Miles de tailandesas viven en condiciones similares a la esclavitud como prostitutas en Japón, denunció Human Rights Watch (HRW), la principal organización de defensa de los derechos humanos de Estados Unidos.
Las autoridades japonesas no tomaron las medidas necesarias para limitar el tráfico sexual, sobre todo contra los grupos del crimen organizado que se benefician con esta situación, señala el informe de HRW divulgado el jueves.
«Si el gobierno japonés está tan 'preocupado' por el problema, debería hacer algo por las víctimas en lugar de limitarse a hablar al respecto», dijo Regan Ralph, directora de la División de Derechos de la Mujer de HRW.
Regan precisó que las principales víctimas de la represión policial contra la prostitución son las prostitutas extranjeras.
El informe del jueves es el último de una serie de HRW sobre el tráfico mundial de mujeres, basado en un estudio de seis años realizado por la organización y otros grupos de derechos humanos en Japón y Tailandia.
Gran parte del estudio consiste en entrevistas realizadas a las víctimas.
Su divulgación coincide con una iniciativa en el Congreso estadounidense para reforzar las leyes contra el tráfico humano, que según un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), se convirtió en un sector multimillonario en dólares y en la fuente de ganancias de mayor crecimiento del crimen organizado.
Hasta dos millones de personas, principalmente mujeres y niños, cruzan las fronteras nacionales cada año en busca de trabajo, pero en muchos casos resulta ser una forma de esclavitud relacionada con la prostitución o el trabajo forzado.
La CIA calculó que 50.000 personas en esta situación ingresan por año a Estados Unidos, en su mayoría de Europa oriental, la ex Unión Soviética, México y Asia.
Como Estados Unidos, el rico Japón también es una fuente de atracción para los pobres, sobre todo del resto de Asia. HRW calcula que existen 150.000 mujeres no japonesas, muchas de ellas tailandesas o filipinas, que trabajan como prostitutas.
La explotación sexual padecida por extranjeras ha sido un tema delicado en Japón desde hace tiempo. En la segunda guerra mundial, el ejército imperial japonés capturó a unas 200.000 mujeres de tierras conquistadas para utilizarlas como esclavas sexuales de sus soldados.
Tokio se disculpó verbalmente con estas mujeres, pero ignoró sus reclamos de indemnización. Por esa causa, 15 mujeres asiáticas demandaron al gobierno japonés ante un tribunal estadounidense esta semana.
En los años 60 y 70, los hombres japoneses eran conocidos en toda Asia por participar en «giras sexuales» por la región, y muchas compañías japonesas ofrecían «vacaciones sexuales de fin de semana» en Tailandia, Filipinas y Corea del Sur como bonificación anual de sus empleados.
Esas prácticas generaron fuertes críticas contra Japón. En consecuencia, las organizaciones criminales se dedicaron a llevar mujeres a ese país y la cantidad de prostitutas extranjeras aumentó a su nivel actual.
Típicamente, las tailandesas llegan a Japón tras recibir la promesa de empleo como meseras u obreras de fábrica, o en la creencia de que ganarán mucho dinero como prostitutas.
Sin embargo, una vez en ese país, se encuentran con enormes deudas (en general de 25.000 a 40.000 dólares) y «obligadas a trabajar bajo condiciones brutales, sin compensación, hasta ser liberadas», dice el informe.
En la mayoría de los casos, las mujeres son obligadas a pagar sus deudas trabajando como «anfitrionas» de bar que acompañan a los clientes a hoteles cercanos a satisfacer sus deseos sexuales, agrega el documento.
Además, no pueden rechazar clientes, insistir en el uso de un condón ni procurar atención médica sin el consentimiento de sus empleadores.
Mientras están endeudadas, muchas mujeres son vigiladas de manera constante, a menudo con cámaras de video o luces sensibles al movimiento, y obligadas a satisfacer todas las demandas de sus clientes, sostiene el informe.
La desobediencia puede ser causa de multas, violencia física y aun de «reventa» a terceros, con una deuda mayor. Si las víctimas acuden a las autoridades, generalmente son deportadas, según HRW.
«Ellas saben que como extranjeras indocumentadas y prostitutas, el mejor tratamiento que pueden esperar es una deportación sumaria, mientras las autoridades pasan por alto los abusos que sufrieron a manos de sus traficantes», señaló Ralph.
La mayoría de las entrevistadas para el estudio finalmente pagaron sus deudas en un período de varios meses a dos años, y permanecieron en Japón para ganar dinero para ellas y sus familias en Tailandia.
Sin embargo, a muchas otras las condiciones de trabajo les resultaron tan insoportables que decidieron volver a casa, aun con las manos vacías.
Los gobiernos de Tailandia y Japón, que participan en la redacción de un protocolo de las Naciones Unidas contra el tráfico de personas, están conscientes de la situación y reconocieron públicamente la gravedad del problema.
No obstante, existe escasa apreciación de la situación de las víctimas, en particular en Japón.
Las autoridades japonesas en general consideran a las mujeres como «criminales» indignas de apoyo y les niegan el acceso a la atención de la salud o la oportundiad de demandar a sus empleadores.
En cambio, los empleadores o traficantes raramente son procesados, y cuando lo son, se les acusa de delitos de inmigración o de buscar prostitutas, y nunca de violaciones a los derechos humanos como trabajo forzado, confinamiento ilegal o lesiones.
Por su parte, el gobierno de Tailandia realiza esfuerzos para prevenir el tráfico mediante programas de información al público y proyectos de capacitación y empleo en áreas donde las mujeres son reclutadas por traficantes.
También revisa minuciosamente los pasaportes y ayuda a las víctimas que regresan desde Japón con servicios de rehabilitación.
Sin embargo, las leyes contra los traficantes son difíciles de aplicar, y el gobierno no ayuda a las víctimas a demandar a sus empleadores en Japón. (FIN/IPS/tra-en/jl/da/mlm/hd/00
