Productores agropecuarios iniciaron hoy en Argentina una huelga de seis días en protesta por la grave crisis del sector, con caída de precios de hasta 50 por ciento en tres años, y para reclamar a las autoridades una política que ayude al campo a salir del estancamiento.
Unos 200.000 pequeños y medianos productores, nucleados en tres entidades, detuvieron sus actividades este lunes para reclamar la eliminación de impuestos, reducción del precio de insumos básicos y, de ser necesario, ayuda para sostener el valor de sus productos.
«Esta es la peor crisis en 50 años, y no tenemos respuestas», sostuvo este lunes el presidente de la organización Coninagro, Manuel Cabanellas.
«Después de 10 meses de negociar con el nuevo gobierno, no vemos decisión política de tomar medidas para sacar al campo de esta quietud que nos lleva cada vez más al fondo», añadió.
Los productores viven hoy una paradoja. Mientras las últimas cosechas figuraron entre las más voluminosas de las últimas décadas, los precios internacionales caen desde 1997 y al mismo tiempo se incrementan en Argentina impuestos e insumos clave como el combustible, cuyo valor se triplicó en 10 años.
Así, un productor que siembre entre 2.000 y 3.000 hectáreas de trigo practicamente no puede mantener a su familia ni pagar salarios a sus peones porque el precio de la tonelada, que cayó de 200 a 100 dólares en los últimos dos años, hace casi nula la rentabilidad de la actividad, a pesar de las buenas cosechas.
Los precios comenzaron a declinar luego de la crisis financiera en el sudeste asiático (1997), que afectó la demanda de granos y oleaginosas.
Pero con la recuperación de esas economías, las ventas no aumentaron en la magnitud esperada ni tampoco los precios, debido a los subsidios que aplican los países industrializados.
La Unión Europea, Estados Unidos y Japón gastan 360.000 millones de dólares al año en subvencionar la producción y exportación rural, contribuyendo así al bienestar de sus agricultores y al mantenimiento de precios bajos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Argentina en cambio, lejos de subsidiar a sus productores aplica fuertes tributos al sector, que debe así competir con el mercado internacional en condiciones muy desventajosas. Prácticamente, el campo no deja ganancias más que a las grandes empresas que acumularon mucha tierra y producen en escala.
Por su parte, el precio del gas oil, que es el combustible que se utiliza en Argentina para las maquinarias agrícolas y para el traslado del cereal, pasó de 18 a 52 centavos en 10 años, y junto a estos incrementos de costos se aumentaron también numerosos impuestos.
Por eso, en esta huelga rural —la primera contra la gestión del presidente Fernando De la Rúa, que comenzó en diciembre, pero la tercera en un año y medio— están involucrados desde los productores hasta los comercializadores, los transportistas y los que industrializan algunos productos de agrícolas.
Los únicos que no adhirieron fueron los productores nucleados en la Sociedad Rural, que agrupa a los grandes hacendados, la mayoría ganaderos.
La ganadería —además de estar un poco menos afectada por la crisis de precios— viene de estar paralizada casi dos meses por un alerta por rebrotes de aftosa que se logró controlar.
Con esta crisis, los productores acumulan, además, deudas por unos 6.000 millones de dólares, y deben pagar impuestos por los atrasos con la banca oficial.
Muchos de los propietarios de campos hipotecaron las tierras, que fueron a remate en un proceso de concentración creciente de la propiedad y de migración a las ciudades.
La Federación Agraria Argentina sostuvo que la rentabilidad del campo hoy cayó, en promedio, 25 por ciento respecto de la década del 90, a pesar de que los productores siguen confiando en su actividad y producen cada vez con más eficiencia y en mayores volúmenes para la exportación.
Desde que asumió el nuevo gobierno, los dirigentes rurales se reunieron numerosas veces con el secretario de Agricultura, Antonio Berhongaray, pero concluyeron que el funcionario «tiene buena voluntad pero ningún instrumento» para afrontar la grave crisis, dijo Cabanellas.
El ministro de Economía, Jose Luis Machinea, recibió a los productores la semana última y les ofreció rebajas y transferencias impositivas, pero los dirigentes consideraron insuficiente la oferta y se lanzaron a una huelga que paralizará al sector y podría provocar desabastecimiento en centros urbanos.
La huelga se realiza «tranqueras afuera», es decir que productores y camioneros están apostados en puntos claves de los caminos protestando y verificando que todos los involucrados se plieguen a la convocatoria, que se prolongará hasta el sábado a la medianoche si no media una respuesta satisfactoria de las autoridades. (FIN/IPS/mv/mj/if dv/00
