Las grandes represas financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina tienen en promedio costos 45 por ciento superiores a los presupuestados originalmente, señala un informe mundial que será presentado este viernes en Santiago de Chile.
El documento de la Comisión Mundial de Represas (CMR), un organismo independiente y pluralista creado hace dos años, señala que si bien los grandes embalses de agua contribuyen de manera importante al desarrollo humano, tienen costos «sociales y ambientales inaceptables y a menudo innecesarios».
El documento, titulado «Represas y desarrollo: un nuevo cuadro para la toma de decisiones», fue dado a conocer el día 16 en Londres por el presidente de la comisión, Kader Asmal, actual ministro de Educación de Sudáfrica y ex titular de la cartera de Medio Ambiente y Forestación en el gobierno de Nelson Mandela.
En otras 14 ciudades en todo el mundo se programaron presentaciones del informe, incluyendo a tres de América del Sur: En Buenos Aires este jueves, en Santiago este viernes y en Sao Paulo el lunes próximo.
En todo el mundo se han construido 45.000 grandes represas, ya sea para centrales hidroeléctricas, obras de regadío, de control de inundaciones o con fines turísticos para la construcción de lagos artificiales.
El informe señala que «América del Sur es una piedra angular en el trabajo de la CMR», aludiendo a las polémicas que ha desatado la construcción de grandes embalses en los últimos años, financiados generalmente por el BID o el Banco Mundial, entidad que propició la creación de este organismo especializado.
América del Sur tiene más de 1.000 grandes represas, considerando como tales a aquellas cuyos muros de embalse tienen más de 15 metros de altura. Brasil tiene 594, Argentina 101 y Chile 88, de acuerdo al informe.
El reporte de la CMR incluye un detallado estudio de caso del complejo Tucuruí en Brasil, que atiende 70 por ciento de las necesidades de energía en el norte del país y que duplicará su capacidad en la segunda fase del proyecto, que se concluirá en 2006 con una inversión de 10.000 millones de dólares.
Este es, hoy por hoy, el caso tal vez más polémico de construcción de represas en el territorio latinoamericano, que en los últimos años fue escenario también de controversias en torno a otros embalses para centrales hidroeléctricas.
Entre los proyectos cuestionados están, además de Tucuruí, Yaciretá en la frontera de Argentina y Paraguay, Urrá en Colombia, El Cuchillo en México, Bayano en Panamá y Pangue y Ralco en Chile.
Se estima que en todo el mundo el negocio de las represas mueve 50.000 millones de dólares al año. El informe consigna que en los años 70 el BID aportó créditos por más de mil millones de dólares para proyectos de represas en América del Sur.
En las dos décadas siguientes se redujo sustantivamente el financiamiento para estas obras, tanto del Banco Mundial como del BID y de otras agencias de cooperación, pero en cambio parece aumentar la participación de la banca privada internacional en este negocio.
En Chile, el consorcio Endesa canceló anticipadamente en 1997 un crédito al Banco Mundial, luego de que el organismo evaluara críticamente el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales adquiridos por la empresa en la construcción de Pangue, una central hidroeléctrica que implicó el desplazamiento de familias de indígenas pehuenches.
Endesa pagó sus compromisos al BID con un préstamos de banqueros alemanes y contrató igualmente créditos privados para construir Ralco, una central hidoeléctrica que, al igual que Pangue, amenaza a familias pehuenches que habitan en el ecosistema cordillerano del río Bíobio, unos 500 kilómetros al sur de Santiago.
«Es muy importante que el informe de la CMR condene la relocalización forzada de poblaciones por la construcción de represas. Eso no puede volver a ocurrir», dijo a IPS el ecologista Juan Pablo Orrego, presidente del Grupo de Acción por el Bíobio (GABB).
El GABB, una red de grupos ambientalistas, sindicales, indígenas y organizaciones sociales, mantiene una permanente campaña contra la construcción de Ralco, tanto en defensa de 80 familias pehuenches que están siendo desplazadas como para proteger un ecosistema fluvial cordillerano considerado único en el mundo.
Ralco es tal vez un caso menor, comparado por ejemplo con Yaciretá, que implicará la reubicación forzada de unas 50.000 personas, que deberán abandonar sus hogares, negocios y trabajos.
Los impactos demográficos y ambientales de las grandes represas son también ejemplificados en el estudio de caso de Tucuruí de la CMR.
La comisión advierte que los costos adicionales de este gran proyecto, por los subsidios que se han dado en Brasil a los consumidores industriales de electricidad, pueden terminar encareciendo una energía que se publicita como más económica.
Esta represa generará emisiones de gas responsable del efecto invernadero en volúmenes similares a los que se pretendía evitar con el uso de energías basadas en petróleo y otros combustibles fósiles, indica igualmente la CMR.
Las represas ofrecen aparentemente ventajas para la pesca en los embalses, pero las pérdidas que provocan a la actividad pesquera en los cursos de agua inferiores son mayores que sus pretendidos beneficios, advierte también el informe sobre Tucuruí.
La represa brasileña provocó fuerte impacto sanitario. La malaria aumentó durante el período de construcción, una plaga de mosquitos mansonia se asentó una vez llenado el embalse y el río que forma el mismo lago artificial llevó mercurio procedente de la explotación de oro que se incorporó a la cadena alimentaria.
Tucuruí es otro caso típico de la dificultad de aplicar conceptos financieros confiables en proyectos que no involucran sólo costos de construcción y beneficios de energía, sino también impactos sociales y ambientales, señala la comisión.
Pero este mismo proyecto ofrece igualmente nuevas pautas para enfrentar estos desafíos, mediante contactos francos entre las empresas eléctricas, las comunidades involucradas y las agencias ambientales, como ocurrió en enero en una reunión en Belém, en el norte de Brasil, según destaca el documento.
Las controversias del pasado deben transformarse en acuerdos claros para el futuro, señala la CMR al propiciar encuentros participativos de todos los actores implicados en los problemas y beneficios que crean las grandes represas. (FIN/IPS/ggr/ag/en/00
