La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) elogió en esta ciudad la decisión de un juez chileno de detener y juzgar al ex dictador Augusto Pinochet.
El juez Juan Guzmán procesó a Pinochet el viernes por el secuestro de 19 presos políticos en 1973, al comienzo de su dictadura, pidió que sea mantenido bajo arresto domiciliario y le ordenó presentarse a juicio.
«Este arresto es una gran victoria para las miles de víctimas de Pinochet», declaró José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW para América.
«Brinda crédito a la democracia chilena y a su sistema jurídico. El juez Guzmán realizó una investigación muy cuidadosa y profunda», agregó.
HRW señaló que la orden judicial de este viernes no habría sido posible si los tribunales británicos no hubieran decidido que Pinochet no era inmune ante la justicia.
El caso en Chile contra el ex dictador cobró impulso después de que las autoridades británicas lo mantuvieran detenido durante 17 meses en Londres, mientras cuatro países solicitaban su extradición.
Pinochet fue puesto en libertad en marzo de este año por razones médicas, pero volvió a un país distinto del que había partido. Luego de años en que la justicia brilló por su ausencia, los tribunales chilenos en 1999 procesaron a varios generales y oficiales de rango inferior por violar los derechos humanos.
En julio de este año condenaron a cadena perpetua por asesinato a un ex agente de la policía secreta. En agosto, la Corte Suprema de Chile rechazó la apelación de Pinochet presentada contra un tribunal inferior que lo había despojado de su inmunidad parlamentaria.
Argentina solicitó la extradición de Pinochet por sospechar su participación en el asesinato en 1974 del ex jefe del ejército chileno Carlos Prats, opuesto al golpe de Estado y que estaba exiliado en Buenos Aires. En el atentado también murió la esposa de Prats, Sofía Cuthbert.
Guzmán ordenó que Pinochet sea sometido a exámenes médicos y neurológicos para determinar si está en condiciones para ser juzgado.
El juez, que tiene su cargo 188 querellas criminales contra el ex dictador, pidió su desafuero en marzo, luego de someter a proceso al general retirado Sergio Arellano Stark y sus lugartenientes en la llamada «caravana de la muerte».
La «caravana» fue una misión militar especial designada por Pinochet tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, para que «agilizara los procesos» contra prisioneros políticos juzgados por consejos de guerra en varias ciudades de Chile.
La misión ejecutó a 79 presos tanto en el norte como en el sur de Chile, muchos de los cuales habían sido sentenciados originalmente a penas menores, pero no han sido hallados 19 cadáveres.
Con ese antecedente, Guzmán estableció la figura delictiva del secuestro calificado, no cubierto por la ley de amnistía de 1978, para procesar a Arellano Stark y otros cinco militares de la «caravana de la muerte» y luego ampliar los cargos contra Pinochet. (FIN/IPS/ap/hd/00
