El paro de los dueños de camiones entró hoy en su segundo día en Chile con síntomas de debilitamiento, mientras los dirigentes endurecían sus posiciones y se descartaba un acuerdo entre los huelguistas y el gobierno.
La Confederación Nacional de Dueños de Camiones mantiene bloqueadas desde el martes las principales carreteras del país, provocando una disminución del flujo de vehículos de pasajeros y de carga estimada en 75 por ciento en el primer día del paro.
El ministro del Interior, José Miguel Insulza, señaló el martes que el gobierno de Ricardo Lagos no dialogará con Héctor Moya, líder de la Confederación de Dueños de Camiones, «mientras no se despejen las vías».
La principal demanda de los camioneros es la eliminación de impuestos al diesel. Exigen, así mismo, el aumento de las tarifas de carga y la derogación de disposiciones de la Ley de Tránsito que consideran perjudiciales, como los cursos especiales de conducir.
La realización de este paro en octubre hace recordar el movimiento que en el mismo mes de 1971 llevaron a cabo los camioneros contra el entonces presidente Salvador Allende. Fue la primera acción empresarial para desestabilizar un gobierno que finalmente sería derrocado por las Fuerzas Armadas, el 11 de septiembre de 1973.
El presidente Lagos, quien al igual que Allende es socialista, sostiene que el gobierno ha cumplido compromisos asumidos anteriormente con los camioneros y acusa a Moya de intransigencia, sugiriendo que el paro es de inspiración política.
El ministro Insulza descartó problemas de abastecimiento de bienes esenciales en el corto plazo a raíz de este paro de carácter indefinido, que causa inquietud en el sector empresarial y ha tenido impacto en el mercado de cambios y en las cotizaciones de bolsa.
La cotización del dólar rompió el martes la «barrera» de los 570 pesos y se mantuvo este miércoles sobre ese límite, mientras que el índice selectivo de acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago caía dos por ciento.
Si bien ambos fenómenos son atribuidos también a las turbulencias bursátiles internacionales derivadas del conflicto de Medio Oriente y al renovado aumento del precio del petróleo, se advierte también en ellos un componente local, vinculado al impacto del paro de los camioneros en las expectativas económicas.
Walter Riesco, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, es uno de los personajes empeñados en mediar entre Moya y el gobierno, para que se abra un diálogo orientado a acabar con el paro.
El líder de los huelguistas dijo que el gobierno desechó el martes una propuesta de acuerdo y acusó a las autoridades de querer mantener el conflicto para «tapar» el escándalo desatado hace tres semanas por la denuncia de indemnizaciones excesivas pagadas a ex ejecutivos de empresas estatales.
Insulza desmintió a Moya y negó «contactos indirectos» por los cuales se habría hecho llegar una propuesta de acta de acuerdo al gobierno, lo cual fue desmentido también por el senador oficialista Sergio Bitar, uno de los supuestos mediadores.
Moya asegura que adhirieron al movimiento los dueños de 7.500 camiones afiliados a su confederación, pero el gobierno precisó que participan realmente en el paro unos 3.600 vehículos a través del bloqueo de carreteras.
En uno u otro caso, la huelga provoca serias dificultades al transporte terrestre, interrumpiendo sobre todo el desplazamiento de autobuses interprovinciales, con los consiguientes problemas para los pasajeros.
Moya planeaba inicialmente la paralización de todos los gremios del transporte, incluyendo a los autobuses y taxis urbanos, pero los dirigentes de esos dos grupos se marginaron en las últimas semanas de la protesta.
Algunas agrupaciones de choferes de camiones denunciaron que los dueños los obligaron a participar en la protesta, pese a no estar de acuerdo con una huelga que califican de «patronal».
Los camioneros bloquearon las carreteras en unos 30 puntos en todo el país, desde Arica, 2.000 kilómetros al norte de Santiago, hasta Punta Arenas, unos 2.500 kilómetros al sur.
Pese al anuncio de que se dejarían vías expeditas para el tránsito de vehículos de emergencia, en algunos casos fueron bloqueadas todas las pistas de la carretera Panamericana, que une Chile de norte a sur.
El gobierno continúa estudiando la posible aplicación a Moya de la Ley de Seguridad del Estado, en caso de que el paro derive en la interrupción de suministros esenciales o provoque accidentes que comprometan la vida de personas.
En el estratégico puerto de Iquique, 1.800 kilómetros al norte de la capital, la mayoría de los camioneros resolvieron este miércoles apartarse de la huelga y trasladar 600 contenedores retenidos en la zona franca aduanera.
En Punta Arenas también hubo un levantamiento parcial de la protesta, mientras que el principal gremio de transportistas de Concepción, 515 kilómetros al sur de Santiago, se mantuvo al margen de la huelga desde su inicio.
Según camioneros adversos a Moya, estas deserciones han derivado en un endurecimiento de los dirigentes, que se traduce en presiones para que se plieguen al paro y amenazas a quienes no lo hacen.
José Vera, un pequeño empresario camionero, aseguró que en Hijuelas, al norte de Santiago, fue interceptado por los huelguistas, quienes lo amenazaron con romper el parabrisas, pinchar los neumáticos e incluso volcar el vehículo si no interrumpía sus actividades. (FIN/IPS/ggr/ip if/00
