La fiscalía de Suriname ordenó a la policía que comience una investigación de 15 asesinatos cometidos en 1982 por la dictadura militar que gobernaba entonces ese país, seis semanas antes del plazo de prescripción de esos delitos, que se cumplirá el 8 de diciembre.
La decisión del gobierno de Ronald Venetiaan se adoptó la semana pasada, tras muchos años de presión de organizaciones humanitarias, otros grupos de la sociedad civil y familiares de las víctimas que reclamaron una investigación.
Gobiernos anteriores postergaron la resolución por temor a la reacción de los sospechosos de involucramiento en el asesinato de periodistas, académicos y dirigentes sindicales opositores a la dictadura, cometido en la noche del 8 de diciembre de 1982 en Fuerte Zeelandia, una instalación militar de Paramaribo.
El principal sospechoso es Desiré Bouterse, quien era comandante del ejército en aquel momento y ha dicho en varias ocasiones a periodistas que las víctimas fueron ejecutadas porque la dictadura estaba convencida de que eran agentes de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Bouterse, de 56 años de edad, es en la actualidad líder de Combinación del Milenio, la principal fuerza opositora en el parlamento, y durante años sostuvo que deseaba una investigación de los asesinatos para curar las heridas abiertas durante la dictadura, entre 1980 y 1987.
Otros jefes militares y colaboradores de la dictadura de aquella época han sido señalados por familiares de las víctimas como responsables de los asesinatos.
El ex comandante del ejército aseguró que el plan original no era matar a esas personas, sino deportarlas en un avión de las estatales Aerolíneas de Suriname, con destino a un país que no indicó.
Sin embargo, el director de Aerolíneas Suriname en aquella época, Atta Mungra, dijo que no hay documentos que prueben que se previó un vuelo para «sacar a esa gente del país», como afirmó Bouterse, y que el ex comandante deberá presentar una mejor explicación de los hechos para enfrentar un eventual juicio.
Bouterse ha sostenido que «no estuvo involucrado en forma personal» en los asesinatos, ya que en la noche del 8 de diceimbre de 1982 no estaba en Fuerte Zeelandia, sino de visita en casa de una familia de amigos.
El ex comandante arguyó que «sería una falta de educación mencionar por su nombre» a las personas que dice haber visitado aquella noche, pero dijo que esas personas «estarán dispuestas a dar testimonio» para proporcionarle una coartada.
Según Bouterse, los 15 asesinados conspiraban con agentes de la CIA para derrocar al gobierno militar, que había derrocado a su vez al gobierno elegido en forma democrática de Henk Aaron.
Una de las causas del golpe de Estado contra Aaron fue su intento de otorgar reconocimiento legal a la existencia de un sindicato de soldados.
Bouterse recordó que el principal diario de Suriname, De Ware Tijd, había publicado en 1982 informes acerca de planes para derrocar al gobierno militar, y que el ex secretario de Estado estadounidense George Schultz, se refirió en sus memorias a planes fallidos de Washington en la materia.
El ex comandante dijo a periodistas la semana pasada que el plan de la CIA era emplear para el contragolpe de Estado a un pequeño grupo de mercenarios sudcoreanos, que iban a desembarcar en Suriname desde la vecina Venezuela.
La agencia estadounidense esperaba que esos mercenarios fueran confundidos por su aspecto con integrantes de la comunidad de origen étnico javanés de Suriname, la cual representa por lo menos 16 por ciento de la población del país, de 450.000 personas, afirmó.
Washington había manejado la idea de emplear en la operación a mercenarios provenientes de Holanda, que dominó Suriname como potencia colonial, porque pensó que los holandeses también podían ser confundidos con surinamenses, afirmó Bouterse.
Esa idea fue abandonada porque en aquella época Holanda no deseaba involucrarse de ese modo en la política de Suriname, aseguró.
Familiares de algunas de las víctimas han regresado del exilio en Holanda y se comprometieron a cooperar cuanto les sea posible con la investigación.
El partido de Bouterse fue un integrante clave del anterior gobierno, el cual aseguró que deseaba establecer una Comisión de la Verdad similar a la que investigó hechos de violencia en Sudáfrica durante el régimen racista del apartheid.
Sin embargo, tal propósito declarado nunca se llevó a la práctica hasta que ese gobierno se vio forzado a convocar a elecciones anticipadas en mayo, un año antes del término previsto para su mandato, debido a masivas manifestaciones de descontento popular.
En esas elecciones el oficialismo fue derrotado por amplio margen, y ahora el nuevo gobierno encabezado por Venetiaan ha cumpido su promesa electoral de investigar los asesinatos de 1982.
Muchos analistas piensan que si el gobierno no hubiera cambiado, las anteriroes autoridades habrían dejado pasar el tiempo hasta que esos homicidios prescribieran.
Por otra parte, la principal organización humanitaria del país, Moiwana 86, pide que las autoridades investiguen también otros 200 asesinatos cometidos durante la dictadura militar.
El nombre de la organización alude a una masacre cometida por los militares en 1986 en la aldea oriental de Moiwana, cerca de la frontera con Guayana Francesa.
Militares que tuvieron responsabilidades durante la dictadura arguyen que los homicidios del régimen fueron sólo 74, y que 50 de ellos fueron cometidos en Moiwana. (FIN/IPS/tra-eng/bw/da/mp/hd ip/00
