Una crisis parlamentaria pone nuevamente en jaque el sistema democrático de Ecuador, siete meses después de que un golpe militar llevara a la Presidencia a Gustavo Noboa.
Las disputas por cargos en el Congreso entre la mayoría centroizquierdista del Congreso y Noboa, quien fue vicepresidente del gobierno de Jamil Mahuad derrocado el 21 de enero, tiene como trasfondo la discusión de un proyecto gubernamental de privatizaciones y hasta antiguas diferencias regionales.
Los problemas políticos que hoy han puesto nuevamente a la institucionalidad al borde del abismo comenzaron el día 1 en la sesión del parlamento unicameral que debía elegir a su presidente y sus dos vicepresidentes para los próximos dos años.
Los abatares institucionales de Ecuador han modificado la correlación de fuerzas en el Congreso de 120 bancas.
Al comienzo del período contaba con 36 diputados de la Democracia Popular, de Mahuad, 26 del Partido Social Cristiano (PSC), 23 del Partido Roldosista Ecuatoriano, 20 de la Izquierda Democrática, siete del indígena Movimiento Plurinacional Pachakutik y ocho restantes de partidos menores.
Las derivaciones del golpe de Estado de enero dividieron a la Democracia Popular, lo cual llevó a que 10 diputados se aliaran al PSC, reduciendo la mayoría a 83 bancas conformada también con la Izquierda Democrática, el movimiento indígena, el Partido Roldosista Ecuatoriano y representantes independientes.
Los diputados de los sectores derechistas liderados por el PSC, hoy cercano a Noboa, desconocieron a las autoridades elegidas por la mayoría de centroizquierda arguyendo que, según su interpretación de la Constitución, les correspondía presidir el parlamento hasta el final de esta legislatura en el 2002.
La ley fundamental aprobada en 1998 indica que el parlamento estará presidido los dos primeros años de cada legislatura por un representante del partido más votado y los dos últimos por uno del segundo grupo de mayor caudal electoral, quienes deben ser apoyados por una mayoría parlamentaria.
En esta ocasión, la presidencia correspondía a un legislador del PSC, por haber resultado la segunda fuerza en las elecciones de 1998.
Así, el parlamento eligió como presidenta a la diputada Susana González, quien alcanzó su banca en las listas del PSC, pero que desde hace un mes está distanciada de sus líderes.
Los diputados socialcristianos impusieron un recurso de amparo ante el juez Luis Mora, aduciendo que la designación había sido inconstitucional.
Mora, quien antes de ser juez era asesor de un legislador del PSC, acogió la demanda y luego la envió al Tribunal Constitucional para resolver finalmente el litigio.
Sin embargo, el presidente Noboa, que antes de las elecciones para cargos parlamentarios había señalado públicamente su apoyo al candidato socialcristiano, desconoció el lunes todo lo actuado por el Congreso el 1 de agosto y creó así más incertidumbre.
Ese mismo día, los 26 diputados socialcristianos forzaron las cerraduras de las puertas de la sede de sesiones del Congreso y se instalaron con el argumento basados en la resolución del juez y en la posición del gobierno.
Para evitar enfrentamientos, el resto del Congreso con 80 diputados presentes sesionó en otro local del edificio.
Mientras, Noboa solicitó al Tribunal Constitucional que emita su resolución definitiva a la brevedad para intentar solucionar el problema.
El presidente aseguró también, en un comunicado, que "no reconocerá como válida ninguna resolución adoptada por el Congreso y se abstendrá de realizar algún acto que pudiera implicar un reconocimiento a cualquiera de las partes que aleguen representar a esa función".
Pero en esta crisis política también se cruzan las disputas regionales.
El diputado social cristiano Carlos Falquez, que hasta el 1 de agosto fue primer vicepresidente del Congreso, cuestionó el hecho de que los tres cargos principales del parlamento fueran ocupados por legisladores de la Sierra y ninguno de la Costa.
