La primera controversia constitucional tras la aprobación de la flamante carta fundamental de Venezuela, en diciembre pasado, se originó con una propuesta oficialista que limita la participación de la sociedad civil en la selección de las autoridades del nuevo Poder Ciudadano.
«Estamos ante un primer antecedente muy negativo» en materia constitucional, dijo este martes a IPS el portavoz del no gubernamental Foro por la Vida, Raúl Cubas, tras la decisión de una comisión de la Asamblea Nacional (parlamento) que restringe las designaciones a un grupo integrado sólo por legisladores.
El proyecto aprobado en la comisión parlamentaria limita la participación de la sociedad civil, potestad reconocida por la carta fundamental, sostuvo Cubas.
El Foro por la Vida, instancia de coordinación de 21 organizaciones de derechos humanos, alertó que la propuesta oficialista contradice la carta fundamental impulsada por el presidente Hugo Chávez.
El diputado oficialista Ernesto Alvarenga confirmó que la Comisión de Política Interior del parlamento, que él preside, aprobó un proyecto que determina mecanismos transitorios para la designación de las autoridades de la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo.
La comisión estableció, con los votos oficialistas, la constitución de una mesa de diálogo con la sociedad civil, pero la designación definitiva de las autoridades del Poder Ciudadano corresponderá a una comisión de 15 parlamentarios, informó Alvarenga.
Esta decisión parlamentaria contradice la letra de la Constitución que apoyó meses atrás el propio oficialismo, según las organizaciones no gubernamentales.
La carta política impulsada por el presidente Chávez y por sus seguidores establece comités de postulación en los que las organizaciones sociales tienen un papel relevante.
La sociedad civil, según la flamante Constitución, integra estos comités, que reciben las postulaciones para los cargos del Poder Ciudadano y luego envían una terna al parlamento, donde se requiere una mayoría calificada para aprobar el nombramiento.
En caso de que no se consiga un acuerdo en el parlamento debe convocarse una consulta popular. Este mecanismo es idéntico para los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia.
Los tres poderes clásicos —el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo— aumentaron con la aprobación de la nueva Constitución venezolana a cinco, con la incorporación del Ciudadano y del Electoral, este último encargado de realizar consultas comiciales.
El artículo 274 de la Constitución establece que el Poder Ciudadano tiene a su cargo "prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa".
"El Poder Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa", precisa la Constitución. Cada año, el Consejo Moral deberá presentar un informe sobre la situación del país ante el parlamento.
La decisión de la comisión parlamentaria «es contraria al espíritu» de la Constitución, que «es bien clara al hablar de representantes de los distintos sectores sociales», aseveró Cubas, quien es coordinar de Provea, una de las principales organizaciones venezolanas de derechos humanos.
El mecanismo «transitorio» anunciado por Alvarenga aún debe ser votado en el plenario de la cámara, pero analistas prevén que recibibirá la votación de todo el oficialismo, que tiene mayoría.
Los diputados de la minoritaria oposición anunciaron que acudirán al Tribunal Supremo de Justicia para impugnar la propuesta.
«No veo en ninguna parte» de la Constitución elementos que permitan la creación de «un comité de postulaciones sólo en manos de diputados», afirmó, por su parte, el fiscal general Javier Elechiguerra, si bien se negó a evaluar en esta etapa si la aprobación de la ley violaría la carta fundamental.
La Constitución fue aprobada en consulta popular el pasado diciembre, impulsada por Chávez, quien llegó al poder con la oferta de una reforma a fondo del sistema político venezolano que permitiera la participación ciudadana.
«Estamos ante las mismas interferencias de los partidos políticos» y «ante las mismas actitudes del pasado», indicó Cubas, al tiempo que criticó la postura oficial de que en los cargos del Poder Ciudadano «no deben estar enemigos del proceso» de reformas que alienta Chávez.
Luis Miquilena, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y ex ministro del Interior de Chávez, aseveró que «este proyecto le ha costado mucho esfuerzo al pueblo para que ahora vengan a montarse (en él) los enemigos del proceso».
Miquilena conduce el oficialista Movimiento V República y considerado el número dos del gobierno si bien no ocupa cargo alguno.
«Nos compartimos la declaración de Miquilena, pues precisamente la nueva Constitución le da valor a las condiciones técnicas y profesionales, y no a las políticas, en la selección de los funcionarios» de los poderes Judicial y Ciudadano, dijo Cubas.
Por su parte, los ex constituyentes William Ojeda y Antonio de Giampaolo aseguraron en una declaración conjunta que la decisión de la comisión parlamentaria «nada tiene que ver con el espíritu constituyente y el contenido de la carta magna».
Según Ojeda y Giampaolo, la propuesta oficialista violaría cinco artículos de la Constitución, entre ellos los que consagran el derecho a la participación ciudadana y los mecanismos de definición de los poderes públicos. (FIN/IPS/ac/mj/ip/00
