El Fondo Monetario Internacional (FMI) inició hoy en Argentina las conversaciones finales con el endeudado gobierno de Fernando de la Rúa con vistas a concederle un crédito en efectivo por 15.000 millones de dólares para asegurar sus pagos.
Argentina debe enfrentar en 2001 un servicio de la deuda externa de 20.000 millones de dólares (siete por ciento del producto interno bruto), en un escenario de recesión -que ya lleva 27 meses-, de ajuste fiscal, extendido desempleo y fuerte desconfianza de los inversores acerca de su desempeño futuro.
Tres días después de una huelga general de 36 horas contra la gestión económica de De la Rúa, una avanzada del FMI, encabezada por el economista Tomás Raichman, llegó este lunes a Buenos Aires para observar de cerca el cumplimiento de las medidas anunciadas por el presidente para hacer frente a la crisis.
Los gobernadores de las provincias aceptaron la última semana congelar gastos por cinco años, primera condición para el crédito del FMI, que se completaría con otros 15.000 millones de dólares de diversa procedencia.
De la Rúa soportó la semana última la huelga más larga y masiva de su administración -que aún no ha cumplido un año-, y espera para los próximos días la sanción legislativa de dos iniciativas clave para conseguir el apoyo del FMI.
Una de ellas es la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, un proyecto controvertido y resistido incluso por el oficialismo, que elimina la modalidad de reparto y la prestación básica de 200 dólares mensuales que garantizaba el Estado. Asimismo, se aumentaría de 60 a 65 años la edad mínima para la jubilación de las mujeres.
Este proyecto podría quedar empantanado en el Congreso, y el presidente estaría obligado entonces a firmar un decreto de necesidad y urgencia para aprobarla, y aguardar luego que el parlamento no logre la mayoría especial de votos para derogar esa disposición.
Pero el recurso al decreto de necesidad y urgencia para promulgar la reforma previsional podría causar un nuevo conflicto en la coalición de gobierno, virtualmente quebrada desde la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez el 6 de octubre.
El otro proyecto, que tiene mejores perspectivas, es el de presupuesto. Luego de haber aceptado este fin de semana aumentar el desequilibrio fiscal previsto de 4.800 a 6.500 millones de dólares en 2001, el gobierno tiene mayores posibilidades de obtener una respuesta favorable tanto de la Cámara baja como del Senado.
El aumento del gasto será destinado a mejorar la asistencia social en las provincias y a sostener subsidios al tabaco y a los combustibles en zonas del interior que reclamaban con fuerza mantener esos beneficios, esenciales para la subsistencia de algunas economías regionales.
Asesores de empresas e inversores criticaron este lunes la decisión de aumentar el gasto público en lugar de rebajar impuestos como vía para asegurar una mayor asistencia social y el impulso al crecimiento que, según las previsiones del presupesto, será de 2,5 por ciento en 2001.
Con estas medidas en camino, la delegación del FMI -que se completará el miércoles con la economista Teresa Ter Minassián-, prepara el desembolso de unos 15.000 millones de dólares, que serán entregados como dinero fresco y no como garantía para contingencias.
Así lo confirmó el viceministro de Economía, Mario Vicens. El gobierno y el FMI juzgan «más razonable» el desembolso de los recursos «que mantenerlos en términos contingentes, como fueron los anteriores créditos para Argentina", dijo.
El llamado «crédito blindaje» tendrá como complemento otros 15.000 millones de dólares, que serán aportados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los gobiernos de Italia, Francia y España y bancos y empresas locales administradoras privadas de fondos de pensión.
El anunciado blindaje es "un esfuerzo destinado a lograr un mundo seguro para los bancos de inversión", puntualizó el fin de semana el economista estadounidense Jeffrey Sachs, director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard,
Sachs se refirió de ese modo a la garantía de repago que tendrán los bancos de inversión que adquirieron letras y bonos del Tesoro argentino. Esos papeles se colocaron en las últimas licitaciones incluso a tasas anual de 16 por ciento.
El aporte del FMI asegura sus ganancias a los tenedores de deuda soberana, a costa de un mayor endeudamiento del gobierno, y no a tasas bajas ni tampoco de largo plazo, observó Sachs.
El último crédito contingente que recibió Argentina -que en lugar de ser dinero en efectivo era un compromiso de asistencia en caso de necesidad-, tuvo una tasa de 6,8 por ciento, pero se calcula que el blindaje en discusión podría tener un interés de casi 10 por ciento.
Del mismo modo, en lugar de los 36 meses del llamado crédito "stand by" o contingente, el plazo de devolución del préstamo de blindaje podría ser bastante menor, según admiten los negociadores.
Para el gobierno, el crédito del FMI es una herramienta vital para evitar la bancarrota. Pero a largo plazo aumentará el peso del servicio de la deuda. (FIN/IPS/mv/ff/if/00
