El ex dictador de Chile Augusto Pinochet fue sometido el viernes a proceso como autor del secuestro calificado de 19 presos políticos en 1973, según decisión del juez Juan Guzmán, quien ordenó también el arresto domiciliario del general retirado de 85 años.
La noticia causó sorpresa e impacto incluso en el gobierno, ya que Guzmán, contrariamente a lo que se esperaba, tomó la resolución antes de que se le practicaran exámenes médicos ordenados por el mismo juez a Pinochet, para determinar su estado de salud física y mental.
El presidente Ricardo Lagos, quien se encuentra en México en los actos de investidura de su par Vicente Fox, fue informado telefónicamente del hecho por el ministro del Interior, José Miguel Insulza, que encabeza el Poder Ejecutivo en su ausencia.
En declaraciones desde la capital mexicana, Lagos expresó el respeto del gobierno a la determinación de los tribunales, los cuales dijo, son los encargados de resolver ahora las instancias judiciales a seguir.
El presidente chileno señaló que la independencia de la justicia es una muestra del fortalecimiento del sistema democrático.
«Toda decisión judicial puede despertar inquietudes, pero deberíamos inquietarnos todavía más si las instituciones no funcionaran», agregó Lagos en respuesta a una pregunta sobre el efecto de la resolución en las fuerzas armadas.
Pinochet, quien encabezó una férrea dictadura de extrema derecha entre 1973 y 1990, había sido despojado de sus fueros como senador vitalicio en agosto por la Corte Suprema de Justicia, que abrió así la vía para la decisión adoptada este viernes por el magistrado.
Guzmán, quien tiene su cargo 188 querellas criminales contra el ex dictador, pidió su desafuero en marzo, luego de someter a proceso al general retirado Sergio Arellano Stark y sus lugartenientes de la llamada «caravana de la muerte».
La «caravana» fue una misión militar especial designada por Pinochet tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, para que «agilizara los procesos» contra prisioneros políticos juzgados por consejos de guerra en varias ciudades de Chile.
La misión ejecutó a 79 presos tanto en el norte como en el sur de Chile, muchos de los cuales habían sido sentenciados originalmente a penas menores, pero en 19 de esos casos los cuerpos de las víctimas no han sido encontrados.
Bajo este antecedente, Guzmán estableció la figura delictiva del secuestro calificado, no cubierto por la ley de amnistía de 1978, para procesar a Arellano Stark y otros cinco militares de la «caravana de la muerte» y luego ampliar los cargos contra Pinochet.
El auto de procesamiento y arresto domiciliario emitido este viernes por el magistrado indica que en el avance de la investigación surgieron nuevos antecedentes sólidos para configurar la responsabilidad directa de Pinochet en los 19 secuestros.
El abogado José Galeano, uno de los querellantes en el caso «caravana de la muerte», señaló que la orden del juez sindica a Pinochet como coautor de la muerte o desaparición de 77 de las víctimas de la «caravana» y contempla su supuesta responsabilidad en los otros dos casos.
El ministro de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Huepe, llamó a la ciudadanía y a todas las instituciones a mantener la calma y a «tener confianza en la justicia».
«Habrá gente a la que no le guste esta decisión del juez Guzmán, pero todas las instituciones del Estado en un régimen democrático tienen que resguardar que las otras instituciones trabajen sin interferencia», indicó el ministro.
Hasta las 20.30 horas GMT de este viernes, el ejército mantenía silencio sobre el enjuiciamiento de su ex comandante en jefe (1973- 1998), mientras los partidos de la oposición derechista se abstenían también de emitir una reacción oficial a la espera de «mayores antecedentes».
El equipo de abogados del desaforado senador vitalicio se reunió de manera urgente para determinar la estrategia judicial a seguir ante la resolución del magistrado, que puso en duda su confianza en que Pinochet sería declarado inimputable luego de los exámenes médicos.
La orden del juez Guzmán relega a un segundo plano el proceso de extradición del ex dictador a Argentina, donde se le reclama como supuesto mandante del asesinato del ex comandante en jefe del ejército de Chile, general Carlos Prats, y su esposa Sofía Cuthbert.
Prats y Cuthbert murieron en un atentado terrorista con explosivos en Buenos Aires en septiembre de 1974.
Entre las reacciones de satisfacción manifestadas en el exterior por la resolución de Guzmán estuvo la del juez español Baltasar Garzón, quien obtuvo el 16 de octubre de 1998 el arresto en Londres de Pinochet, quien permaneció 503 días bajo arresto en Gran Bretaña antes de regresar a Chile en marzo de este año. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/00
