El presidente de Ecuador, Gustavo Noboa, atribuyó el atentado contra un oleoducto, que causó 15 muertes, a «ecuatorianos que quieren desestabilizar el país» y descartó de plano la participación de colombianos.
Noboa aseguró que el ataque fue cometido por personas que se oponen a la construcción de un nuevo caño petrolero y dijo que estudia declarar el estado de emergencia nacional si es necesario.
El atentado con dinamita a un oleoducto en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, provocó la muerte de 15 personas, heridas a otras 25 y alarma en la población.
Informes de prensa y de testigos señalan que se produjeron dos explosiones a 40 kilómetros de Nueva Loja, capital provincial. La principal fue a las 11,36 horas de la noche del martes, que dañó el caño, y la otra a las 7,30 de la mañana del miércoles.
Noboa afirmó el miércoles que el atentado «no tiene nada que ver con grupos colombianos» sino que es una acción de «ecuatorianos que quieren desestabilizar el país».
«Esta puede ser una medida para atemorizar (a quienes buscan) la modernización del área petrolera. No vamos a permitir que nadie se interponga en la construcción del nuevo oleoducto», agregó.
El nuevo caño será construido por un grupo de empresas transnacionales, luego de que el gobierno desechara una oferta, al parecer mejor, del cuerpo de ingenieros del Ejército.
El mandatario también criticó al Congreso por no haber aprobado un proyecto que otorga comisiones de la industria petrolera a las fuerzas armadas.
El Congreso legislativo negó el martes la concesión a las fuerzas armadas de la mitad de los beneficios de la industria petrolera, la principal del país, en forma perpetua.
«¿Qué creen los diputados? que las fuerzas armadas van a pasar mendigando lo que la seguridad, más ahora, del país, necesita», dijo.
Las declaraciones de Noboa fueron cuestionadas por legisladores opositores, organizaciones sociales y grupos humanitarios, que las recibieron como una amenaza.
Miguel Lluco, coordinador del indigenista Movimiento Pachakutik, comentó que «es demasiado casual que poco después del atentado el presidente salga a realizar estas declaraciones, cuando todavía las investigaciones no arrojaron resultados».
«Espero que no se esté buscando, o inventando, un motivo para reprimir a los movimientos sociales y políticos opositores», advirtió Lluco.
El atentado en la provincia amazónica, el segundo en ese sitio en tres días, no fue reivindicado por ningún grupo hasta ahora, pero pobladores temen que sea una comprobación de que la guerra civil de Colombia se trasladó a Ecuador.
La rotura del oleoducto provocó un derrame de 3.000 barriles de petróleo hacia una carretera de gran circulación y parte del crudo se incendió cuando pasaba por la carretera un autobús de mediana distancia con 40 pasajeros.
Habitantes de la frontera ecuatoriana ven en el atentado el reflejo de un recrudecimiento del conflicto entre guerrilleros de izquierda, fuerzas del gobierno y paramilitares derechistas de Colombia.
Pero el canciller Heinz Moeller coincidió con el presidente Noboa al descartar que el atentado se vincule con los efectos en este país del Plan Colombia, de lucha antidrogas.
Algunos pobladores de la frontera y diversos observadores atribuyen la escalada de la guerra civil a los aspectos militares del Plan Colombia, postulado por el presidente Andrés Pastrana con la intención de pacificar el país y derrotar al narcotráfico con financiamiento externo, en especial de Estados Unidos.
«Esto es lo que nos trae el Plan Colombia ese. Tuvimos suerte de no morir carbonizados, y quién nos asegura que esto no seguirá», argumentó una vecina de la zona que vive a 100 metros de donde ocurrió la explosión.
El ingeniero Luis Aguirre, superintendente de la compañía estatal Petroproducción en Nueva Loja, informó que 95 por ciento del crudo derramado se consumió en el incendio.
Aguirre también aseguró que en la mañana se iniciaron los trabajos de reparación del ducto y que las exportaciones petroleras no sufrirán retrasos porque hay existencias suficientes. El petróleo es la principal fuente de divisas de Ecuador.
Juan Manuel Fuertes, diputado por la provincia de Sucumbíos, aseguró a radio La Luna de Quito que no cree que los autores del atentado sean las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
«No tendría ningún objetivo atentar en suelo ecuatoriano cuando buscan que este país se mantenga neutral ante el conflicto», dijo el legislador, quien también dijo no creer que se trate de un acto cometido por delincuentes comunes.
«Me inclino a pensar en un grupo con estructura organizativa muy sofisticada, y por sanidad de las propias fuerzas del orden debe encontrarse los responsables enseguida», advirtió Fuertes.
Fuertes no descartó que se trate de un atentado cometido por militares ecuatorianos, en un momento que fueron cortadas las regalías petroleras a las fuerzas armadas. «Eso no se puede descartar, pero sería una acción criminal que no tendría el efecto buscado», aseguró el diputado.
Esas declaraciones fueron realizadas mientras en la frontera circulan rumores que atribuyen el atentado a paramilitares colombianos que pretenden sembrar sospechas sobre las FARC, o incluso a militares ecuatorianos con la intención de presionar por más presupuesto para las fuerzas armadas.
El parlamento se había negado en noviembre a otorgar los beneficios solicitados por el presidente Noboa, y provocó la ira de los mandos militares que rechazaron el recorte del presupuesto.
Los legisladores aceptaron otorgar a las fuerzas armadas 45 por ciento de los beneficios por venta de petróleo, frente al 50 por ciento pedido por el gobierno, y limitaron a un año el tiempo en que esa transferencia se realice.
Noboa devolvió al parlamento el proyecto de ley modificado por los diputados, duramente criticados por el ministro de Defensa, almirante Hugo Unda. El Consejo de Seguridad Nacional expresó «la necesidad de que el parlamento revea» su resolución.
El ministro Unda dijo que la eliminación de este mecanismo de financiación del gasto de defensa significaba una «bofetada» a la institución militar.
Noboa, que originalmente proponía realizar la transferencia de beneficios a perpetuidad, redujo el alcance de su pedido, para señalar un periodo de cinco años en la solicitud de revisión de la decisión parlamentaria.
Ese periodo de vigencia de cinco años es el que se ha previsto para el Plan Colombia. Noboa desea aumentar los recursos de defensa para afrontar las consecuencias de la acción militar en ese país, que ya ha determinado la huida de miles de campesinos a territorio ecuatoriano.
Sin embrago, el Congreso ratificó el martes lo aprobado en noviembre. (FIN/IPS/kl/dm/ip/00
