con demostrar apoyo verbal a la lucha armada en otro país para ser considerado terrorista, criticó Liberty.
«Las leyes antiterroristas han sido la causa de los peores abusos contra los derechos humanos en este país en los últimos 25 años, pues contribuyeron a fracasos de la jusiticia y motivaron miles de detenciones de inocentes, principalmente irlandeses», afirmaron representantes del grupo.
Liberty planea lanzar una nueva campaña contra la ley antes de su entrada en vigencia, y podría trasladarla a los tribunales de justicia. Pero el gobierno está decidido a defenderla, pues la considera una herramienta vital para enfrentarse con la amenaza del terrorismo. (FIN/IPS/tra-eng/ss/mn/rp/mj/hd ip/01
