Los proyectos financiados por agencias de créditos para exportación en los países en desarrollo dañan el ambiente y los derechos humanos, afirmó Defensa Ambiental en la víspera de la reunión del Grupo de los Ocho (G-8) que comenzó hoy en París.
La organización ambientalista estadounidense detalló en tres estudios publicados simultáneamente el miércoles el impacto social y ambiental de los proyectos privados financiados por esas agencias de países industrializados en América Latina, Africa e Indonesia.
El G-8 (integrado por los siete países más industrializados del mundo y Rusia) está reunido para negociar pautas comunes para las agencias de créditos y seguros para exportación.
En 1999, el G-8 anunció que para el 2001 desarrollaría normas comunes para esas instituciones que ofrecen préstamos, garantías y seguros a las empresas de sus respectivos países que desean hacer negocios en naciones en desarrollo.
Grupos ambientalistas que siguen de cerca el proceso afirman que esas agencias han sido muy lentas en el desarrollo de pautas ambientales y derechos humanos.
«La falta de normas mínimas pueden convertir grandes proyectos de infraestructura en países en desarrollo en bombas de tiempo ecológicas y sociales», advirtió Korinna Horta, economista de Defensa Ambiental, antes conocida como Fondo de Defensa Ambiental.
En América Latina, las agencias de créditos para exportación ejercieron un papel significativo en Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela.
El valor de los proyectos financiados por esas instituciones en esos países latinoamericanos aumentaron de 180 a 8.000 millones de dólares entre 1994 y 1997, y a 15.300 millones en 1998, según el informe sobre América Latina.
En 1997, el Export-Import Bank de Japón otorgó unos 64 millones de dólares para la construcción de la planta procesadora de gas natural de Urucú, en la selva amazónica de Brasil.
El proyecto tiende a aumentar la producción de petróleo y gas de la compañía estatal Petrobrás en el yacimiento de Urucú, una densa área de bosques tropicales en la cuenca del río Amazonas.
Grupos ambientalistas criticaron la construcción de nuevos caminos asociados con el proyecto.
«Ningún otro factor contribuye más a la desforestación, la migración descontrolada y la invasión de áreas protegidas en la Amazonia que la construcción de nuevos caminos», destaca el informe.
En Africa, los proyectos financiados por las agencias de créditos para exportación también están plagados de problemas ambientales, corrupción y conflicto social.
Cerca de la mitad de los proyectos financiados por esas instituciones en Africa están relacionados con la explotación y el desarrollo de yacimientos de petróleo, pero también financian represas hidroeléctricas, fábricas de acero y otras plantas de procesamiento.
En Africa occidental, agencias de Suiza y Alemania ofrecieron garantías de riesgo para las represas de Manantali y Diama. El proyecto hidroeléctrico fue promovido por los gobiernos de Malí, Mauritania y Senegal para fines de irrigación, generación de energía y navegación del río Senegal.
De acuerdo con Defensa Ambiental, el proyecto dañó la ecología, la producción agrícola, los bancos de pesca, la salud pública y la estabilidad política en la región.
«Los embalses de Manantali y Diama infestaron los valles del Bafing y el Senegal con enfermedades transmisibles por el agua». dice el informe.
Además, en Mauritania fueron abrogados los derechos sobre la tierra de los agricultores negros que vivieron en la ribera del río por generaciones, y como resultado «muchos agricultores senegaleses fueron asesinados por mauritanios en 1989, lo que desencadenó un grave conflicto étnico en Senegal».
En Indonesia, las agencias de créditos para exportación invirtieron miles de millones de dólares durante los años 80 en «megaproyectos plagados por la corrupción» de la familia del ex dictador Alí Suharto, según el grupo ambientalista.
«Los gobiernos de los países industrializados han pedido normas comunes para detener esa inversión irresponsable de dinero público, y en respuesta las agencias se han demorado lo más posible», criticó Stephanie Fried, una científica de Defensa Ambiental que se concentra en Indonesia.
Los tres informes de Defensa Ambiental forman parte de una campaña internacional de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos para reformar las instituciones de créditos y seguros para exportación.
Las agencias de créditos para exportación son actualmente las mayores instituciones financieras públicas internacionales, y en conjunto superan en tamaño al Grupo Banco Mundial.
Sin embargo, a diferencia del Banco Mundial, la mayoría de esas instituciones no tienen normas sociales ni ambientales.
«Esas agencias utilizan los fondos de los contribuyentes para financiar proyectos como la represa de Tres Gargantas en China, que otras instituciones, incluso el Banco, no financiarían debido a los riesgos sociales y ambientales», dijo Horta.
El Export-Import Bank y la Corporación de Inversión Privada en el Exterior de Estados Unidos son dos de las escasas agencias de créditos para exportación que poseen pautas ambientales.
Estados Unidos exhortó a otros países a acordar normas comunes para que esas instituciones financieras no terminen por estimular la ausencia o el debilitamiento de las normas ambientales y de derechos humanos. (FIN/IPS/tra-en/dk/da/mlm/en-hd/00
