La posibilidad de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) sea una realidad dentro de pocos años despierta el optimismo de grupos defensores de los derechos humanos y expertos legales.
Esa confianza emana de los cambios en curso en varios países para armonizar sus códigos penales y militares con las normas internacionales sobre derechos humanos, medida imprescindible para que ratifiquen el Estatuto de Roma que crea al TPI.
"La Unión Europea manifestó la voluntad de promover entre sus 15 estados miembro la ratificación del estatuto", aseguró Eduardo González Cueva, coordinador de la Coalición por un Tribunal Penal Internacional (CICC), integrada por más de 800 organizaciones no gubernamentales.
"En América Latina crece el apoyo a la idea y actualmente seis países están dispuestos a ratificar el tribunal: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay", informó Brigitte Suhr, experta legal de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), de Nueva York.
Así mismo, la Comunidad por el Desarrollo de Africa Austral expresó su apoyo al TPI y sus 14 países declararon interés en ratificar el Estatuto de Roma.
Pero eso no es todo lo que se hace para obtener más apoyo para la ratificación del tratado, aprobado por 120 países en julio de 1998.
El mes pasado, por ejemplo, al cumplirse el segundo año de su adopción, la CICC lanzó una campaña mundial para que más países se sumen a los 14 que ya lo ratificaron, entre los que se encuentran Canadá, Ghana, Italia, Islas Fidji, Senegal y Venezuela.
La campaña busca alcanzar las 60 ratificaciones requeridas para que el acuerdo entre en vigencia a partir de 2002.
Los impulsores del TPI lo consideran el mejor método legal para juzgar a los acusados de graves violaciones a los derechos humanos, como el ex dictador chileno Augusto Pinochet o el presidente yugoslavo Slobodan Milosevic.
Una vez establecido, el tribunal tendrá la autoridad para someter a juicio a acusados por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, tales como la "exterminación sistemática de civiles", esclavitud, tortura, violaciones, persecuciones políticas o raciales y desapariciones.
El Estatuto de Roma estipula que cualquier país podrá presentar querellas ante el tribunal y que el fiscal de este tiene la potestad de iniciar una "investigación sobre un crimen que le merezca su atención".
A diferencia de los dos últimos tribunales sobre crímenes de guerra, para Ruanda y Yugoslavia, la jurisdicción del TPI no estará limitada ni cronológica ni geográficamente.
Pero no todos los países están de acuerdo con la idea, propuesta por primera vez en 1948 luego de los tribunales de Nuremberg y Tokio que procesaron los crímenes perpetrados en la segunda guerra mundial.
Estados Unidos, por ejemplo, sostiene que el TPI terminará siendo un organismo sin efectividad, y advierte que podría constituirse en una peligrosa amenaza a la soberanía nacional de los estados.
La presencia de Estados Unidos entre los críticos del TPI es una "gran paradoja" por provenir del país que pretende desempeñar un papel primordial en la defensa de los derechos humanos, opinó el analista Geoffrey Robetson, autor de "Crímenes contra la humanidad: la lucha por la justicia mundial".
La posición de Estados Unidos ante el TPI quedó en evidencia la semana pasada cuando el ex secretario de Estado Lawrence Eagleburger dijo en el Congreso que el proyecto de creación del tribunal mundial "es ilegítimo e ilegal".
"Será mejor si decimos desde ahora que no queremos saber nada al respecto", agregó durante su participación ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes.
Para activistas como González Cueva, la posición de Estados Unidos no es una sorpresa, ya que en 1998 votó contra el TPI junto con China, Irak, Israel, Libia, Qatar y Yemen.
La posición de Estados Unidos de "darle 100 por ciento de inmunidad a sus ciudadanos ante el tribunal es irracional, innecesaria e ilegal", sostuvo González Cueva.
"No puede pretender ser el líder mundial en materia de derechos humanos y, al mismo tiempo, ser juzgado con una vara distinta al resto de la comunidad internacional", agregó.
"Washington ejerció una enorme presión sobre los países pobres para intimidarlos y que no ratifiquen el estatuto. Esta actitud fue respaldada por senadores (del opositor partido republicano), quienes han declarado abiertamente su intención de destruir el tribunal", denunció el activista.
Pero a pesar de esa presión, Suhr percibe que la ratificación final está en proceso. "Que varios países lo ratifiquen y otros se estén preparando para hacerlo revela la creciente inquietud por establecer un tribunal mundial", afirmó. (FIN/IPS/tra-en/mmm/da/rp/aq/hd-ip/00
