ECUADOR: Incesante ingreso de refugiados colombianos

Los combates en el suroeste de Colombia entre guerrilleros de izquierda, paramilitares de derecha y el ejército expulsan cada día a esta ciudad ecuatoriana a unas 200 personas, informó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Pedro Alzate, uno de los colombianos refugiados en Nueva Loja, capital de la provincia de Sucumbíos, señaló a IPS que después del 21 de septiembre recrudecieron los combates en La Dorada y en otros municipios del sudoccidental departamento de Putumayo, vecino a Ecuador.

Aquel día, a las cinco de la mañana, «llegaron a La Dorada los 'paracos' (paramilitares) disparando y gritando que todos nos juntáramos en la plaza, y ahí nos dijeron que habían llegado para acabar con la guerrilla, y que quienes no colaboráramos seríamos considerados enemigos", dijo Alzate.

El primer muerto de La Dorada habría sido un joven llamado Omar Piedrahita, a quien los paramilitares integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia confundieron al parecer con un comandante guerrillero, según la versión del refugiado.

Las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lanzaron una ofensiva contra los paramilitares en Putumayo y el departamento ha quedado aislado prácticamente del resto del territorio colombiano.

"Desde que llegaron las Autodefensas hay más de 30 desaparecidos en la zona, porque ellos hacen desaparecer los cuerpos de los que matan", aseguró Joaquín, otro desplazado.

El Acnur y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, con el apoyo del Ministerio de Defensa, la Policía, la Dirección Nacional de Defensa Civil, la Cruz Roja y la Iglesia Católica de Sucumbíos crearon un Plan de Contingencia para recibir a los refugiados.

El propósito del Plan de Contingencia es «enfrentar las condiciones de inseguridad, ingreso, recepción, asentamiento, transporte, alimentación, vivienda, infraestructura, condiciones sanitarias, salud, educación y repatriación de ciudadanos colombianos».

Pero éstos comenzaron a llegar de modo masivo y los albergues todavía no están terminados.

El obispo católico de Sucumbíos, Gonzalo López, se manifestó en desacuerdo con la instalación de campamentos para refugiados, pues cree necesario otorgar mejor tratamiento a éstos.

«Nos gustaría que fueran las propias estructuras existentes en la sociedad las que pudieran darle a esa desgracia un sesgo humanitario», dijo López, quien propuso utilizar centros comunitarios para albergar a los colombianos que huyen de la guerra.

El alcalde de Nueva Loja, Máximo Abad, respaldó la propuesta del obispo. En su opinión, es preciso «fortalecer los albergues que ya existen en los municipios dotándoles de sistemas de alcantarillado, agua potable y otras condiciones».

López también señaló que la Iglesia Católica pretende la participación de los habitantes de Sucumbíos en las tareas que demandará la crisis humanitaria aguardada en zonas fronterizas colombianas cuando a fines de año se ponga en marcha el llamado Plan Colombia.

Organizaciones no gubernamentales unidas en el Grupo Civil de Monitoreo de los Efectos del Plan Colombia en Ecuador suponen que la implementación de ese plan de lucha contra el narcotráfico determinará el desplazamiento de unas 15.000 personas, 5.000 de las cuales huirían a Ecuador.

Pero los representantes del Acnur creen que los desplazados en el sur de Colombia podrían ser 30.000.

«Ojalá sepamos acoger a los refugiados, si nos vemos obligados, como tiene que ser, como hermanos y como hermanas», expresó López.

La secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Madeleine Albright, prometió en agosto una ayuda a Ecuador de 15 millones de dólares para mitigar el impacto del Plan Colombia en localidades fronterizas.

Albrigth, que ofreció la asistencia en ocasión de una visita a Quito, dijo que los recursos serán distribuidos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, del Acnur y de la Cruz Roja.

El departamento colombiano de Putumayo tiene 280.000 habitantes distribuidos en una superficie de 24.885 kilómetros. Organizaciones humanitarias afirman que en 1999 se perpetraron en Putumayo 68 ejecuciones extrajudiciales y que hubo 39 desapariciones forzadas.

El gobierno ecuatoriano creó en septiembre la Unidad de Desarrollo del Norte, una oficina centralizada que se encargaría de ejecutar proyectos de infraestructura en las zonas limítrofes con Colombia.

Las autoridades municipales de las provincias englobadas en el programa rechazaron la creación de esa oficina y exigieron en su lugar el fortalecimiento de los gobiernos locales.

También declararon su oposición al Plan Colombia, que tiene respaldo financiero de Estados Unidos, «por ser contrario al derecho internacional, así como a los acuerdos de buena vecindad y no agresión, firmados entre Ecuador y Colombia».

El canciller ecuatoriano Heinz Moeller aseguró en septiembre a 40 delegados de la Asamblea de la Sociedad Civil de Sucumbíos y al representante del Acnur que «la reactivación social y económica de la frontera son prioritarias para evitar que la metástasis del narcotráfico llegue al Ecuador».

Moeller dijo que el gobierno ecuatoriano estaba gestionando 30 millones de dólares adicionales a los 15 millones prometidos por Albrigth, para invertirlos en Sucumbíos.

Sin embargo, destacó que la primera medida sería fortalecer militarmente la provincia.

Pablo De la Vega, del Grupo Civil de Monitoreo de los Efectos del Plan Colombia en Ecuador, pidió al Acnur y a las organizaciones humanitarias que vigilen el "cumplimiento de las obligaciones del Estado ecuatoriano con los desplazados".

"Los refugiados tienen el derecho a ser protegidos contra una devolución, incluido el no rechazo en la frontera», indicó De la Vega.

Según el Plan de Contingencia, «el tiempo de permanencia de los refugiados» en el área asignada para albergarlos «tiene que ser un máximo de seis meses, ya que en este período se identificarán alternativas de solución durable». (FIN/IPS/kl/ff/pr/00