La violencia cambió de piel en Guatemala desde mediados de la década del 90, cuando el fin de la guerra civil de más de 30 años y la profundización de la crisis económica dio paso a la actuación del crimen organizado.
La inseguridad causada en el pasado por los enfrentamientos armados de carácter político y las prácticas de desaparición forzosa de personas por parte de las fuerzas armadas y policiales hoy es generada por los secuestros, los asaltos y la actuación de grupos de narcotraficantes, explicaron expertos a IPS.
«Guatemala se ha convertido en una olla de grillos», comentó Mario Polanco, director del no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo, tratando de sintetizar el desorden mayúsculo en que ha caído Guatemala.
Las estadísticas indican que los 11 millones de guatemaltecos conviven con la violencia provocada por unas 500 pandillas, sólo contando las de la capital, 19 robos de vehículos diarios, más de 45 asesinatos por mes, las continuas prácticas de corrupción policial y casi un linchamiento mensual.
La percepción del aumento de la violencia en las calles ha aumentado dramáticamente desde 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz que permitieron la desmovilización de grupos irregulares armados con más de tres décadas de lucha.
Polanco, de 36 años, cuyo grupo se dedica a la defensa de los derechos básicos y a la búsqueda de desaparecidos por razones políticas, explicó que «después de la firma de la paz muchos militares quedaron maniatados y controlados, pues su forma de vida común era la violación de los derechos humanos».
Agregó que muchos de esos implicados en el conflicto militar simplemente variaron su manera de trabajo para pasar a utilizar las viejas estructuras de intimidación ideológica en favor del crimen organizado.
«Es una ironía, pues esos violadores de los derechos humanos antes trabajaban para mantener el poder de los ricos, pero ahora planean secuestros de grandes recompensas contra los integrantes de la clase adinerada», afirmó Polanco.
La no gubernamental Fundación País Libre sostiene que Guatemala es la segunda nación con más cantidad de secuestros detrás de Colombia, con 1,739 casos sólo en 1997.
La especialización en este delito llegó a tal punto que existen delincuentes dedicados a secuestrar mascotas de personas de clase alta, como le sucedió al vicepresidente, Francisco Reyes López, a quien le raptaron su perro.
Sin embargo, las nuevas formas de violencia no sólo afectan a los sectores con ingresos más altos, sino a todos los estratos de la población.
Así, grupos organizados secuestran niños en supermercados para luego pedir a sus padres como rescate la compra de alimentos.
«Es tremendo, porque en Guatemala todo el mundo anda con miedo, uno sabe que al subirse a un autobús puede ser objeto de un atentado, y si anda en automóvil y lo detiene un semáforo en cualquier momento se acerca un desconocido con un arma», relató a IPS la politóloga Carmen Ortiz.
Ortiz, investigadora de la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales, dice que, al igual que muchos otros guatemaltecos, ha tenido que tomar precauciones extremas.
La crisis económica ha agravado la situación tal como lo refleja el último informe sobre desarrollo humano elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ubicó a Guatemala en el puesto 31 entre los 32 países de América Latina y el Caribe, sólo superado por Haití.
El estudio del PNUD reveló que 20 por ciento de los más pobres del país recibe 2,1 por ciento del ingreso nacional, mientras que 20 por ciento de los más ricos consume 63 por ciento de esa riqueza.
Expertos calificaron la situación de inseguridad pública de extremadamente grave, tomando las propias declaraciones hechas por el director de la Policía Nacional Civil, Rudio Lecsan, quien dijo ante el parlamento que estaba de rodillas ante la delincuencia.
«En Guatemala no reina el crimen organizado porque Dios es muy grande», dijo en esa oportunidad Lecsan.
El gobierno de Alfonso Portillo, al igual que lo hicieron sus predecesores, ha diseñado estrategias contra la delincuencia, programas de combate contra el crimen organizado y constantes medidas para recuperar la seguridad de las calles.
Sin embargo, pese a esa aparente «buena voluntad», los índices criminales se mantienen altos, las pandillas de jóvenes conocidas como «maras» continúan generando violencia, los asaltantes mantienen sus actividades y la corrupción de «cuello blanco» persiste.
Celia Medrano, coordinadora general de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, dijo a IPS que el problema actual de Guatemala es la institucionalidad, pues después de la firma de la paz en 1996 el país no ha podido consolidar sus instituciones democráticas.
Medrano considera que este país está en un período de transición y uno de los retos más importantes es lograr consolidar su gobernabilidad, estabilizar su economía interna y disminuir las brechas sociales. (FIN/IPS/nms/dm/ip/00
