El Plan Colombia, apoyado por Estados Unidos, tendrá «secuelas riesgosas» para los países vecinos, que podrían afrontar desde problemas con refugiados colombianos hasta la inmigración de narcotraficantes, advirtieron hoy funcionarios venezolanos.
El plan antidrogas que se pondrá en marcha en territorio colombiano desde diciembre fue analizado este martes en Caracas en un seminario organizado por el Parlamento Latinoamericano.
Alvaro Carnevali, representante de la cancillería venezolana, reiteró la preocupación por las consecuencias del Plan Colombia en Venezuela. Entre los dos países hay una conflictiva frontera de 2.200 kilómetros.
De acuerdo con Carnevali, el componente militar del programa, unido a la poderosa red del narcotráfico en Colombia y la existencia de otros actores armados, son factores que claramente hacen prever una situación muy conflictiva con repercusiones en naciones vecinas como Venezuela, Ecuador y Panamá.
Esta posición ha sido sostenida por el propio jefe de Estado, Hugo Chávez, y por el canciller José Vicente Rangel.
Según Carnevali, las «secuelas riesgosas» que se prevén tienen directa relación con un predecible aumento en el número de desplazados colombianos y un eventual traslado a territorio venezolano del «negocio de la droga», con «muy altos lucros y descomunal poder de corrupción».
«Venezuela tiene un legítimo temor. El negocio de la droga ha demostrado su capacidad de trasplantarse», recalcó Carnevali, quien mencionó los planes implementados años atrás en Bolivia y Perú, que no solucionaron el problema del procesamiento y tráfico de drogas en la región andina.
El Plan Colombia, propuesto por el presidente Andrés Pastrana, tiene un costo de 7.500 millones de dólares, 4.500 millones de los cuales corresponderán a Bogotá. Estados Unidos aportará 1.300 millones y el resto procederá de créditos y donaciones internacionales.
Pastrana define su plan como una «estrategia integral para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado», pero guerrilleros y organizaciones no gubernamentales estiman que supondrá una escalada en la guerra civil.
Altos funcionarios de Estados Unidos están en Colombia desde este lunes para respaldar el Plan, cuyo inicio está previsto para diciembre con la erradicación de cultivos ilícitos en el departamento de Putumayo, al sudeste colombiano.
De acuerdo con organizaciones humanitarias, la puesta en marcha del plan ocasionará el desplazamiento de unas 150.000 personas en el sudeste de Colombia, donde se produce 60 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos.
A juicio de Carnevali, la erradicación de los cultivos en esta zona fronteriza con Ecuador podría provocar un desplazamiento e intensificación de cultivos, ya existentes, en la región limítrofe con Venezuela.
Según el diplomático, «Venezuela tiene reparos al componente militar del plan» y aseguró que existe un «borroso deslinde entre erradicación de cultivos y combate a la insurgencia».
Mientras, el jefe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, Barry McCaffrey, aseveró que «como un principio de la política del gobierno, Estados Unidos no apoyará los esfuerzos contrainsurgentes de Colombia».
También precisó que el plan «tiene 180 millones de dólares para apoyar a otros países de la región en sus esfuerzos contra las drogas y para detener los esfuerzos de los narcotraficantes de reubicar sus empresas ilícitas».
Por su parte, el académico Kaldone Nweihed recalcó en el seminario en Caracas que se están invirtiendo las prioridades en el llamado Plan Colombia.
«En Estados Unidos existe la percepción de que lo social sigue a lo militar. Para nosotros es lo contrario», dijo Nweihed, quien preside la Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos venezolana y dirige el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar.
A su juicio, la prioridad puesta «en el componente militar tiene consecuencias impredecibles» tanto para Venezuela como para la subregión en su conjunto.
Para Nweihed, la magnitud de este plan antidrogas, con su eje militar, preocupa debido a que se ejecutará en un país marcado por «la debilidad del Estado, la fragmentación nacional y la disfunción de los partidos políticos».
«El fin que persigue este plan no es nuevo, Estados Unidos desde 1980 ha intentado militarizar la lucha antidrogas, al mismo tiempo que narcotizaban su diplomacia hacia Colombia», puntualizó el académico. (FIN/IPS/ac/mj/ip/00
