Amnistía Internacional eligió a Japón para lanzar este mes una campaña contra la tortura de un año de duración, por tratarse de un país con influencia sobre China como donante, y por tanto capaz de presionarla en materia de derechos humanos.
«Detener la tortura de los activistas de los derechos políticos es responsabilidad del gobierno», declaró Kalsang Palmo, una monja tibetana de 35 años.
Palmo relató cómo la policía china la golpeó, pateó y torturó con picana eléctrica luego de arrestarla en 1988 por participar de una manifestación en reclamo de libertad para Tibet, anexado por la fuerza a China en 1950.
«Por eso estoy en Japón, porque quiero que Japón haga que China respete nuestro derecho a una tierra independiente», declaró la activista, quien se encuentra en Tokio junto a otras cinco víctimas asiáticas de tortura para compartir sus experiencias, como parte del lanzamiento de la campaña.
Pero activistas japoneses de los derechos humanos advirtieron que no será fácil para Japón adoptar una postura más agresiva en su diplomacia y política de ayuda al desarrollo.
«Japón es líder de Asia económicamente, pero en lo referente a presionar a otros gobiernos asiáticos en materia de derechos humanos, no hay mucha esperanza», declaró Norio Yamamoto, una activista.
«Tomemos el ejemplo de las cinco víctimas asiáticas de tortura que hablaron en el lanzamiento de la campaña. Tres de ellas viven en Japón, pero todavía no obtuvieron la visa, aunque algunas solicitaron el estatuto de refugiados hace años», señaló.
Aparte de Tibet, Amnistía invitó a víctimas de tortura de Birmania, Indonesia, Corea del Sur y el propio Japón, para que hablaran sobre sus experiencias.
«El japonés promedio fue educado para respetar la autoridad sin cuestionarla, por eso hay cierta renuencia a apoyar a las víctimas de tortura de otros países, porque son vistas como personas que desafiaron la ley», agregó el abogado Kaido Yuichi.
El birmano Phone Myint Tun, quien reside en Tokio como refugiado, pasó seis años en una cárcel de Birmania por participar en una manifestación estudiantil contra el régimen militar, que desconoció los resultados de las elecciones generales de 1990.
«Me golpearon y me exigieron que me arrepintiera. Me negaron alimentos, un abogado y un juicio justo, y ahora no puedo volver a mi tierra por temor a represalias», declaró.
La indonesia Yenny Rosa Damayanat, también residente en Japón, fue detenida en 1993 por sus actividades contra el gobierno del dictador Alí Suharto y sentenciada a un año de cárcel.
En prisión, relató, la azotaban rutinariamente, y rara vez se brindaba atención médica a los heridos.
Un informe de Amnistía titulado «Take a Step to Stamp Out Torture» (Demos un paso para erradicar la tortura) revela que la tortura es cometida principalmente por policías, soldados u otros agentes del Estado, pero también puede ser cometida por familiares de las víctimas.
La tortura se practica en más de la mitad de los países del mundo, y en 70 de 150 países estudiados se permite el maltrato por parte de agentes del Estado, según el informe.
La campaña de Amnistía tiende a progresar en tres áreas definidas: prevención de la tortura, lucha contra la discriminación y fin de la impunidad, informó Hideki Morihara, de Amnistía/Japón.
Las víctimas y Amnistía/Japón también se reunieron la semana pasada con funcionarios de Tokio y los urgieron a ejercer un papel más activo en contra de la tortura.
El informe de Amnistía también exhorta a los gobiernos a luchar contra la discriminación de género y destaca que la violencia contra la mujer es también una forma de tortura.
Las mujeres detenidas sufren abusos sexuales, pero muchas guardan silencio por temor a ser rechazadas por sus esposos y la sociedad en general. Las denuncias contra soldados raramente son investigadas, dice el estudio.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura establece la responsabilidad del Estado por actos de tortura realizados «con el consentimiento o la aprobación tácita de un funcionario público».
A pesar de todos los tratados y convenciones, los instrumentos de tortura para dar choques eléctricos, por ejemplo, se utilizan cada vez más en más de 20 países, entre ellos Estados Unidos, Filipinas, Sri Lanka y Turquía, denunció Amnistía. (FIN/IPS/tra-en/sk/js/mlm/hd/00
