Organizaciones no gubernamentales conformaron un movimiento en Colombia en busca de estructurar una propuesta alternativa al nuevo plan de lucha contra las drogas del gobierno, que cuenta con ayuda especial de Estados Unidos.
El grupo denominado Paz Colombia, que nuclea a unas 70 agrupaciones civiles de distinto tipo, se gestó en julio en las reuniones paralelas a la instalación en Madrid de una mesa de donantes por parte del presidente Andrés Pastrana.
En esa oportunidad emitieron una declaración crítica de la estrategia gubernamental, que fue apoyada por organizaciones no gubernamentales europeas.
Paz Colombia intentará consolidarse en un encuentro a realizarse entre el 17 y el 19 de octubre en Costa Rica, informaron los promotores.
«Cada organización estaba haciendo lo suyo, pero el Plan Colombia permitió el acercamiento al coincidir que no es el programa que necesita el país», dijo a IPS Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Rojas explicó que el primer paso fue rechazar el plan de Pastrana por considerar que no es producto de una concertación entre los distintos sectores sociales y entender que será un factor que profundizará la guerra civil.
Paz Colombia es integrada, entre otros, por Codhes, la Red de Iniciativas para la Paz, el Mandato Ciudadano para la Paz, la Red de Universidades por la Paz y la Convivencia, el Instituto de Estudios para la Paz, el Centro de Investigación y Educación Popular, La Casa de la Mujer y la Corporación Utopías.
El movimiento realizó la semana pasada, en preparación a la reunión de Costa Rica, un foro llamado «El Sur responde al Plan Colombia».
En ese encuentro los habitantes de Putumayo, departamento del sudeste del país que será epicentro del programa de erradicación de cultivos ilícitos, manifestaron su rechazo a la estrategia gubernamental, apoyada por Washington con 1.300 millones de dólares.
Las conclusiones del foro indican que Putumayo afronta una severa crisis humanitaria, debido a la disputa territorial entre el ejército, la guerrilla izquierdista y los paramilitares de derecha, sumado a los problemas económicos de los campesinos en una zona de gran concentración de plantaciones de coca.
En Putumayo operan tres frentes de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acusados de violaciones a los derechos humanos y de ejercer fuertes controles contra los habitantes con la justificación de que buscan evitar las incursiones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Por su parte, los paramilitares de derecha, llamados aquí Autodefensas del Sur, imponen en la zona rural de Bajo Putumayo el cobro de peajes a la población, comerciantes y hasta narcotraficantes.
El Centro de Educación y Cultura Popular (Cinep) y la Codhes entienden que El Plan Colombia ocasionará en Putumayo y en el resto del sudeste colombiano el desplazamiento de unas 150.000 personas, que se sumarán a las 1,9 millones que ya han sido expulsadas de sus hogares por el conflicto armado desde 1985.
Otras actividades preparatorias de la reunión de Costa Rica serán el encuentro nacional que se llevará a cabo el 6 y el 7 de octubre en Bogotá, donde se examinará la crisis humanitaria del país, y el foro de «Colombianos refugiados en Europa», que se realizará en Bruselas el 9 y el 10 de octubre.
Miembros de Paz Colombia, que pidieron el anonimato por razones de seguridad, dijeron a IPS que existe consenso en que «los colombianos comprometidos con la paz no pueden permanecer por más tiempo sólo como espectadores de esta funesta guerra».
Agregaron que es un deber de los sectores sociales comprometidos el buscar otra alternativa al Plan Colombia.
Los activistas explicaron que todos los grupos del movimiento comparten el criterio de que el gobierno de Pastrana se ha comprometido aún más con la política antidrogas de Estados Unidos.
Esta estrategia «no resuelve el grave conflicto del narcotráfico, ya que no fue concertado democráticamente y pone en peligro el actual proceso de paz», aseguraron.
Los organizadores de la reunión de Costa Rica señalan que ese foro será el tercer escenario internacional en el que se debatirá el Plan Colombia, de 7.500 millones de dólares de costo y que Pastrana define como «una estrategia para la paz, el desarrollo y la lucha contra el narcotráfico».
El primero fue la presentación del programa en octubre de 1999 en Washington, para obtener del Congreso la asistencia de 1.300 millones de dólares, 70 por ciento de la cual está orientada al equipamiento militar.
La segunda oportunidad que tuvo la comunidad internacional de discutir el plan de Pastrana fue en julio pasado, cuando se instaló la mesa de donantes en Madrid, en la que participaron delegados de Estados Unidos, Japón, 25 países de Europa y siete organismos internacionales.
Allí se manifestó el interés en apoyar los proyectos colombianos encaminados al desarrollo social, económicos y ambiental, «orientados a establecer una base estable y duradera para la paz».
En esa oportunidad, Colombia logró un aporte de 871 millones de dólares de parte de España, Estados Unidos, Noruega y de la Organización de las Naciones Unidas.
En cambio, la Unión Europea (UE) no logró consenso para la donación a raíz de las discrepancias que existen entre sus miembros por las críticas al plan que realizan las organizaciones no gubernamentales.
La UE anunció que este mes dará a conocer su posición en un encuentro con delegados colombianos a realizarse en Bogotá. Sin embargo, portavoces de Bogotá indicaron que la reunión se aplazó y que Pastrana piensa hacer una gira por Europa para conseguir los aportes que se requieren para la financiación total del plan.
Promotores de Paz Colombia señalaron que no se oponen a la ayuda internacional que requiere el proceso de paz, pero antes el movimiento social debe «redefinir cual es el plan que necesita el país» y que la ayuda debe ser «para la paz y los derechos humanos y no para la guerra». (FIN/IPS/yf/dm/ip hd/00
