El plan contra el narcotráfico del gobierno de Colombia determinará el aumento de los «crímenes contra la humanidad» del ejército colombiano y de los paramilitares de derecha, advirtió al Parlamento Europeo un conjunto de organizaciones no gubernamentales.
Diecisiete grupos de derechos humanos, reunidos en la coalición Colombia – Nunca Más, presentaron esta semana al Parlamento Europeo el informe «Crímenes contra Colombia», que contiene los resultados de cinco años de investigación de la violencia en ese país.
El Plan Colombia, del gobierno de Andrés Pastrana, es una iniciativa de corte militar para combatir el tráfico de drogas y a las guerrillas, aunque también señala objetivos de desarrollo, sostienen organizaciones no gubernamentales (ONG) colombianas y de otros países latinomericanos.
El plan, que está apoyado por Estados Unidos y exige una financiación de 7.500 millones de dólares, aumentará la intensidad del conflicto armado, como ya ha ocurrido en el sudoccidental departamento de Putumayo, y tendrá fuerte impacto en países vecinos, advirieron las ONG.
El ejército, grupos paramilitares y guerrilleros combaten por el control de Putumayo, considerado por Estados Unidos la zona de mayor producción de coca del mundo.
Las ONG también temen que el Plan Colombia, que será puesto en marcha a fines de este mes, provoque una grave crisis humanitaria en áreas de Brasil, Ecuador, Panamá y Perú cercanas a la frontera colombiana.
Al respecto, ya ha aumentado en el norte de Ecuador el ingreso de refugiados colombianos que huyen de los combates en Putumayo.
En cuanto al informe presentado al Parlamento Europeo, documenta 38.000 casos de tortura, desaparición forzada y asesinato correspondientes al periodo 1966-1998 en ese país asolado por un conflicto armado cuyas raíces se remontan a 1948.
La investigación se concentró en los departamentos de Meta y Guaviare, duramente golpeados por el «terrorismo de estado», según el calificativo empleado por quienes la realizaron.
"Durante cinco años trabajamos para lograr que los crímenes contra la humanidad perpetrados en los últimos 40 años en Colombia sean recordados», dijo Iván Forero, de Nunca Más.
"Nunca Más representa la esperanza de las víctimas de que estas graves violaciones de derechos humanos en Colombia, que han sido cometidas de modo sistemático, no queden impunes», afirmó Forero.
Ha habido «incontables desapariciones, detenciones y ejecuciones extrajudiciales en los últimos 40 años», agregó.
La organización Amnistía Internacional ha advertido que el secuestro alcanzó en Colombia «proporciones epidémicas». Más de 2.000 personas son secuestradas por año y en la mitad de los casos la responsabilidad es de guerrilleros de izquierda y de paramilitares de derecha, señaló Amnistía Internacional en octubre.
Nunca Más reconoció que los guerrilleros han cometido atrocidades, pero concentró su investigación en las víctimas «de una estrategia terrorista del Estado».
Forero aseguró que no hay voluntad política para llevar a los responsables ante la justicia y de ese modo, muchos crímenes permanecen impunes. «Es imposible hacer justicia en el marco del sistema imperante en Colombia», dijo.
Las llamadas «comisiones de la verdad» tuvieron importante papel en el proceso de democratización y en la promoción de los derechos humanos en El Salvador y Guatemala, indicó Forero.
Basada en la experiencia de esos dos países, Nunca Más cree indispensable la participación de las víctimas o de sus familiares en ese proceso de normalización y que deben recibir indemnizaciones.
Pero las comisiones de la verdad de El Salvador y Guatemala no llevaron su investigación a las causas de las violaciones de derechos humanos, puntualizaron los activistas que abordaron el caso de Colombia.
"¿Cuáles son los motivos ideológicos, políticos y económicos para estos crímenes? ¿Cómo podemos interpretar los hechos?», se preguntó Forero, al solicitar ayuda financiera al Parlamento Europeo para continuar su investigación.
Los mayores obstáculos para identificar esas razones son levantados por funcionarios del gobierno colombiano.
Los dirigentes y voluntarios de Nunca Más han sido hostigados con frecuencia e incluso hubo en mayo de 1998 una «operación militar» contra la sede de la organización, afirmó Forero.
La legisladora clombiana Aída Abella, ex presidenta de la izquierdista Unión Patriótica, acusó al Estado de «genocidio político», por el asesinato de dirigentes de oposición, sindicalistas y defensores de los derechos humanos.
La mayoría de los crímenes denunciados por Abella fueron perpetrados entre 1987 y 1990, aunque ella debió exiliarse varios años después, en 1996, luego de escapar a un atentado.
La dirigente izquierdista aseguró al Parlamento Europeo que más de 4.000 integrantes de la Unión Patriótica fueron asesinados.
El gobierno de Colombia «no ha tomado las medidas necesarias para romper los estrechos vínculos entre militares y grupos paramilitares» ni para apoyar las demandas judiciales por violación de derechos humanos presentadas contra miembros de las Fuerzas Armadas, señaló la organización humanitaria Human Rights Watch.
«El resultado es el aumento de las agresiones contra defensores de derechos humanos», dijo la misma organización.
La presentación de denuncias ante el gobierno «ha hecho más dura nuestra vida», señaló al Parlamento Europeo Ariel Toscano, un agricultor del norte de Colombia que en 1985 perdió a cuatro hermanos y a otros familiares a manos de los paramilitares y que ahora vive en el exilio.
«La situación es ahora más o menos estable, pero yo tuve que abandonar Colombia y no puedo regresar. Lo único que pretendo es que se haga justicia», explicó Toscano.
La Unión Europea (UE) condenó en mayo las violaciones de derechos humanos en Colombia, aunque sin descargar la responsabilidad sobre ningún grupo específico.
Más tarde, en octubre, la UE anunció en una reunión de donantes en Bogotá que no entregará ayuda militar a Colombia y que sólo va a respaldar los proyectos de desarrollo contemplados en el plan de Pastrana para combatir el narcotráfico.
Francisco da Cámara, director de la Comisión Europea para América Latina, anunció en octubre que la UE conversará con funcionarios del gobierno de Pastrana y con ONG colombianas para «movilizar recursos» de ayuda.
La UE se comprometió a contribuir con 320 millones de dólares a programas orientados a asegurar la vigencia del estado de derecho, garantizar los derechos humanos, prevenir la violencia y asistir a las víctimas, proteger el ambiente y la diversidad biológica y fomentar la cooperación regional.
También dijo que colaborará en la financiación de la oficina en Bogotá del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Pero participantes en la audiencia del Parlamento Europeo puntualizaron que España parece dispuesta a financiar parcialmente el capítulo militar del Plan Colombia y exhortaron a los otros países miembros de la UE a no hacerlo.
El Parlamento Europeo ha programado para enero un debate sobre la ayuda de la UE al Plan Colombia. (FIN/IPS/tra-en/bk/da/ff/hd ip/00
