La justicia de Argentina pidió hoy la extradición del ex dictador de Chile Augusto Pinochet (1973-1990) por el asesinato en 1974 del ex jefe del Ejército chileno Carlos Prats y de su esposa Sofía Cuthbert, perpetrado en Buenos Aires.
Cecilia Prats, una de las dos hijas del matrimonio asesinado, expresó este viernes su satisfacción ante la decisión judicial que ella y su hermana habían solicitado este mismo mes.
«Todos somos iguales ante la ley, y Pinochet deberá esclarecer este hecho», subrayó la mujer, que reclama ante la justicia hace 26 años.
Prats fue antecesor de Pinochet en la jefatura del Ejército, además de vicepresidente y ministro del Interior del derrocado Salvador Allende (1971-1973). Pero tras el golpe de Estado se exilió con su esposa en Buenos Aires, donde murieron a causa de la detonación de una bomba debajo de su automóvil.
El pedido de extradición a Pinochet y otros militares corre paralelo al juicio por el doble crimen, que comenzó el 9 de octubre en Buenos Aires y que tiene como único acusado —como «partícipe necesario»— a Enrique Arancibia Clavell, ex agente de la DINA, la policía secreta chilena.
El Estado chileno es parte querellante en este proceso, junto con las hijas del matrimonio asesinado.
El autor confeso del atentado es Michael Townley, otro agente que también intervino en el asesinato en Washington del ex canciller del gobierno de Allende, Orlando Letellier. Pero Townley es testigo protegido en Estados Unidos.
Se sabe que él preparó el explosivo y su esposa, Mariana Callejas, detonó la bomba.
Por esa razón, todo el proceso se concentra ahora en Arancibia Clavell, detenido desde 1996, a quien los testigos involucran en la planificación del atentado pese a que él insiste en negar su carácter de agente de inteligencia y haber estado en Argentina en el momento del crimen.
Al mismo tiempo, la justicia argentina persigue a los responsables máximos de la asociación ilícita que habría cometido este crimen, considerado por la Cámara Federal de Justicia como de «lesa humanidad», y por lo tanto sin posibilidad de prescripción a pesar del largo tiempo transcurrido.
Así, el juez federal Juan José Galeano libró este viernes orden de captura contra Pinochet, otros cuatros militares y un civil, para que sean extraditados a Argentina, donde se los debería juzgar como cabecillas de la organización que ordenó el asesinato de Prats y de su esposa.
Los restantes requeridos son el general Raúl Iturriaga Neumann — señalado como jefe de la DINA en el exterior—, los brigadieres Manuel Contreras y Pedro Espinoza —condenados en Chile por el caso Letelier—, el brigadier José Luis Zara y Callejas, la esposa de Townley.
El fiscal Jorge Burlando explicó, que en caso de ser extraditado, Pinochet podría quedar preso pues los delitos por los que se lo requiere no son excarcelables. Se sospecha que el ex dictador fue el responsable de la organización que perseguía a opositores fuera de las fronteras chilenas.
Desde que comenzó el proceso contra Arancibia Clavell, se sucedieron diversos testimonios que incriminan al ex agente. Algunos pertenecen a detenidos de Argentina o Chile que aseguraron haber sido secuestrados por fuerzas conjuntas de ambos países entre cuyos miembros figuraba el imputado.
«Townley me aseguró que Arancibia era el nexo de la DINA en Buenos Aires», declaró Rafael Castillo, experto de la policía de investigaciones de Chile, quien participó de las pesquisas para esclarecer el crimen de Letelier y tuvo oportunidad de entrevistar al testigo protegido en Estados Unidos.
Castillo explicó ante el tribunal que su investigación le permitió conocer que, además de la DINA propiamente chilena, existía otra estructura reducida y secreta que operaba en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Italia, Paraguay y Uruguay.
El policía aseguró que la dictadura de Pinochet suministraba pasaportes falsos a sus agentes para que organizaran la persecución y asesinato de opositores al ex dictador, entre los que se encontraba Prats, un general leal al derrocado presidente socialista Salvador Allende.
Sin embargo, la defensa de Arancibia Clavell insiste en que el testimonio de Townley fue brindado a puertas cerradas y, en todo caso, desincrimina a su cliente al reconocer que sólo lo conoció en 1975, un año después del asesinato de los Prats.
Otra testigo fue Isabel Allende, hija del ex presidente, para quien Prats era un general muy respetado en las Fuerzas Armadas, y llevó ante el tribunal cartas del militar escritas en Buenos Aires en las que habla de la «traición» de Pinochet, de su «pequeñez mental» y de su «perversidad espiritual».
Del mismo modo, el hermano de la esposa de Prats, Harold Cuthbert, recordó que ella y su cuñado insistían ante el gobierno chileno para conseguir los pasaportes que les permitieran salir de Argentina y refugiarse en Europa, pero los documentos nunca llegaron.
La demora en la entrega de la documentación les impedía a los Prats aceptar las invitaciones para refugiarse en España o Gran Bretaña, donde habían sido invitados para huir de las amenazas y los seguimientos a los que eran sometidos en Buenos Aires durante el último gobierno de Juan Domingo Perón (1973-1974).
Según los documentos que sobrevivieron al atentado, Perón recibió a Prats y su ministro de Economía entonces, José Gelbard, y le consiguió un empleo, pero al poco tiempo mediante esquelas escritas le recomendó abandonar el país porque ya no podía protegerlo. (FIN/IPS/mv/mj/ip hd/00
