Uno de los mayores empresarios de Chile fue acusado de «cómplice» de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) por la Funa, movimiento dedicado hace un año a poner en evidencia a violadores de derechos humanos con actos callejeros.
Más de 500 personas se dieron cita el sábado último frente a la empresa Elecmetal, en el área centro-sur de Santiago, cuyo propietario, Ricardo Claro Valdés, fue el décimo en la lista de «funados» por el movimiento que inició sus acciones el 1 de octubre de 1999 y la mayoría de cuyos integrantes son jóvenes.
En esa fecha, un centenar de manifestantes se concentraron frente a una exclusiva clínica de Santiago para acusar con tambores, gritos y pancartas al cardiólogo Alejandro Forero de haber supervisado torturas en centros clandestinos de detención de presos políticos en los primeros años de la dictadura.
La palabra «funa» alude a la acción ruidosa que en varios países de América Latina usaban antiguamente los prestamistas para exponer en público a sus deudores morosos, con un grupo de «cobradores» que propalaban frente a su vivienda o lugar de trabajo el compromiso no pagado.
«La similitud de esta práctica con la que realiza hoy el movimiento Funa es que los individuos seleccionados para 'funar' efectivamente tienen una enorme deuda», dijo la editora Silvia Aguilera.
«La diferencia radica en que a éstos no se les prestó nada, más bien ellos fueron los que irrumpieron en las casas y arrebataron la vida de muchos hombres y mujeres», sostuvo Aguilera.
«Por eso es que la deuda es enorme y la tienen no solo con los hijos, madres y familiares de las víctimas, sino con la sociedad a la que estos hombres y mujeres pertenecían», explica Aguilera, concluyó.
«La funa», en su acepción tradicional, dio el título y el tema a una canción del popular cantante chileno-brasileño Joe Vasconcellos, la cual sirvió, a su vez, para inspirar a quienes hoy hostigan a violadores de derechos humanos.
Se trata de la versión chilena de los «escraches» —término que en el lunfardo rioplatense significa poner en evidencia o delatar— , iniciados en la década del 90 en Argentina por la organización H.I.J.O.S., integrada por familiares de víctimas de la última dictadura en ese país (1976-1983).
«Si no hay justicia, hay funa», es la consigna de este movimiento, que se caracteriza por la perfecta organización de sus acciones que, aunque ruidosas y masivas, tienen un carácter, en última instancia, pacífico.
Las convocatorias a las manifestaciones se realizan por los más diversos medios, desde la comunicación verbal en el centro de estudios, el e-mail, las llamadas telefónicas e incluso avisos radiales. Pero en todos los casos se indica únicamente el lugar de la cita.
El nombre del «funado» solo se conoce una vez reunido el grueso de los manifestantes, entre los cuales los organizadores distribuyen volantes con los datos esenciales del personaje y los antecedentes de las acusaciones en su contra.
En el caso de Claro Valdés, un conocido empresario conservador, se recordó que cuando integraba el directorio de Elecmetal autorizó el 17 de septiembre de 1973, seis días después del golpe de Estado, la entrega a la policía de seis dirigentes obreros partidarios del derrocado gobierno de Salvador Allende.
Los seis «fueron asesinados brutalmente», afirma el volante sobre Claro Valdés. Sus cuerpos, abandonados en diversos sitios de Santiago, «presentaban torturas y múltiples impactos de bala», según los manifestantes.
En la manifestación frente a Elecmetal participaron jóvenes estudiantes hijos de desaparecidos que, vestidos con overoles y cascos, personificaron a los seis asesinados.
Según la Funa, Claro Valdés, dueño en 1973 de la compañía Sudamericana de Vapores, facilitó a los golpistas los barcos de esa empresa naviera de carga «para que allí fueran torturados y hechos desaparecer muchos chilenos».
La bulliciosa demostración incluyó un desfile de algunas cuadras entre la empresa Elecmetal y la sede del canal Megavisión, también propiedad del empresario.
Claro Valdés tiene, además, intereses en El Diario, un cotidiano especializado en economía, y en Metrópolis-Intercom, una de las mayores distribuidoras de televisión por cable en Chile.
Considerado uno de los hombres más ricos de América Latina por la revista Forbes, Claro Valdés tiene inversiones en viticultura, cristalerías y posee un consorcio de servicios en Internet.
El movimiento Funa actuó contra otras cinco personas denunciadas como torturadores de presos políticos, otro médico y una periodista que habría colaborado en un operativo de desinformación para ocultar un crimen de la policía represiva dictatorial.
Antes de la movilización contra Claro Valdés, una de las «funas» de mayor impacto fue la de mayo, que tuvo como objetivo al brigadier retirado del ejército Miguel Krasnoff, involucrado en la desaparición del chileno-francés Alfonso Chanfreau y absuelto judicialmente gracias a la ley de amnistía de 1978.
Organizaciones de derechos humanos señalan a Krasnoff como uno de los «altos jefes» de la Operación Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur de América Latina, por lo cual en la «funa» contra él participaron también representantes de H.I.J.O.S. de Argentina y delegados de Uruguay.
La Comisión Funa, como se hace llamar, está integrada en Chile por 17 organizaciones juveniles, políticas, de derechos humanos, feministas, obreras y culturales, además de una radio popular y una revista alternativa.
Para el diario derechista La Segunda, este movimiento se inspira en el odio y es contrario a la búsqueda de la reconciliación en la sociedad chilena. Sus activistas, según un reportaje de este vespertino, son «asesinos de imagen».
«Nuestra tarea es mantener viva la memoria y luchar así contra la impunidad que impuso la dictadura como precio para la transición a la democracia y que es la negación de la justicia», dijeron a IPS los entusiastas manifestantes que «funaron» al empresario Claro Valdés. (FIN/IPS/ggr/mj/hd/00
