COLOMBIA: Remedio es peor que enfermedad según ONG y guerrilleros

Representantes de la sociedad civil y del guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia afirmaron en Costa Rica que la estrategia impulsada por Bogotá con apoyo de Washington causará más violencia en su país en los próximos meses.

Esa estrategia se expresa en el Plan Colombia, reivindicado por Bogotá como una estrategia de desarrollo y combate al narcotráfico, cuyo costo previsto es 7.500 millones de dólares, 1.300 de ellos aportados por Estados Unidos.

Activistas de más de 100 organizaciones de la sociedad civil y dirigentes del ELN participaron en el «Encuentro Internacional sobre Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Colombia», que se realizó en San José del lunes al miércoles, con presencia de representantes del gobierno colombiano.

Representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el mayor grupo insurgente, enviaron a la reunión un comunicado en el cual señalaron que no asistirían al encuentro por razones de seguridad.

Los participantes, entre los cuales hubo también delegaciones internacionales, se comprometieron a trabajar para lograr un cese negociado del conflicto.

Augusto Ramírez Ocampo, ministro de Desarrollo de Colombia, Ramiro Vargas, un dirigente y portavoz del ELN, y Jorge Rojas, activista de la sociedad civil, firmaron un comunicado de cuatro párrafos en el cual señalaron la necesidad de una solución política pacífica.

«Declaramos la urgencia de que en el más breve plazo las partes en conflicto convengan acuerdos humanitarios de aplicación inmediata», se afirmó en el comunicado.

Los críticos del Plan Colombia presentes en la reunión afirmaron que ese proyecto es una nueva modalidad de intervención estadounidense en su país, y que su implementación puede provocar más inseguridad y muertes.

«El Plan Colombia es un plan de guerra, y si se aplica el conflicto será mayor», dijo a IPS Vargas.

Ramírez arguyó, por el contrario, que se trata de una estrategia integral mediante la cual será posible captar muchos recursos financieros internacionales, en beneficio de su país.

«Es un plan impuesto a nuestra realidad, responde más a la agenda antinarcóticos de Estados Unidos que a la agenda de paz que compromete a los colombianos», opinó Rojas, líder de la coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG) de la sociedad civil presente en el encuentro, denominada Paz Colombia.

El Plan Colombia prevé una erradicación paulatina de cultivos de coca mediante el uso de fuerzas militares, que incluirá fumigaciones aéreas masivas sobre las plantaciones. Las ONG temen que eso aumente la crispación social y los enfrentamientos con los agricultores.

Ramírez dijo a IPS que no se fumigarán los cultivos de pequeños campesinos, sino las grandes plantaciones de coca y de otras plantas que se emplean para producir drogas.

Las diferencias en relación con el proyecto perturbaron el diálogo con los representantes del gobierno colombiano durante el encuentro, en el cual no se logró consenso para la principal iniciativa de las ONG, una tregua de 100 días a partir del 1 de diciembre.

«La situación en Colombia avanza, pero no hacia la paz sino hacia la guerra», comentó a IPS Antonio Navarro Wolff, dirigente del ex guerrillero grupo colombiano M-19 y en la actualidad integrante de la Cámara de Representantes de su país.

Navarro Wolff opinó que el gran legado de la reunión en Costa Rica fue que por primera vez las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional desempeñaron un papel relevante en el diálogo para poner fin al conflicto.

«Pero, ¿van a seguir teniendo fuerza los grupos civiles? Eso no lo sabemos», añadió.

En el comunicado firmado por representantes del gobierno, el ELN y Paz Colombia se reconoció que en la actualidad hay «consensos» entre ellos pero también «disensos», y se asumió el compromiso de estudiar informes elaborados por varias grupos de trabajo durante el encuentro.

«El problema es que la sociedad colombiana está muy dividida y hay mucha desconfianza entre las partes», dijo a IPS la abogada costarricense Sonia Picado, ex presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y moderadora de uno de los grupos de trabajo.

El encuentro fue un paso «muy importante, pues se están abriendo las puertas de la negociación política», a pesar del clima tenso que predominó en las reuniones, añadió.

Sin embargo, el dolor aun golpea las puertas de la población inocente. En un estudio no gubernamental avalado por la Organización de las Naciones Unidas se indicó que entre octubre de 1999 y marzo de este año hubo en Colombia 2.529 muertes debidas a violencia sociopolítica.

De ellas, 1.791 fueron asesinadas fuera de escenarios de combate.

Según la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, cada día son víctimas directas de violencia sociopolítica en Colombia 14 personas, de las cuales ocho son asesinadas por razones ideológicas, cuatro mueren en combate y una es víctima de desaparición forzada.

«El conflicto es muy complejo, y no nos podemos hacer ilusiones de que se va a resolver de la noche a la mañana», afirmó Vargas. (FIN/IPS/nms/mp/ip/00)