La aprobación en Camboya de un proyecto de ley para juzgar por genocidio a ex dirigentes del Jemer Rojo, una organización maoísta que gobernó ese país de 1975 a 1979, podría iniciar un proceso muy doloroso para los camboyanos, opinaron expertos reunidos en Washington.
Ese proceso, cuya realización piden desde hace años grupos humanitarios y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exigiría revisar la historia reciente de Camboya y el papel de figuras políticas clave, dijeron participantes en un seminario organizado por la japonesa Fundación Sasakawa por la Paz.
El proyecto de ley que propone formar un tribunal para juzgar a ex dirigentes del Jemer Rojo, redactado por camboyanos y aprobado con rapidez por la ONU, será presentado a la Asamblea Nacional (parlamento) de Camboya.
Washington medió entre el foro mundial y el gobierno del primer ministro camboyano, Hun Sen, en el proceso de redacción de la iniciativa, que propone formar el tribunal con jueces designados en su mayoría por el gobierno de Camboya, y realizar el juicio en ese país.
En el proceso actuaría un fiscal extranjero, pero las acusaciones presentadas por éste podrían ser vetadas por un fiscal camboyano.
En 1999, funcionarios de la ONU sugirieron crear en un país de Asia un tribunal internacional para juzgar los crímenes del Jemer Rojo, similar a los establecidos para la ex Yugoslavia y para Ruanda.
«El período de gobierno del Jemer Rojo es un problema político, y juzgarlo también lo es», afirmó en el seminario el príncipe Norodom Sirivudh, un medio hermano del rey de Camboya, Norodom Sihanouk.
Sirivudh, un ex funcionario del gobierno de Camboya, fue condenado en ausencia en ese país en 1996, bajo la acusación de participar en una conspiración para asesinar a Hun Sen.
«Algunos piensan que es posible lograr justicia desde el punto de vista político mediante un rápido juicio al Jemer Rojo, pero yo pienso que ese juicio sería una farsa», indicó el príncipe.
Camboya «aún está lejos de saber la verdad» acerca de lo que ocurrió en los años 70, y la profundidad de las heridas del país exige preguntarse si «el pueblo camboyano está preparado para abrir la caja de Pandora», subrayó.
Los críticos piensan que el gobierno de Hun Sen actúa con deliberada lentiitud y cautela en la cuestión del juicio.
También dudan de que un tribunal como el propuesto sea capaz de actuar con independencia, de que exista voluntad de juzgar a los principales dirigentes del Jemer Rojo, y de la credibilidad en este asunto del primer ministro, cuyo gobierno incluye a varios ex integrantes del grupo maoísta.
El Jemer Rojo, liderado por Pol Pot, depuso en abril de 1975 al corrupto gobierno camboyano de Lon Nol, que era apoyado por Estados Unidos en el contexto de su guerra con el vecino Vietnam.
Pol Pot declaró su intención de construir una sociedad sin clases sociales, y en nombre de ese objetivo impuso el reasentamiento forzoso en el campo de la población urbana y abolió la moneda nacional.
El régimen de Pol Pot fue depuesto en enero de 1979 por insurgentes camboyanos con apoyo de Vietnam, y se afirma que su plan de ingeniería social implicó en menos de cuatro años la muerte de dos millones de personas, ejecutadas o muertas a causa de hambre y enfermedades.
Luego de la caída de ese régimen, el Jemer Rojo volvió a actuar como fuerza insurgente, pero en la actualidad sus principales dirigentes ya han fallecido o están presos, y muchos de quienes lo integraban son funcionarios administrativos o militares del gobierno.
Tras la muerte de Pol Pot en 1998, se ha planteado en varias ocasiones la posibilidad de un juicio a los responsables del gobierno del Jemer Rojo por genocidio y crímenes contra la humanidad, pero tal proceso nunca comenzó.
