Las buenas noticias se acumulan en Brasil, cuya imagen ha mejorado en los mercados financieros internacionales, pero también surgen factores de incertidumbre, como el repunte de la inflación en julio y un fallo judicial que puede asestar un fuerte golpe a las cuentas públicas.
Con una operación más exitosa que lo esperado, Brasil canjeó el jueves 5.220 millones de dólares de bonos Brady de su deuda externa por nuevos títulos con 40 años de plazo, reflejando una fuerte recuperación de la confianza junto a los inversionistas extranjeros.
Eso le permite reducir su vulnerabilidad a las crisis internacionales, ahorrar cerca de 1.000 millones de dólares en intereses en los próximos 10 años y liberar 312 millones de dólares que estaban bloqueados como garantía y que se incluirán en las reservas cambiarias en septiembre.
La mayor operación de ese tipo hecha por un país en desarrollo coincidió con el anuncio de que el producto interno bruto brasileño creció 3,84 por ciento en el primer semestre, superando las mejores expectativas.
Otro hecho considerado alentador fue la venta de 14,5 por ciento de las acciones de la empresa estatal Petrobrás, concluida el miércoles. Es parte del capital «excedente», es decir no necesario para que el Estado se mantenga como socio mayoritario.
La venta, iniciada en julio, permitió a los trabajadores brasileños adquirir acciones con parte de sus fondos de retiro, por eso preparó la llamada «privatización popular», de dispersión de acciones entre pequeños inversionistas.
Ese modelo ya había sido definido para la privatización de Furnas, la mayor generadora de electricidad en el país.
Fue «una operación emblemática» por la participación de inversionistas individuales y brasileños en un negocio que involucra sumas abultadas, evaluó Francisco Gros, presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, institución de fomento que coordina el programa de privatización.
Del ingreso obtenido, equivalente a 4.040 millones de dólares, 2.600 millones corresponden a la participación de inversionistas extranjeros y también ampliarán las reservas cambiarias del país, que se elevan 10 por ciento con ese aporte y el de la permuta de títulos de la deuda externa.
Pero Brasil sigue aún pagando el costo remanente de la elevada inflación que dominó su economía hasta 1994, que incluye amenazas de inestabilidad.
La inflación de julio, medida por el indice de precios al consumidor ampliado, adoptado como parámetro en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ascendió a 1,61 por ciento en julio, el más elevado en cinco años. Casi alcanzó el índice acumulado en todo el primer semestre, que fue de 1,64 por ciento.
El repunte ya era esperado y no afectará la meta de mantener el índice de este año en cerca de seis por ciento, aseguró el director de Asuntos Internacionales del Banco Central, Daniel Gleizer.
Pero en un país que aún tiene fresca en la memoria la inflación descontrolada, el temor a su retorno está siempre presente.
En este caso, especialmente porque el alza se debió principalmente a combustibles, telecomunicaciones y energía, rubros de precios bajo cierto control oficial y que tienen repercusión en otros costos.
La amenaza al parecer más dramática a la bonanza procede de un juicio en el Superior Tribunal Federal y que puede costar al gobierno el equivalente a 21.000 millones de dólares, elevando la deuda pública y posiblemente los intereses que pagará el país para refinanciarla en el exterior, ante el agravamiento de su riesgo.
El problema deriva de dos planes de combate a la inflación adoptados en 1989 y 1990, cuando los gobiernos de entonces sustituyeron la moneda nacional y los índices de corrección monetaria.
Cerca de 600.000 procesos fueron abiertos en la justicia por sindicatos y grupos de trabajadores representando unos seis millones de asalariados, reclamando pérdidas que creen haber sufrido en el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio.
Ese Fondo se constituye de recursos depositados a sus nombres por las empresas empleadoras, equivalentes a un sueldo por año.
Los planes antiinflacionarios determinaron que sus fondos no fueran corregidos según el índice de inflación, sino por un porcentaje inferior. La diferencia, acumulada durantes esos once años, resultarían sumas multimilionarias que terminarían por agrandar la deuda pública.
El fallo final depende de una votación de la suprema corte, suspendida el jueves, pero siete de los 11 jueces apoyaron las demandas, lo que asegura la derrota del gobierno.
Los cálculos de la indemnización a cargo de expertos varían de 1.200 a 21.500 millones de dólares, pues dependen de detalles de la sentencia final.
La cifra máxima corresponderá si todos los trabajadores pueden reclamar la diferencia en la justicia a partir de ahora, porque solo se pagará a los que obtengan un fallo favorable en cada caso.
El gobierno, sin embargo, intentará probar que, como se trata de deuda del Estado, el plazo para cuestionamientos era de cinco años, ya agotado, impidiendo nuevos procesos.
Además podrá postergar por muchos años la aplicación del fallo y el pago efectivo, tratando de hacerlo a través de títulos de deuda. De todas formas, por involucrar sumas elevadas, que pueden aumentar la deuda pública en hasta ocho por ciento, el caso se mantendría como fuente de incertidumbre. (FIN/IPS/mo/mj/if/00
