Estados Unidos debe exigir al presidente de Perú, Alberto Fujimori, y a los altos mandos militares que sigan adelante con el proceso que conducirá a nuevas elecciones presidenciales, a pesar del retorno al país del ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, según activistas.
Defensores de los derechos humanos y analistas en Washington sostienen que las circunstancias del retorno de Montesinos desde Panamá descartan la idea de que se puede confiar en Fujimori para llevar a cabo el proceso de reformas.
Así mismo, los vínculos de Montesinos con los comandantes militares, que siguen intactos desde su partida hace un mes, claramente amenazan la estabilidad del país, aseguran.
«Estamos en una profunda crisis», según Colette Youngers, especialista en Perú de la no gubernamental Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
«Aunque un golpe de Estado no es viable a largo plazo, sigue siendo una posibilidad muy real, y la presencia de Montesinos lo convierte en una amenaza mayor», agregó.
Hasta el momento, sin embargo, la reacción pública de Washington al retorno de Montesinos y al estancamiento del proceso electoral ha sido relativamente tenue.
El Departamento de Estado (cancillería) declaró que «lamenta profundamente» el retorno de Montesinos, al cual considera un «factor de complicación a las gestiones del gobierno y la oposición política peruana para seguir adelante con nuevas elecciones».
También expresó su confianza en las gestiones de mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre el gobierno y la oposición, y destacó que el secretario general César Gaviria viajará a Lima este martes.
Gaviria declaró el lunes su «profunda inquietud» por el retorno de Montesinos.
El estancamiento se debe al pedido del gobierno peruano de que el Congreso legislativo apruebe una amnistía general para los abusos contra los derechos humanos y otros actos criminales perpetrados en la última década por las fuerzas de seguridad del Estado en la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico.
El gobierno advirtió que las elecciones que Fujimori había prometido para julio no se celebrarán sino se aprueba la amnistía.
La exigencia de amnistía, que se habría originado en los altos mandos militares, la mayoría de los cuales deben sus cargos a Montesinos, fue denunciada como «chantaje» por dirigentes opositores que, en protesta, se retiraron de las negociaciones mediadas por la OEA.
El vicepresidente Francisco Tudela, un fuerte aliado de Fujimori, también renunció y sostuvo que la vuelta de Montesinos pocas horas después de que se presentara la propuesta de amnistía constituía una «conspiración» del ex jefe de inteligencia y de los altos mandos militares.
Montesinos solicitó asiló en Panamá el mes pasado, cuando estalló un escándalo político al divulgarse un video en que aparecía sobornando a un legislador opositor para que éste apoyara al partido de gobierno.
El video condujo a Fujimori a prometer la disolución de la agencia de inteligencia de Montesinos y a celebrar elecciones presidenciales en las cuales no se postularía como candidato.
La OEA y el gobierno de Bill Clinton ayudaron a persuadir a Panamá a permitirle el ingreso al país como forma de facilitar las tensiones en Perú y a allanar el camino a la transición hacia nuevas elecciones.
Pero según diversas fuentes, Montesinos, considerado la eminencia gris de Fujimori, estaba convencido de que su solicitud de asilo se rechazaría esta semana, por lo que volvió a Perú donde la tensión política, en aumento debido a la amnistía propuesta, alcanzó nuevas alturas.
«Ahora que volvió, puede causar muchos problemas. No es momento para que Estados Unidos se limite a observar los hechos», según Michael Shifter, del centro de investigación Diálogo Interamericano, de Washington.
Shifter concuerda con Youngers en que no existe apoyo para un golpe de Estado de los militares y Montesinos. «Así que el partido terminó, pero la pregunta es si concluirá con derramamiento de sangre o más pacíficamente», comentó.
«Estados Unidos puede desempeñar un papel muy importante para que la última opción impere. Pero debe comunicar en términos muy claros a los militares que no deben sentir la tentación de actuar», dijo.
La Casa Blanca advirtió el lunes que «toda acción para interrumpir el orden constitucional conducirá al aislamiento de Perú». Pero la mayoría de los analistas piensan que se debe enviar un mensaje más directo, lo antes posible.
«Llegó el momento de decir ya basta», según Sebastian Brett, especialista en Perú de la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
Es evidente que Fujimori tiene una doble cara: asegurando a Washington y a la OEA que está comprometido con el proceso de reformas políticas y, por otro lado, manteniendo fuertes vínculos con Montesinos y aparentemente autorizando su retorno, agregó.
Si ese no fuera el caso, Montesinos debería estar detenido a esta altura, según Brett. La cuestión ahora es si el ex jefe de inteligencia saldrá beneficiado con la amnistía. «Estados Unidos debe tomar una posición clara al respecto», exhortó.
Pero Washington ha evitado toda declaración sobre la propuesta de amnistía.
«La ley de amnistía no sólo incluye violaciones de derechos humanos, sino también delitos de narcotráfico. ¿Hay algún otro país en América Latina que amnistíe al narcotráfico? Es ridículo», aseguró Youngers. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/ip/00
