Las Fuerzas Armadas de Chile observan con inquietud los nuevos juicios a militares por violaciones de los derechos humanos, pero no parecen dispuestas a comprometerse como cuerpo en la defensa de sus camaradas.
El almirante Jorge Arancibia, comandante en jefe de la Marina de Guerra, declaró el día 14 que «cada uno tendrá que enfrentar sus consecuencias» en los juicios por delitos cometidos tras la ley de amnistía aprobada por la dictadura en abril de 1978.
El pronunciamiento de Arancibia se produjo en medio de la conmoción causada entre militares y civiles por la decisión del juez Sergio Muñoz de someter a proceso al general retirado y abogado Fernando Torres Silva, ex auditor (fiscal) del Ejército, y al general en actividad Hernán Ramírez Hald.
Torres Silva, una de las figuras más influyentes en la fase final de la dictadura de Augusto Pinochet, quien gobernó de 1973 a 1990, está acusado de encubrir el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, cometido en 1982.
Ramírez Hald, cuyo retiro del Ejército está previsto para diciembre, es el actual jefe del Comando de Industria Militar e Ingeniería de su arma, y está acusado de complicidad en el asesinato de Jiménez, cometido por agentes del Estado.
Jiménez, un sindicalista socialdemócrata, fue secuestrado y degollado en Santiago en febrero de 1982, cuando era presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, luego de que hiciera un llamamiento público a la unidad del movimiento sindical para enfrentar la política económica de la dictadura.
Los autores del asesinato fueron funcionarios de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), uno de cuyos jefes en 1982 era Ramírez Hald.
A mediados de 1983, agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) mataron en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, al modesto carpintero Juan Alegría, en una maniobra para ocultar el asesinato de Jiménez.
Un médico al servicio de la CNI hipnotizó a Alegría y le hizo escribir una carta en la cual se inculpaba de haber dado muerte al sindicalista. Luego los agentes asesinaron al carpintero e hicieron aparecer el caso como un suicidio.
La investigación judicial de ambos crímenes estuvo paralizada durante largos años, pero logró avances sustantivos desde mediados de 1999, y los hallazgos de los investigadores causaron gran conmoción entre oficiales que estuvieron vinculados con la CNI y la DINE, la mayoría de ellos retirados en la actualidad.
Muñoz dispuso el año pasado que comenzara un juicio al general retirado Humberto Gordon, director de la CNI en 1982 y acusado de encubrir el asesinato de Jiménez. Gordon falleció hace algunos meses.
Uno de los participantes en el asesinato de Alegría fue el mayor Carlos Herrera, quien había estado antes entre los que mataron a Jiménez y luego pasó de la DINE a la CNI.
Herrera fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Alegría, al igual que Alvaro Corbalán, un mayor retirado del Ejército y ex jefe operativo de la CNI. A comienzos de este mes, la Corte Suprema ratificó las condenas de ambos.
Corbalán también está acusado de participar en el asesinato de Jiménez y en otras violaciones de los derechos humanos, entre ellas la llamada Operación Albania, realizada en junio de 1987, en la cual fueron asesinados 12 jóvenes izquierdistas.
El ex jefe operativo de la CNI planeó en 1989 el asesinato del entonces candidato presidencial Patricio Aylwin, con la intención de prolongar la dictadura de Pinochet, según documentos secretos de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia, dados a conocer en Estados Unidos el día 13.
Luego de que Herrera y Corbalán fueron condenados, ambos decidieron romper el pacto de silencio por el cual habían protegido a sus antiguos superiores, y proporcionaron a Muñoz datos que le permitieron iniciar los juicios de Ramírez Hald y de Torres Silva.
Torres Silva adquirió gran poder en la Justicia Militar desde 1986, gracias a su estrecha relación con Pinochet, y fue una de las figuras de la dictadura más cuestionadas por los organismos defensores de los derechos humanos.
Durante su actuación como fiscal del Ejército, fue implacable en la persecución de grupos insurgentes de izquierda, y en especial del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, mientras tendía en forma sistemática un manto de protección sobre las acciones de los cuerpos represivos del Estado.
Su condición de fiscal del Ejército le permitió ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, hasta que en 1999 el general Ricardo Izurieta, actual comandante del arma, dispuso que pasara a retiro.
En 1991, cuando se descubrió la vinculación de Herrera con el asesinato de Alegría, Torres Silva lo instruyó sobre las declaraciones que debía prestar ante la justicia, y luego facilitó su salida clandestina de Chile hacia Argentina, donde fue capturado años más tarde y devuelto a la justicia chilena.
El Ejército transmitió en forma discreta al presidente Ricardo Lagos su inquietud por el juicio a Ramírez Hald, porque se trata de un oficial en actividad, pero no expresó reacción alguna por la detención de Torres Silva, quien debió pagar unos 5.000 dólares para obtener su libertad bajo fianza.
La declinación de la buena estrella del ex fiscal del Ejército demuestra el progresivo agrietamiento del otrora poderoso «círculo de hierro» de Pinochet.
Durante la dictadura, la amnistía de 1978 se aplicaba en forma automática a cualquier militar involucrado en violaciones de los derechos humanos, apenas se establecía la fecha del delito del cual se lo acusaba.
En la actualidad, el comnadante Izurieta está empeñado en lograr que la justicia actúe del mismo modo, y las Fuerzas Armadas reprueban lo que consideran una «reinterpretación» de aquella ley de amnistía por parte de los jueces.
Esa «reinterpretación implica agotar las investigaciones antes de considerar la aplicación de la amnistía, y declarar que las desapariciones forzadas, rotuladas como secuestros, no son amnistiables por ser delitos continuados.
En otras palabras, se entiende que la responsabilidad de causar una situación de desaparición forzada continúa mientras el destino del desaparecido no se aclare, según la doctrina jurídica impulsada en el mundo por defensores de los derechos humanos y aceptada por varios países y en normas internacionales.
Fue con ese criterio que el juez Juan Guzmán solicitó y logró que los tribunales dispusieran el retiro de los fueros parlamentarios del ex dictador y senador vitalicio Pinochet, para que se iniciara un juicio contra él.
Ese juicio está pendiente en la actualidad de exámenes médicos ordenados por el propio Guzmán, para determinar si Pinochet está en condiciones de ser juzgado.
En medios políticos y judiciales se habla de la «doctrina Izurieta», que consistiría en la defensa institucional de los militares comprometidos en violaciones de derechos humanos antes de abril de 1978 y la no intervención en causas por delitos posteriores a esa fecha.
El almirante Arancibia adoptó en forma explícita esa posición, y afirmó que «la justicia debe seguir su curso» en la investigación del asesinato de Alegría y de otros crímenes posteriores a la amnistía de 1978. (FIN/IPS/ggr/mp/hd ip/00
