Organizaciones de derechos humanos confían en que el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, supere las presiones del Pentágono y firme el tratado para la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI) antes de este domingo, fecha límite para hacerlo.
«Todavía no lo decidí. Tengo un par de días, y estoy por recibir un memorándum al respecto. Lo discutiré entonces con mi equipo», dijo Clinton este jueves, cuando la prensa le preguntó si firmaría ese mismo día.
El Departamento de Estado, partidario de la incorporación al tratado, que surgió de una conferencia internacional realizada en 1998 en Roma, se enfrenta con el Pentágono (Departamento de Defensa), que pretende excluir a los militares estadounidenses de la jurisdicción del TPI.
Clinton, que llegó a la Presidencia en 1993 y la abandonará el próximo 20 de enero, siempre ha tenido una difícil relación con las Fuerzas Armadas.
Puesto en aprietos por haber eludido en su juventud el alistamiento para la guerra de Vietnam, Clinton ha admitido varias demandas de los militares, como la negativa a apoyar el tratado internacional de prohibición de las minas antipersonales y a pedir perdón por una masacre de refugiados en la guerra de Corea.
Así mismo, el opositor Partido Republicano criticó al gobernante Partido Demócrata al trascender que el comando electoral del vicepresidente Al Gore pretendía la anulación de votos en ausencia de soldados y marinos que no llenaban requisitos señalados por la legislación de Florida.
Se trata del estado del sur que resolvió las elecciones presidenciales a favor del republicano George W. Bush.
Las críticas fueron tan intensas que el ejército y la marina se vieron obligados a recordar públicamente que la ley prohibe al personal militar en actividad manifestarse sobre asuntos políticos.
Algunos funcionarios advirtieron que la brecha entre los demócratas y los mandos militares aumentará en el caso de que Clinton firme el tratado para la instalación del TPI.
Pero el apoyo público a ese instrumento parece haber aumentado en el ocaso de la administración de Clinton, a juzgar por la cantidad y la difusión de diarios que se han pronunciado a favor.
Entre esos periódicos se cuenta no sólo The New York Times, que siempre ha apoyado al TPI, sino también algunas grandes publicaciones regionales, como St.Louis Post-Dispatch, Milwaukee Journal Sentinel y San Francisco Chronicle.
La adhesión al tratado concretada a último momento por otros países, e incluso por algunos que se habían abstenido u opuesto al acuerdo en la conferencia de Roma, también contribuye a crear un clima favorable en círculos del gobierno estadounidense.
Richard Dicker, de la organización Human Rights Watch, cree que el domingo, cuando venza el plazo para la firma de los jefes de Estado, la adhesión al tratado aumentará de los 123 países contados hasta el miércoles a 135, quince más de los que lo votaron.
Versiones no confirmadas anuncian que incluso Irán e Israel consideran firmar el documento este fin de semana. La eventual decisión de Israel puede ser un duro golpe para quienes se resisten en Washington a aceptar el TPI.
En efecto, los opositores al tratado en el Senado, alineados detrás del republicano Jesse Helms, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, han insistido en señalar la actitud contraria de Israel al TPI para exigir idéntica posición a Clinton.
"Si Israel firmara, Estados Unidos quedaría aún más expuesto», observó Dicker, explicando que el ejército israelí ha sido responsabilizado de crímenes de guerra.
El tratado contempla la creación de un tribunal de justicia independiente y permanente para investigar y procesar a individuos acusados de violación grave del derecho internacional. Los delitos a juzgarse son los crímenes de guerra y contra la humanidad, y el genocidio.
Pero el TPI sólo intervendrá en caso de inhibición u omisión de los tribunales de jurisdicción nacional.
Estados Unidos contribuyó después de la segunda guerra mundial a la instalación del tribunal penal internacional más importante entre los conocidos hasta ahora, el que juzgó y condenó por crímenes de guerra a los líderes nazis en la ciudad alemana de Nüremberg.
Así mismo, la administración de Clinton respaldó los tribunales internacionales para Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, e Iraq.
Pero, presionado por el Pentágono, no ha apoyado ahora la creación del TPI como corte permanente. Washington sólo se uniría a la corriente favorable al TPI si obtuviera la garantía formal de que los ciudadanos y los militares estadounidenses no serán alcanzados por la jurisdicción de ese tribunal, afirmaron altos funcionarios.
El Pentágono teme que, dado el alcance universal del poder de Estados Unidos, algunos países se sientan tentados por motivos políticos a denunciar a soldados estadounidenses ante el TPI.
Esa posición es compartida por legisladores derechistas, como Helms, quien afirma que la simple creación de un tribunal de jurisdicción internacional afecta la soberanía de Estados Unidos.
Helms y los otros dirigentes republicanos han propuesto proyectos de ley para suspender la ayuda e incluso imponer sanciones a países que ratifiquen el tratado.
Después de la firma debe proceder la ratificación legislativa del tratado, un paso que ya han dado 25 naciones, entre las que se cuenta Alemania, aliada de Estados Unidos.
De modo que, aún si Clinton firmara el instrumento antes del plazo del 31 de este mes, Estados Unidos no se uniría a la creación del TPI hasta que el Senado lo ratificara. Y esa eventualidad no parece posible en los próximos cuatro años, dada la oposición de los dirigentes republicanos y del presidente electo Bush.
No obstante, la adhesión de Clinton aseguraría la participación de Estados Unidos en las negociaciones para la implementación del tribunal internacional.
Así mismo, su firma sería un gesto simbólico que, según The New York Times, estimularía a otros países a ratificar el tratado y contribuiría a mantener «el liderazgo global de Estados Unidos en materia de derechos humanos» y en relación con los esfuerzos «por llevar a los criminales internacionales ante la justicia».
El TPI podrá establecerse una vez que tenga la ratificación de 60 países, y ese objetivo se lograría en 2002, según calculan quienes lo apoyan. (FIN/IPS/tra-en/jl/ff/ip hd/00
