Organizaciones ambientalista pidieron hoy al gobierno de Ecuador que promueva ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) la declaración de las Islas Galápagos como Patrimonio Mundial y actúe en favor de su conservación.
La presión de pescadores y diputados, que exigen una mayor explotación de los recursos de las islas, y la ley de privatizaciones que permite la venta de playas y bahías, lo que podría comprometer el futuro de Galápagos, ha sido motivo de preocupación.
Los ambientalistas vienen denunciando el descuido en la conservación de la Reserva Marina por parte de las autoridades, pero la situación alcanzó un nivel crítico en los últimos 10 días.
La organización Acción Ecológica exigieron al Tribunal Constitucional que declare inconstitucionales los artículos de la ley de privatizaciones que permiten la venta de playas y bahías.
«Esos artículos permiten la venta de zonas de manglar en la costa e inclusive de Galápagos, poniendo en peligro su conservación», dijo la presidenta de Acción Ecológica, Aurora Donoso.
Con la privatización se corre el riesgo de que las empresas pesqueras o turísticas intenten comprar zonas de Galápagos, como ocurre con los camaroneras en la costa de la provincia de Esmeraldas, advirtió.
El conflicto con los pescadores estalló la semana pasada, cuando ocuparon la Estación Charles Darwin en el Parque Nacional Galápagos destruyendo parte de las instalaciones, y el centro de crianza de tortugas en la Isla Isabela, amenazando con matarlas para presionar que se amplíe el período de pesca de langosta.
Ricardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación Natura, dijo a IPS que entre los pescadores tradicionales se ha insertado un grupo para el cual la pesca es un negocio lucrativo.
«Estos pescadores no tradicionales orientados por intereses políticos y económicos inmediatistas y contrapuestos a la conservación, acuden constantemente a la violación de la Ley y explotación ilícita de recursos, con violencia», afirmó Moreno.
Durante la protesta, el jefe técnico del Parque Nacional Galápagos y funcionarios de la Estación científica fueron rescatados por los militares en los manglares, después de haber sido perseguidos y amenazados de muerte por pescadores.
La presión para que se permita una mayor explotación de los recursos también llegó del derechista Partido Social Cristiano. Alfredo Serrano, diputado socialcristiano de Galápagos, envió una carta promoviendo la acción de quienes capturan langostas.
Una de las mayores empresas de pesca es propiedad del dirigente de ese partido César Rohón, concejal de la ciudad portuaria de Guayaquil y actual presidente de la Cámara Ecuatoriana de Pesquería.
Fanny Uribe, otra diputada de Galápagos que amenazó con llamar a las autoridades ambientales a sala para que expliquen la restricción a la captura de langosta, también ha sido cuestionada por su vinculación con la venta de pepinos de mar, una especie en extinción muy codiciada en el mercado asiático.
Ante la presión de los pescadores, el ministro del Ambiente, Rodolfo Rendón, extendió el período de captura de langosta, estableciendo un cupo adicional de 30 toneladas hasta diciembre, por encima de las 50 toneladas ya capturadas este año.
La estación científica Charles Darwin había recomendado que solo se permitiera 15 toneladas adicionales porque se perjudicaría la especie capturando crías.
El ministro dijo que su decisión no se debió a presiones políticas, sino que «se estableció el cupo porque los pescadores estaban pidiendo pesca libre y eso es inaceptable».
Los langosteros pretenden que no se establezcan vedas durante cinco años e insisten en que al menos se permita la captura hasta enero y se amplíe el calendario de pesca de tiburón y otras especies.
«El recurso está ahí, no se ha acabado», dijo Rogelio Guacha, presidente de los pescadores artesanales de Puerto Ayora. «Los conservacionistas se preocupan más por los animales que por la gente y quieren imponer cantidades para pescar sin tomar en cuenta nuestra opinión».
Carlos Valle, coordinador para Galápagos del Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), advirtió que quienes capturan langostas pretenden conseguir la autorización para explotar libremente tiburón, canchalagua, calamar, pulpo, erizo y pepino de mar.
Fundación Natura pide acciones definitivas de las autoridades, especialmente de los ministerios del Ambiente y de Defensa, a favor de la conservación de la reserva marina, hoy amenazada.
Moreno, recordó que el fortalecimiento del control de la pesca ha sido reclamado no sólo en Ecuador sino también en nuchos otros países, «más si se considera que la reserva marina del archipiélago (de Galápagos) sea declarada por la Unesco como patrimonio mundial».
En la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, vigente desde marzo de 1998, se determina que las actividades pesqueras en la provincia marina se someterán a los principios de conservación.
Sin embargo, todavía el gobierno no ha reglamentado los permisos de pesca artesanal, así como tampoco los de turismo y la actividad agrícola.
Antes de la ley no había problemas porque los pescadores «hacían lo que querían», dijo Diego Bonilla, subdirector del Sistema de Parque Nacional Galápagos. «La Ley establece cuotas, calendarios pesqueros y artes de pesca autorizadas en las islas, pero los pescadores pretenden pasar por alto todo esto».
La Ley también prohibe la pesca industrial dentro del área de la Reserva Marina protegida, que comprende 74 kilómetros desde la costa continental.
La Asociación de Empresas Turísticas de Galápagos propuso que se inicien procesos judiciales contra quienes ocuparon la estación Darwin, se cense a los pescadores artesanales para eliminar aquellos que no lo son, y se implementen alternativas productivas sustentables. (FIN/IPS/kl/ag/en/00
