La justicia argentina solicitó a Chile la detención del ex dictador Augusto Pinochet y de otros seis acusados del asesinato del ex jefe del ejército chileno, general Carlos Prats, tras la condena a cadena perpetua de Enrique Arancibia Clavel, el único procesado hasta ahora en el caso.
Así lo informó este martes en declaraciones desde Buenos Aires a Radio Cooperativa de Santiago la jueza María Servini de Cubría, a cargo de la investigación del atentado con que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) asesinó el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires a Prats y a su esposa, Sofía Cuthbert.
Las hijas del matrimonio Prats-Cuthbert, que asistieron el lunes a la última audiencia del juicio a Arancibia Clavel en el Tribunal Oral Federal número 6 de Buenos Aires, dijeron este martes, al llegar a Santiago, que lucharán ahora judicialmente por la extradición de Pinochet a Argentina.
La sentencia en primera instancia contra Arancibia Clavel es la primera de alcance internacional que emite la justicia en un país sudamericano, en torno a crímenes políticos cometidos en los años 70, cuando las dictaduras del Cono Sur coordinaron su accionar a través de la llamada Operación Cóndor.
En los primeros años de la década del 70 fueron asesinados también en Buenos Aires otros destacados líderes políticos sudamericanos exiliados en Argentina, como el general Juan José Torres, ex presidente de Bolivia, y los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
El general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, fue el inspirador de la Operación Cóndor y su detención también es reclamada por la justicia argentina, junto a la de otros tres altos jefes de ese cuerpo represivo y ex oficiales del ejército, Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga Neumann y José Zara.
La orden de detención de la justicia argentina incluye a esos cuatro oficiales retirados, así como a Jorge Iturriaga Neumann, hermano de Raúl, y a la escritora Mariana Callejas, ambos igualmente ex agentes de la DINA.
Los fundamentos de la condena a Arancibia Clavel se darán a conocer el próximo lunes y serán un indicio del tipo de cargos que le imputarían finalmente a Pinochet, Contreras y los demás presuntos implicados.
En medios judiciales de Santiago se señaló que lo más probable es que el ex dictador, así como Contreras, el brigadier Espinoza y el general Iturriaga Neumann serán acusados en el vecino país como coautores del asesinato de Prats y Cuthbert y jefes de la asociación ilícita que llevó a cabo el crimen.
Según versiones no ratificadas de testigos, Pinochet dio en Santiago la orden de «neutralizar» a Prats, quien fue su antecesor en la comandancia del ejército y sostenía la doctrina de la sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil.
Prats, una vez exiliado en Argentina tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, fue objeto de continuas amenazas e intentó trasladarse a otro país, pero la embajada chilena en Buenos Aires postergó su solicitud de pasaporte, al parecer en connivencia con la DINA.
Todos los reclamados por la jueza Servini de Cubría están con orden de arraigo (prohibición de salir del país) de 60 días, por una resolución que emitió el 8 de noviembre el juez de la Corte Suprema de Justicia Luis Correa Bulo.
Este magistrado, sobre quien había recaído el juicio de extradición de Pinochet y los otros seis acusados, dejó el caso el lunes, luego de una serie de denuncias en su contra por supuestos actos de corrupción, impulsadas por parlamentarios de derecha.
Correa Bulo fue reemplazado por el juez Jorge Rodríguez, quien tendrá que decidir en los próximos días si da curso a los pedidos de detención de Pinochet y de las otras seis personas, mientras comienza el juicio de extradición.
El ex dictador de 84 años fue despojado el 8 de agosto de sus fueros de senador vitalicio y podría ser juzgado por los tribunales chilenos por crímenes cometidos en 1973 por la llamada «caravana de la muerte», salvo que se determine mediante exámenes físicos y mentales que no es imputable penalmente.
Contreras debe concluir en enero una condena de siete años de cárcel por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, cometido por la DINA en septiembre de 1976 en Washington, pero una vez que recupere la libertad tendrá que responder por otros casos de violaciones de derechos humanos en los que está acusado.
El brigadier Espinoza, quien también cumplió sentencia de seis años de presidio en el caso Letelier, está actualmente en libertad condicional, pues también está encausado en otros casos de crímenes represivos, incluyendo el de la caravana de la muerte.
Es probable que en los casos de Pinochet, Contreras y Espinoza la Corte Suprema rechace en forma temporal su extradición a Argentina, hasta tanto no se expida la justicia en los procesos por los cuales son acusados en Chile, según manifestaron expertos judiciales este lunes.
El brigadier Zara podría eludir la extradición por el mismo motivo. En cambio, Callejas y los dos hermanos Iturriaga no son objeto de causas judiciales en trámite en Chile, por lo cual es más viable en sus casos una extradición a Argentina.
La defensa de Pinochet presentó este martes un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que se deje sin efecto la orden de arraigo que Correa Bulo emitió contra el ex dictador.
Gustavo Collao, abogado del ex gobernante, informó que en el mismo escrito se solicita que se delegue la competencia de revisar la probable extradición de Pinochet a Argentina al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Alvarez.
A través de este pedido, la defensa del ex dictador busca reabrir el debate acerca de un fuero constitucional de que gozaría Pinochet «en su condición de ex Presidente de la República», manifestó Collao. (FIN/IPS/ggr/dm/hd ip/00
