Una decisión del Tribunal Andino de Justicia (TAJ), que ordenó a Venezuela reabrir su frontera al paso de los camiones de carga procedentes de Colombia, enrareció el ambiente de la frontera, donde ahora se espera una nueva oleada de protestas de los transportistas.
Los principales gremios del transporte de carga de Venezuela anunciaron que a partir de este miércoles considerarán el cierre forzoso de la frontera para protestar esa decisión, que deja sin efecto el trasbordo obligatorio de mercancías impuesto unilateralmente por Caracas a los camioneros colombianos desde el 15 de julio de 1999.
El trasbordo obligatorio perturbó las relaciones comerciales de este país con Colombia, que recurrió contra la medida ante la Comunidad Andina (CAN), el acuerdo de integración subregional del cual los dos países forman parte junto con Bolivia, Ecuador y Perú.
Días antes de la aplicación de la medida unilateral, la secretaría permanente de la CAN se había pronunciado en contra de Venezuela, pero este país decidió apelar. El nuevo dictamen del Tribunal Andino, emitido 13 meses después, ya no puede ser recurrido.
"No existen instancias superiores", reconoció el ministro de Relaciones Exteriores venezolano José Vicente Rangel tras enterarse del veredicto del TAJ, una institución encargada de resolver los conflictos generados por las dinámicas de integración.
Rangel, sin embargo, pareció sugerir que Venezuela no está dispuesta a ceder y que buscará la posibilidad de un acuerdo político bilateral con Colombia. "Lo que nos interesa es preservar la seguridad de los transportistas", aseguró.
El gobierno de Hugo Chávez, instalado en febrero de 1999, decidió impedir el paso de camiones en la frontera como respuesta a más de dos semanas de cierre del paso por parte de transportistas que reclamaban "nivelar" las relaciones.
El argumento esgrimido por Venezuela es que los camioneros venezolanos no tienen seguridad en las carreteras colombianas, donde los vehículos son objeto de robo y agresiones que les impiden operar en ese país. El año pasado fue asesinado un conductor venezolano.
La relación era entonces desigual, ya que los transportistas colombianos no tenían inconveniente para entrar en territorio venezolano.
El trasbordo se hizo realidad mediante la instalación de "puertos secos" en la frontera, donde la carga es trasladada de los camiones de un país a los del otro. Los empresarios, tanto colombianos como venezolanos, afirman que esa decisión aumenta los costos de transporte y alarga los plazos de entrega.
No hay mediciones oficiales sobre el impacto comercial del trasbordo obligatorio, pero su aplicación ocurrió justamente cuando se manifestaba una crisis en el intercambio bilateral, que disminuyó de 2.500 millones de dólares en 1998 a 1.800 millones en 1999.
Colombia argumentó ante las autoridades de la CAN que la medida de trasbordo afectaba acuerdos de integración sobre el libre tránsito de mercancías a traves de los países signatarios del tratado subregional.
Según se ha informado en Caracas, el incumplimiento de la orden del Tribunal Andino de Justicia podría acarrear a Venezuela sanciones a su comercio exterior, mediante la aplicación de sobretasas para algunos de sus principales productos de exportación.
Los transportistas venezolanos, por su parte, exigen continuar con el trasbordo, pues "la inseguridad para circular en Colombia se mantiene" y por lo tanto "los camioneros no podemos ir más allá de las frontera".
"Hay más riesgo y más violencia", aseguró el representante del Consejo Nacional del Transporte, Carlos Fernández. Un dirigente de los camioneros consultado por una televisora de esta capital predijo que el levantamiento del trasbordo podría dar origen a un conflicto de grans magnitud.
Pero más allá de la inseguridad en Colombia, hay un evidente problema de competencia entre las empresas de transporte de los dos países y, según analistas locales, los colombianos están mejor equipados y son más eficientes.
"En Venezuela cualquiera que tenga un camioncito puede ser transportista", comentó el presidente de la Cámara Venezolano- Colombiana, Juan González, quien tras la sentencia del TAJ insistió en pedir al gobierno de Chávez medidas para desarrollar el transporte.
González lamentó que durante la aplicación del trasbordo no se hubiera aprobado ni reglamentos ni créditos especiales para desarrollar empresas competitivas en Venezuela. "La medida no sirvió para nada", dijo González al matutino caraqueño El Universal.
Los dos países comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros, escenario de un intenso intercambio de mercancías y de tránsito de personas y donde también hay graves problemas de inseguridad, derivados del conflicto armado en Colombia. (FIN/IPS/lc/ff/tr/00