"Esta mayoría no ha tenido ni siquiera delicadeza para eso" arguyó en entrevista concedida a la televisión.
Algunos analistas entienden que detrás de la disputa por los cargos se esconden las grandes diferencias sobre el proyecto de ley de privatizaciones que el gobierno de Noboa envió en julio al parlamento para ser tratada en carácter de urgente consideración.
"La nueva mayoría es crítica de muchos aspectos del proyecto y podría aprobarlo con cambios substanciales o devolverlo a la Presidencia, lo cual llevaría a archivarlo por un año, como prevé el tratamiento en carácter de ley de urgencia", señaló Paco Velasco, director de la radio La Luna de Quito.
En cambio, si los diputados no se pronuncian hasta el día 17, cuando se cumple un mes de enviado el proyecto, éste entra en vigencia por haber sido enviada por el Poder Ejecutivo.
"Los diputados socialcristianos con el espaldarazo gubernamental parecen estar abocados a que la crisis parlamentaria se prolongue para que se cumpla el mes y rija la ley de privatizaciones", arguyó Velasco.
Según el analista político Augusto Barrera, el gobierno debería retirar la ley y esperar que se solucione el conflicto parlamentario para enviar otra distinta.
"Hay muchos intereses en juego en las privatizaciones, sobre todo de sectores empresariales guayaquileños que son representados por el PSC y quieren imponer esta ley", aseguró Barrera.
Para la presidenta electa del Congreso, la participación del presidente Noboa para dirimir el conflicto es innecesaria porque en su momento tuvo una "inclinación a favor de la otra candidatura socialcristiana".
González dijo que "el gobierno tomó partido por un candidato. ¿Cómo puede haber una medición neutral y objetiva en esas condiciones? Además hay que respetar la independencia de los poderes del Estado".
También hizo un llamado para que todos los sectores que integran la mayoría se mantengan unidos en la defensa de la democracia y el respeto a las funciones autónomas del Estado.
"No podemos permitir que quienes han estado acostumbrados ha manejar a su capricho los grandes intereses del país, quieran sembrar el descontrol y el caos", señaló González.
El ex presidente León Febres Cordero (1984-1988), líder socialcristiano y alcalde saliente de Guayaquil, aseguró que la mayoría parlamentaria pone en riesgo la dolarización de la economía y busca derrocar a Noboa mediante un golpe parlamentario.
"Nosotros sólo aceptaremos un presidente del PSC", aseguró.
Por su parte, el líder indígena Miguel Lluco, coordinador nacional del movimiento Pachakutik, indicó que los diputados socialcristianos están poniendo en riesgo la democracia para ayudar a Noboa a imponer las privatizaciones.
Todos esperan por la resolución del Tribunal Constitucional, pero las posiciones divergentes del Congreso y del Poder Ejecutivo hacen vislumbrar un posible enfrentamiento de poderes.
Fuentes parlamentarias señalaron que la mayoría centroizquierdista estudia la posibilidad de proponer un referéndum para intentar adelantar las elecciones generales.
Otros portavoces políticos dijeron que también se maneja un posible juicio político contra el presidente Noboa, que podría culminar con su destitución en razón de que la mayoría cuenta con los votos necesarios para ese extremo, que requiere las dos terceras partes de los diputados.
Como contrapartida el gobierno estaría analizando la posibilidad de disolver el Congreso, aunque voceros gubernamentales desmintieron esa versión.
A todo esto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie)presentó ante el Tribunal Supremo Electoral 1,5 millones de firmas para plebiscitar el cese de los parlamentarios y los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
El petitorio de la Conaie también plantea derogar las leyes de dolarización de la economía, de privatizaciones y el acuerdo que permite la presencia militar estadounidense en el país.
La Constitución señala que se necesitan para activar ese recurso las firmas de ocho por ciento de los habilitados para votar, que en la actualidad equivale a 605.000 ciudadanos. (FIN/IPS/kl/dm/ip/00