El director ejecutivo del Instituto Camboyano pra la Cooperación y la Paz, Kao Kim Hourn, sostuvo en el seminario que la revisión del pasado es difícil, pero necesaria para que se cumplan las actuales aspiraciones populares de dejar atrás décadas de guerra y conflictos internos.
Hasta ahora, los lentos avances hacia un juicio a ex dirigentes del Jemer Rojo han aumentado la división del país, que trata con esfuerzo de establecer una democracia creíble.
Durante las dos últimas décadas, los ex integrantes del Jemer Rojo se han «integrado» en gran medida a la sociedad camboyana, incluyendo a las Fuerzas Armadas, afirmó Sirivudh.
El príncipe apuntó que algunos pueden pensar que tal proceso implica una reconciliación nacional sobre bases de realismo, pero que es necesario preguntarse qué sugiere esa integración acerca de la naturaleza del actual gobierno camboyano, y de sus auténticas intenciones de iniciar un juicio.
«¿Hasta qué punto está escondido el Jemer Rojo» en las actuales organizaciones políticas y militares de Camboya?, preguntó.
La decisión de iniciar un juicio está entrelazada con una compleja gama de cuestiones, que involucran entre otras cosas la seguridad, la estabilidad y la economía camboyanas, añadió.
Hourn señaló que el juicio sería en cualquier hipótesis un proceso lento y afectaría en forma importante tanto la inversión extranjera en Camboya como el turismo hacia ese país, que es una de las mayores fuentes de ingreso de divisas en la actualidad.
Debe considerarse el potencial impacto que tendría el proceso en el pueblo camboyano, al hacerlo revivir los años del genocidio, y ese «costo emocional no puede ser calculado en dólares», enfatizó.
«Un juicio plantearía todo tipo de cuestiones que pueden aumentar la división de una sociedad ya fracturada, si no se las maneja en forma adecuada», opinó.
Además, el proceso sería incómodo para otros países, ya que en él se expondría que China apoyó al Jemer Rojo durante su gobierno, y Estados Unidos lo hizo tras la caída del régimen de Pol Pot, junto con países del sudeste asiático, para combatir la influencia regional de Vietnam en el marco de la Guerra Fría.
Sin embargo, un juicio a ex dirigentes del Jemer Rojo sería también una oportunidad para que el gobierno camboyano gane la confianza de su pueblo y de la comunidad internacional, aseguró.
El pueblo camboyano «debe construir la voluntad política» necesaria para que el juicio se lleve a cabo, arguyó.
«Debemos presionar a nuestros gobernantes para que afronten esta cuestión. No es posible esperar más, porque quizá dentro de 10 años ya no haya una oportunidad de construir esa voluntad política, ni de contra con un Poder Judicial independiente y competente», explicó.
Una de las alternativas propuestas para juzgar a ex dirigentes del Jemer Rojo es crear un «tribunal mixto», en el cual experimentados jueces extranjeros aseseroren a sus pares camboyanos mientras dura el proceso.
Hourn afirmó que muchos camboyanos que han adquirido experiencia fuera de su país estarían dispuestos a cooperar para que el juicio se lleve a cabo en forma adecuada, pero en la actualidad «tienen las manos atadas porque no se les ofrecen oportunidades».
«Nada podrá detener el proceso si se abre la puerta para que esas personas participen», subrayó.
Es necesario saber cuál es la auténtica voluntad en este asunto de los camboyanos, señaló en el seminario Frederick Brown, del Programa de Esttudios sobre el Sudeste Asiático de la Escuela Paul H. Nitze de Estudios Internacionales Avanzados.
Quizá los habitantes del país, cansados de la dura experiencia de conflictos en las últimas décadas, no estén dispuestos reemplazar «cierto grado de prosperidad y seguridad actuales por la posibilidad de desestabilización que implicaría un juicio prolongado y creador de divisiones internas», comentó. (FIN/IPS/tra-eng/ww-js/js/mp/ip hd/00
