El general chileno Manuel Contreras, identificado por la CIA como uno de sus informantes a sueldo durante la dictadura en Chile de Augusto Pinochet, se suma a una larga lista de represores de América Latina que hicieron dinero con la agencia de Estados Unidos.
La revelación el martes de la relación entre Contreras y la CIA (Agencia Central de Inteligencia) tiende a confirmar la impresión de que la agencia reclutó a altos funcionarios de inteligencia de América Latina en forma rutinaria y sin tomar en cuenta sus antecedentes en materia de derechos humanos.
La revelación otorga credibilidad a las versiones de que Vladimiro Montesinos, el jefe de inteligencia de Perú caído en desgracia luego de que fuera filmado sobornando a un legislador, tiene una relación similar con la CIA, a pesar de que esta asegura que excluye a los violadores de derechos humanos entre sus asalariados.
La CIA aún no divulgó cuánto le pagó a Contreras, quien cumple una pena de siete años de cárcel en Chile por ordenar el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, en la capital estadounidense en 1976, y fuera director desde 1976 de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Pero sí se sabe que la CIA compró el silencio del grupo de futuros golpistas con 35.000 dólares después de que asesinaron al jefe del ejército militar chileno René Schneider, poco antes de la entrega del gobierno a Salvador Allende en 1970.
Estos datos surgieron de un informe de la agencia divulgado esta semana que reitera en gran parte lo develado en la investigación que hiciera el Congreso de Estados Unidos en los años 70 sobre la CIA.
Durante la investigación del Congreso en 1975, la CIA insistió que había cesado su apoyo al grupo varios días antes del asesinato de Schneider.
El informe incluyó datos nuevos, según Peter Kornbluh, de la organización no gubernamental National Security Archive.
Por ejemplo, confirma que la CIA mantuvo una actitud displicente hacia las denuncias sobre crímenes contra los derechos humanos de la DINA y que conoció del propio Contreras la existencia del Plan Cóndor, coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de América en los años 70.
El informe también reveló que la agencia sabía que el general Arellano Stark, la mano derecha de Pinochet después del golpe el 11 de septiembre de 1973, ordenó el asesinato de 21 presos políticos en la notoria «Caravana de la Muerte» de opositores políticos.
Ese dato podría ser muy importante en el proceso actual en Chile contra Pinochet por la desaparición de 14 víctimas de la Caravana de la Muerte.
Pero la revelación más impactante fue que la CIA contrató a Contreras en 1975, meses después de concluir que era «el principal obstáculo a los derechos humanos» de la dictadura.
Aunque el informe de la CIA insiste que la agenció exhortó a Contreras y otros oficiales que mejoraran la situación de derechos humanos, tampoco enfrentó a Contreras sobre la información adversa reunida por el FBI (Oficina Federal de Investigaciones), que comenzó a investigar la Operación Cóndor pocos días después del asesinato de Letelier.
Ese tratamiento fue común en lo que respecta a la relación de la CIA con altos informantes militares en América Latina a lo largo de los años.
En El Salvador, la CIA tuvo a varios oficiales a sueldo, incluso el coronel Nicolás Carranza, director de la mayoría de los escuadrones de la muerte durante los años más cruentos de la guerra civil.
Carranza recibió 90.000 dólares por año como informante. Cuando esa relación se hizo pública, se permitió al militar retirarse a Tennessee, Estados Unidos.
Diez años después, el general haitiano Raúl Cedrás, jefe de la junta que derrocó a un líder electo, también resultó ser un informante de la CIA. Se retiró a Panamá, que rechazó los intentos de Haití para extraditarlo.
Washington también se negó a extraditar a Emmanuel Toto Constant, líder de un escuadrón de la muerte dirigido por Cedrás. Constant también era informante a sueldo de la CIA que, después de la intervención estadounidense de 1994 en Haití, se retiró a vivir en Nueva York.
Otro informante a sueldo de la CIA fue el coronel salvadoreño Roberto Staben, director de una organización que secuestraba a empresarios y que gozó de la protección de la agencia durante años.
El coronel guatemalteco Julio Alpírez, responsable de la muerte de un hotelero estadounidense y de un comandante guerrillero casado con una abogada de Estados Unidos, también perteneció a la CIA.
El ex hombre fuerte de Panamá, Manuel Noriega, también recibió cientos de miles de dólares en una relación con la CIA que duró 30 años, hasta que fue expulsado del poder y detenido tras la invasión estadounidense a su país en 1989. Noriega actualmente cumple una larga pena en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico. (FIN/IPS/jl/aq/hd-ip/00
