Alrededor de 20 por ciento de las empleadas domésticas de Chile sufren maltratos a manos de sus patronos, aseguró Isabel Muñoz, presidenta del sindicato que reúne a estas trabajadoras.
La denuncia se produjo el lunes pasado, dos días después de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) celebrara el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular (Anecap), señaló al diario La Tercera que los casos más frecuentes de violencia consisten en golpes, insultos, deficientes condiciones de sus dormitorios, acoso sexual e incumplimiento de leyes laborales.
La Anecap tiene documentadas denuncias de unas 3.000 empleadas, cifra que corresponde a 20 por ciento de las 15.000 existentes en Chile, según registros estadísticos, aunque el número debe duplicarse si se considera a las que trabajan sin contrato.
En Santiago se producen de dos a tres denuncias diarias de violencia y otras formas de maltrato de los patronos contra las empleadas domésticas, indicó la presidenta de Anecap, quien dijo que hace cinco años el problema era mayor, pues afectaba a 40 por ciento de las trabajadoras de casas particulares.
La Dirección del Trabajo, dependiente del Ministerio del mismo nombre, considera que el problema es mayor, ya que muchas empleadas domésticas no hacen denuncias por temor a perder su empleo y no volver a ser contratadas.
Las asociaciones de empleadas domésticas realizaron un congreso nacional en agosto, en el cual participaron también delegadas de Perú, Bolivia y Ecuador.
En esa reunión se estableció que el maltrato a las empleadas domésticas es un fenómeno recurrente en América Latina, que en muchos casos ocurre porque las propias mujeres no tienen conocimiento de sus derechos.
Pero aun en aquellos casos en que las trabajadoras están protegidas por la ley se producen atropellos por parte de los patrones.
Muñoz relató que una funcionaria de la Dirección Provincial del Trabajo de Concepción, 515 kilómetros al sur de Santiago, fue golpeada por un ciudadano español el 9 de este mes, cuando concurrió hasta su hogar para notificarlo de que debía reintegrar a la empleada doméstica que había despedido arbitrariamente.
La empleada estaba embarazada y contaba por lo tanto con el fuero maternal, un sistema de protección laboral que con frecuencia es violado por los empleadores.
El Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) señaló que en la mayor parte de la región no están sancionados penalmente los atropellos a los derechos reproductivos de las mujeres.
Entre estos atropellos, además del acoso sexual en el trabajo, se incluyen exigencias de los empleadores de certificaciones de esterilización o de uso de métodos anticonceptivos, así como pruebas de embarazo como requisito para una contratación.
El Cladem es una organización regional no gubernamental que reúne a personas y grupos que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres desde la perspectiva jurídico-social.
En su mensaje con oportunidad del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, destacó que la mayoría de los estados han promulgado leyes que prohiben el maltrato contra la población femenina, tanto en el hogar como en los centros de trabajo.
El Cladem considera, sin embargo, que en América Latina las medidas y acciones adoptadas en relación a la violencia contra las mujeres no han incidido sobre las políticas generales.
Las acciones son de corta duración y los planes para combatir la violencia contra las mujeres han estado supeditados a recursos inciertos y son vulnerables a los cambios de gobierno, señaló la organización regional.
En los últimos años se han multiplicado las denuncias de casos de violencia contra mujeres, lo cual testimonia la visibilidad que adquiere este fenómeno, pero no hay datos estadísticos que certifiquen la obtención de justicia como respuesta sistemática de los Estados, según el Cladem.
En algunos países aún se aplica como atenuante la «defensa del honor» en caso de asesinatos de mujeres por sus cónyuges. Del mismo modo, en varios Estados se carece aún de legislación especial para combatir la violencia contra las mujeres en el hogar y en las relaciones de parejas.
«Las leyes sobre violencia doméstica o intrafamiliar (en la región) no contemplan la sanción a los agresores, estimulan las conciliaciones y no garantizan la seguridad personal, la restitución de derechos, la reparación por los daños y la rehabilitación de afectadas por violencia de genero», señaló la organización regional. (FIN/IPS/ggr/mj/lb hd/00
