La justicia de Argentina ordenó el regreso a la cárcel del ex comandante de la última dictadura Emilio Massera, quien había violado el arresto domiciliario que se le impuso tras su procesamiento por el secuestro de 11 niños.
Massera había sido condenado a reclusión perpetua en 1985 por gravísimas violaciones de derechos humanos y cuatro años después obtuvo el indulto presidencial. Pero en 1998 volvió a ser detenido por una nueva causa, ahora por el delito de secuestro de menores nacidos en cautiverio.
El ex comandante de la marina de guerra fue sorprendido por un fotógrafo violando su arresto domiciliario, al igual que en 1989, cuando una fotografía en un periódico reveló que salía en automóvil de la prisión militar en la localidad de Magdalena para pasear por el centro de Buenos Aires.
Así, antes aun de escuchar su descargo, la jueza federal María Servini revocó este viernes el beneficio de arresto domiciliario al que pueden acogerse los mayores de 70 años, por considerar que Massera violó el compromiso de permanecer en su residencia, un predio de 9.000 metros cuadrados con piscina y cancha de tenis.
De inmediato, el defensor del ex dictador, Miguel Angel Arce, presentó un recurso de nulidad con el argumento de que no se permitió a su cliente hacer su descargo.
La jueza ordenó el traslado de Massera el viernes a una prisión dependiente de la guarnición militar de Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires.
Arce explicó que su cliente negó haberle pedido al cronista y al reportero que no le tomaran fotografías para evitarle un daño. Massera aseguró a su abogado que salió hasta la entrada a la residencia para ver si venía su médico personal, al que había llamado por una taquicardia.
Pero las imágenes publicadas muestran a un Massera saludable caminando por la calle y levantando la mano para evitar que le tomaran fotografías.
«Esto me hace muy mal, ¿sabe el daño que me va a causar? Por favor, déjeme», había suplicado el ex represor al periodista, que se presentó acompañado por un reportero gráfico.
Legisladores y organizaciones de derechos humanos manifestaron el jueves su malestar y rechazo por el comportamiento del reo, que no solo goza del beneficio de estar detenido en su confortable residencia sino que, como quedó en evidencia, sale de allí cuando quiere, y no tiene ninguna custodia.
El abogado de Massera explicó que, en efecto, la ley que permite a los reos acogerse al arresto domiciliario no exige custodia policial.
El caso fue revelado por el semanario Veintitrés, que publicó fotografías de Massera saliendo de su residencia y caminando por una calle arbolada de los alrededores. La publicación causó de inmediato indignación en las organizaciones de derechos humanos, que ya sospechaban del incumplimiento del arresto domiciliario.
Incluso el viernes, la organización Abuelas de Plaza de Mayo, cuyo cometido es recuperar a los menores secuestrados en aquel periodo, reclamaron a la justicia que envíe a Massera y a otros siete militares procesados a una cárcel común y no a una prisión militar.
La causa por el secuestro de menores fue iniciada en 1996 por Abuelas. Según argumentó la organización ante la justicia, existió un plan sistemático de secuestro de hijos de presos políticos, falsificación de documentos para cambiarles la identidad y apropiación ilegal.
Estos delitos no habían sido juzgados en los años 80 porque aún no había entonces pruebas suficientes de un plan sistemático, por lo que el indulto no abarcó estos crímenes.
Así, Abuelas de Plaza de Mayo logró que los ex comandantes, que habían quedado en libertad, volvieran a ser detenidos, aunque sea en sus domicilios.
Hasta el momento, los detenidos son nueve. Siete gozan de arresto domiciliario por ser mayores de 70 años, entre ellos Massera.
Las Abuelas expresaron el viernes su sospecha de que también el ex jefe del Ejército y ex presidente Jorge Videla abandona su apartamento con la complicidad de un custodio que permanece en el edificio.
Massera fue detenido en 1998 acusado de responsabilidad en el secuestro de 11 niños nacidos durante el cautiverio de sus padres en los años 70. Tras un breve periodo en prisión fue hospitalizado, y 11 días después consiguió el beneficio del arresto domiciliario.
El ex represor decidió entonces trasladarse de su apartamento en la ciudad de Buenos Aires a una residencia en el Talar de Pacheco, una localidad de los alrededores de la capital argentina, donde, se denunció, recibía de visita a militares y desde donde solía salir a caminar todas las mañanas.
Un equipo del semanario Veintitrés obtuvo la prueba de la violación del arresto domiciliario, tras montar guardia alertado por HIJOS, organización que nuclea a hijos de desaparecidos durante la dictadura (1976-1983), muchos de ellos secuestrados por el régimen y restituidos en los últimos años.
«Es inmoral que los asesinos estén probados pero sueltos. Exigimos cárcel perpetua y efectiva para todos y cada uno de los genocidas y sus cómplices», reza un comunicado de HIJOS.
Los hijos de desaparecidos se nuclearon hace pocos años. En cambio, las Abuelas de Plaza de Mayo buscan desde 1977 a los casi 500 menores secuestrados o nacidos en cautiverio y luego desaparecidos. Ya lograron encontrar y, en la mayoría de los casos, restituir a sus familias biológicas a más de 60 jóvenes.
Entre los jóvenes encontrados, muchos fueron apropiados por policías o militares hoy en prisión, pero también adoptados de buena fe por familias. (FIN/IPS/mv/mj/hd/00
