El procesamiento y orden de arresto dictados en Chile contra Augusto Pinochet es un paso hacia la justicia, pero no existen aún garantías de que el proceso siga hasta el final, dijo a IPS el jurista Joan Garcés, director del equipo que acusó al ex dictador en España.
El juez Juan Guzmán procesó el viernes en Santiago a Pinochet como responsable del secuestro calificado de 19 presos políticos, cometido poco después de haber encabezado el cruento golpe de estado contra el presidente constitucional chileno Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.
Garcés, nacido en España, fue uno de los principales asesores de Allende y permaneció a su lado en el Palacio de La Moneda (sede del gobierno chileno) hasta pocos momentos antes de su muerte, el mismo día del golpe de Estado.
Al regresar a España en 1975, Garcés creó la Fundación Salvador Allende y organizó acciones de solidaridad con los exiliados. En 1996, el equipo de abogados que dirige presentó la acusación contra Pinochet que derivó en su arresto en Londres dos años más tarde.
El procesamiento y la orden de arresto contra Pinochet responden al secuestro calificado de 19 personas en 1973, en el operativo conocido como «caravana de la muerte», una misión militar especial ordenada por el ex dictador.
La misión fue dirigida por el general Sergio Arellano Stark, también procesado junto con otros cuatro militares, para «agilizar los procesos» contra prisioneros políticos juzgados por consejos de guerra en varias ciudades de Chile.
En un recorrido de menos de un mes, la misión terminó con la ejecución sumaria de 79 presos políticos, muchos de los cuales habían sido sentenciados originalmente a penas menores. En 19 de esos casos los cuerpos de las víctimas no han sido encontrados.
Al no aparecer sus restos, el juez estableció la denominada «doctrina Guzmán», según la cual la desaparición de opositores constituye secuestro calificado, un delito de carácter permanente pues se sigue cometiendo mientras no aparezcan sus víctimas o sus restos.
Por esa razón, no corresponde aplicar la ley de amnistía dictada por el propio régimen de Pinochet en 1978 ni considerar prescriptos los crímenes.
Los procesos iniciados en varios países de Europa, así como el arresto de Pinochet en Londres, el 16 de octubre de 1998, hicieron crecer la conciencia universal de que el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad no reconoce fronteras, subrayó Garcés.
Además, los juicios europeos dieron respaldo a los magistrados chilenos para someter a juicio los crímenes cometidos por Pinochet. Garcés afirmó que el procesamiento de Pinochet en Chile fue posible gracias a los juicios iniciados desde 1996 en Argentina, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia y Suiza.
Esos procedimientos animaron a la justicia chilena a procesar y ordenar el arresto «del peor criminal de la historia de Chile», dijo.
Garcés puntualizó que Pinochet ordenó a sus subordinados que «en todas las unidades (militares) del país se procediera a detener a los líderes» opositores, «aplicando sistemáticamente la tortura a todas las personas detenidas, cualquiera fuera su rango, condición, edad o sexo».
Citando a un libro publicado bajo la firma de Pinochet, Garcés agregó que esas órdenes fueron cursadas en sobres cerrados. El dictador ordenó, en la mañana del día del golpe, la apertura de esos sobres para que sus subordinados sólo las conocieran entonces.
El procesamiento del ex dictador en Chile es otro gran paso adelante, «pero desgraciadamente la decisión» de este viernes «no ofrece todas las garantías de que el caso Pinochet siga hasta el final», porque, explicó, el ex dictador será sometido a nuevos exámenes médicos.
Esos exámenes deben ser realizados con imparcialidad y participación de expertos designados por la defensa y la acusación porque existe posibilidad de irregularidades, como las registradas cuando Pinochet estaba preso en Londres sometido a juicio de extradición, sostuvo Garcés.
El gobierno británico interrumpió el proceso y mandó de regreso al dictador a Chile por razones humanitarias, sobre la base de exámenes médicos irregulares, agregó el abogado.
Este viernes fue, dijo Garcés, un gran día en los esfuerzos para que se haga justicia, pero se necesita hacer mucho todavía en esa dirección. (FIN/IPS/td/mj/ip hd/00
