Empresas de computación de Estados Unidos podrán contratar a casi 200.000 técnicos extranjeros, de acuerdo con una ley que sancionará el presidente Bill Clinton este fin de semana, aprobada sin oposición en el Congreso legislativo.
La norma votada el martes casi duplica el número de técnicos con alta especialización procedentes del exterior —la mayoría de India y el este de Asia— que podrán trabajar en este país por más de seis años con un visado especial denominado H-1B.
La ley fue apoyada en el Congreso por los líderes de los dos principales partidos, el Demócrata al que pertenece Clinton y el Republicano.
Los demócratas trataron de incluir en la norma otras medidas, entre ellas una amnistía para cientos de miles de inmigrantes indocumentados, en su gran mayoría procedentes de México y otros países de América Latina y el Caribe, que viven y trabajan en Estados Unidos desde 1986.
Esas medidas, incluidas en la Ley de Inmigración Justa de Latinos (LIFA), tienen el fuerte apoyo de grupos de presión hispánicos.
Los candidatos presidenciales en las elecciones de noviembre, el vicepresidente Al Gore y el gobernador de Texas George W. Bush, procuran el apoyo de los votantes hispánicos, que representan 10 por ciento del electorado.
Como el tiempo apremia, los republicanos —divididos respecto a la inmigración— aprobaron sólo la ley H-1B, dejando de lado otras medidas patrocinadas por los legisladores demócratas.
El Senado aprobó la ley por 96 votos a favor y uno contrario, y la Cámara de Representantes lo hizo pocas horas más tarde.
De todas maneras, los activistas hispánicos confían que LIFA será aprobada antes del receso legislativo de la semana próxima. Los demócratas tratan de incluirla en otro proyecto pertinente a los departamentos de Comercio, Justicia y Estado, y el propio Clinton amenazó con vetarla si no contenía la cláusula de amnistía.
Si la LIFA no se aprueba "castigaremos a los políticos responsables", advirtió Brent Wilkes, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).
Los republicanos podrían tratar de eliminarla agregándole una enmienda para aumentar en 100.000 la cantidad que se permite ingresar a Estados Unidos de trabajadores zafrales desde México.
"Nos opondremos a LIFA si contiene la cláusula de trabajadores rurales zafrales", dijo Wilkes, quien comparó ese programa con el apartheid en Sudáfrica. 'Lo que se les dice es, vengan, hagan nuestro trabajo sucio y luego retornen a México", comentó.
La facilidad con que la H-1B fue aprobada por el Congreso, refleja la prioridad dada a las industrias de alta tecnología, las cuales se convirtieron en los principales donantes de fondos políticos en los últimos años.
Un sondeo del Centro de Política Responsable comprobó que en los últimos 20 meses las compañías de computadoras contribuyeron con un promedio de 5.000 dólares para 325 de los 434 miembros de la Cámara de Representantes, y con 22.000 dólares para 75 de los 100 senadores.
En total, la industria de alta tecnología gastó más de 22 millones de dólares en ese período como instrumento de presión política, tres veces más de lo que pagó en el ciclo electoral previo de dos años, según el centro.
La industria de computadoras se queja desde hace años de la creciente escasez de programadores y otros técnicos especializados. En 1997 persuadió al Congreso de aumentar el numero de visados H-1B a 115.000 para todo el año 2000, pero ese límite se alcanzó en marzo.
La ley aprobada esta semana aumentará el límite a 195.000 en cada uno de los próximos tres años. Además, la medida exceptúa del límite a estudiantes extranjeros que hayan recibido un diploma avanzado de alguna universidad estadounidense y a trabajadores extranjeros empleados por el gobierno u organizaciones no gubernamentales (ONG).
Para obtener la visa, los trabajadores deben ser contratados por compañías estadounidenses que actúan como sus auspiciantes. Eso acuerda al receptor el derecho de permanecer seis años en el país, siempre que siga empleado en la misma empresa.
Por cada visa, la compañía debe pagar 500 dólares destinados a un fondo para la formación de estudiantes y trabajadores estadounidenses en la industria de alta tecnología. La administradión de Clinton pretendió que la cuota ascendiera a 1.000 dólares e intenta agregar esa cláusula a otra medida legislativa.
Una versión anterior a la ley aprobada habría exigido a las compañías auspiciantes pagarles a los receptores de H-1B un mínimo de 40.000 dólares anuales y haber aumentado el salario medio de sus trabajadores de año en año.
Pero los representantes de las compañías, que invadieron los corredores de las dos cámaras para presionar a los legisladores, dejaron en claro su firme oposición a esas restricciones.
"No hay protección para impedir que esto se use como medio de desplazar a trabajadores estadounidenses y tampoco hay requisitos de salarios mínimos", apuntó David Ray, de la Federación por la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR), un grupo que se opone a la liberalización de las leyes inmigratorias.
"Eso permitirá a las compañías traer trabajadores extranjeros y pagarles salarios por debajo del nivel nacional", dijo Ray. Wilkes, de LULAC, que generalmente disiente con FAIR, estuvo de acuerdo.
"Estamos desilusionados. Los únicos que realmente se benefician con esto son los industriales y no los trabajadores especializados que, como resultado, comprobarán que sus salarios son objeto de presiones".
"Hemos tratado que Silicon Valley (la región de California donde se concentran las industrias de alta tecnologia) contrate a hispanos de la mano de obra nacional y los lleve a puestos mejor remunerados", agregó.
Pero las compañías "no tienen interés. Resulta más barato traer gente del exterior que educar mano de obra local, y esos trabajadores son más fáciles de controlar porque tienen menos libertad que sus colegas nativos, en términos de organización, una vez que están aquí", dijo.
LULAC y otros grupos hispánicos se oponen firmemente a cualquier intento republicano de ampliar el programa de visas H- 2A, que permite a mexicanos y otros peones rurales recoger las cosechas en Estados Unidos, por idénticas razones.
"Al menos, con el programa H-1B los receptores ganan algún dinero, pero con el H-2A, en todas partes obtienen un promedio de dos a cinco dólares por hora y en condiciones laborales a menudo peligrosas", observó Wilkes. (FIN/IPS/tra-en/jl/da/ego/aq/pr- if/00
