Un contrato entre Australia y una firma de Argentina para la construcción de un reactor atómico en las afueras de Sidney viola la Constitución argentina por disponer el reprocesamiento de residuos nucleares en ese país, denunciaron ambientalistas.
La firma de un contrato entre Canberra y una empresa argentina para construir un pequeño reactor en un centro de investigaciones dio lugar a un gran debate sobre la legalidad del acuerdo, porque los críticos dicen que es inconstitucional en Argentina.
Esta semana, una comisión parlamentaria australiana fue informada de que, según las leyes de Argentina, es ilegal el contrato por 172 millones de dólares con la firma INVAP de ese país para construir un reactor para la Organización Australiana de Ciencia y Tecnología Nuclear (ANSTO).
El contrato fue firmado en julio entre el gobierno australiano, del cual forma parte ANSTO, y la firma INVAP. Si bien el contrato aguarda su aprobación final, se prevé que el ente argentino empezará en 2001 la construcción del nuevo reactor en Lucas Heights, en los suburbios de Sidney.
Raúl Montenegro, presidente de la Fundación de Defensa Ambiental de Argentina (FUNAM), dijo el viernes a la comisión investigadora del Senado que el requerimiento de reprocesar los residuos nucleares en su país viola las cláusulas antiatómicas de la Constitución nacional.
Montenegro, quien también es profesor de biología evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba, dijo a los inquirentes que bajo el artículo 41 de la Constitución argentina, aprobado en 1994, «la entrada de residuos radiactivos está prohibido, y el combustible usado es justamente basura radiactiva».
El gobierno australiano se habría metido en más problemas con el contrato al tratar de disipar temores sobre el destino de los detritos radiactivos producidos por el nuevo reactor y aceptar que podrían ser fletados al exterior para su reprocesamiento.
El ejecutivo ya está enfrentando fuerte oposición por la descarga de residuos nucleares en Australia y el desborde de las instalaciones de almacenamiento de material radiactivo de bajo nivel. Las medidas propuestas por ANSTO para los residuos radiactivos del nuevo reactor reavivaron la polémica.
El contrato entre ANSTO e INVAP sigue siendo secreto, pero en agosto el senador australiano Nick Minchin informó a la comisión parlamentaria para Industria, Ciencia y Recursos que el contrato con INVAP contiene cláusulas sobre el posible envío del combustible usado a la Argentina para procesarlo.
La revelación también provocó las protestas de activistas argentinos. «No podemos aceptar como ciudadanos la firma de un contrato que abre nuestras fronteras a la entrada de residuos nucleares autralianos. Nuestra Constitución es clara y prohíbe la entrada de materiales radiactivos», dijo Montenegro.
Minchin prefirió no hablar de las disposiciones antinucleares de la Constitución argentina, pero recordó que la Autoridad Reguladora Nuclear (NRA) de Argentina aprobó la importación de residuos del reactor australiano.
«La NRA también afirmó que, ante un improbable ingreso temporal a la Argentina de combustible usado para su reprocesamiento, eso estará en perfecta consonancia con la legislación nacional», aseguró Minchin.
Sin embargo, Montenegro arguyó que la autorización de NRA no convierte en legítima la importación de residuos nucleares a Argentina.
«Por supuesto que la NRA concede autorización para una serie de actividades nucleares, pero la Constitución está por encima de sus decisiones y éstas no pueden violar tampoco las leyes provinciales de entrada, transporte y almacenamiento de residuos radiactivos en sus territorios», dijo a la comisión.
Montenegro expresó dudas sobre que las agencias gubernamentales australianas hubieran investigado a fondo a INVAP y sus propietarios.
Si bien las agencias oficiales australianas sostienen que INVAP trabaja en estrecho contacto con la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina (CNEA), FUNAM dice otra cosa muy distinta.
«INVAP es CNEA y CNEA es INVAP. Nuestra opinión es que ANSTO nunca hizo una investigación en profundidad sobre INVAP-CNEA y otros interesados», arguyó el biólogo.
Explicó que INVAP no puede ser considerada una compañía independiente porque cuatro de los siete directores que CNEA integran el consejo directivo de INVAP.
Sin embargo, «INVAP trata de evitar cualquier tipo de vinculación con CNEA y su controvertida historia reciente», dijo Montenegro.
«INVAP está probando ilegalmente un reactor nuclear en la provincia (argentina) de Río Negro, sin ningún tipo de autorización del gobierno local. CNEA es ampliamente conocida en Argentina por su pésimo manejo de intalaciones, materiales y residuos radiactivos», continuó Montenegro en su informe.
«Desde 1952, sus operaciones provocaron la descarga de 80.000 toneladas de residuos de bajo nivel radiactivo en el terreno de la planta (en la ciudad de Córdoba), sin el debido aislamiento», apuntó, refiriéndose a lo que se conoce en Argentina como el escándalo «La Atómica».
La preocupación de Montenegro acerca de INVAP tiene el apoyo de la compañía germana Siemens, que compitió sin éxito para obtener el contrato australiano.
«Objetamos los exámenes hechos al oferente preferido, tanto en la fase de precalificación como en la etapa contractual», declaró John Chapman, gerente de proyectos de Siemens, y llamó la atención de la comisión sobre el desempeño del reactor peruano RP10 de investigación construido por INVAP.
«Entendemos que se produjeron fallas imperceptibles en un principio, que causaron después el cierre temporal de las instalaciones», afirmó Siemens.
Mientras ANSTO confía en que las protestas por el contrato del reactor se atenuarán, FUNAM planea una acción judicial contra los funcionarios públicos que firmaron el acuerdo porque transgredieron las leyes.
«Como ciudadanos argentinos y también funcionarios públicos tienen la obligación de cumplir con la ley, y es obvio que les interesó más la firma del contrato que tener en cuenta que nuestra Constitución prohíbe la entrada de basura radiactiva», concluyó Montenegro. (FIN/IPS/tra-en/bb/js/ego-mlm/en/00
