Más de la mitad de las mujeres campesinas de Brasil empiezan a trabajar antes de los 10 años, cumplen jornadas incluso de 18 horas y muchos de sus derechos no son respetados, denunciaron hoy en Brasilia las participantes en una marcha de protesta.
La llamada Marcha de las Margaridas movilizó a unas 15.000 mujeres en actos contra la política económica, la pobreza y la violencia en el campo, realizados frente a las sedes del Banco Central, del Ministerio de Justicia y del Congreso Nacional.
La manifestación, que recoge los reclamos específicos de las mujeres del campo, es promovida cada año por la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Agricultura (Contag), conformada por 3.600 sindicatos rurales que representan a 25 millones de trabajadores.
La fecha elegida recuerda el día en que Margarida Alves, sindicalista del estado de Paraíba, en el nordeste de Brasil, fue asesinada a mando de hacendados locales hace 17 años.
Las trabajadoras rurales enfrentan las peores situaciones en el país, sumando la discriminación que sufren sólo por ser mujeres y a las duras condiciones de vida en el campo.
Las mujeres representan cerca de un tercio de la mano de obra rural y de la producción nacional de alimentos, pero 85 por ciento de ellas trabaja sin registro contractual y, por tanto, sin derechos laborales y previsionales previstos en las leyes, señaló Raimunda de Mascena, Coordinadora de Mujeres en la Contag.
Pierden así el acceso a la jubilación, a la licencia remunerada por maternidad y, en el proceso de reforma agraria, son en general impedidas de obtener el título de propiedad de la tierra y créditos, atribuidos sólo a los maridos, nunca a la pareja en conjunto.
Además, 56 por ciento tiene que trabajar desde antes de cumplir 10 años, en muchos casos deben abandonar la escuela, y 60 por ciento queda embarazada entre los 15 y 21 años, denunció la sindicalista.
En Brasil, hay 2,2 millones de trabajadoras del medio rural sin recibir remuneración alguna, que soportan una especie de «esclavitud», indicó la economista Hildete Pereira de Melo, especializada en trabajo femenino del Instituto de Investigación Económica Aplicada, organismo del Ministerio de Planificación.
La exclusión y la discriminación dejan a las campesinas más vulnerables a la violencia doméstica y social, sin los mecanismos de defensa de que ya disponen las mujeres en algunas ciudades, como las comisarías especializadas en proteger al sector femenino.
La globalización económica, con las políticas «neoliberales» impuestas a los países del Sur en desarrollo, agravaron las condiciones en que viven las trabajadoras rurales, criticaron las manifestantes en un acto frente al Banco Central, identificado como instrumento de ese proceso.
Las participantes de la Marcha de las Margaridas reclamaron al Ministerio de Justicia el fin de la impunidad que estimula la violencia en el campo, en especial los frecuentes asesinatos de sindicalistas y campesinos.
En ese marco, entregaron a los líderes parlamentarios un documento con las principales reivindicaciones del movimiento femenino rural, en términos de legislación y medidas para hacer efectivos los derechos constitucionales del sector.
La protesta femenina coincidió con otra del Movimiento de los Sin Tierra (MST), que desde el lunes realiza en Brasilia su cuarto Congreso Nacional, con 10.538 delegados de 23 estados brasileños.
A los militantes del MST se unieron otros de la Central Unica de Trabajadores y de movimientos sociales y de partidos de izquierda para protestar ante el parlamento contra la corrupción en el gobierno, de la que acusaron a «políticos, jueces, banqueros y empresarios».
Los manifestantes reclamaron específicamente una investigación legislativa sobre el escándalo desatado por la desviación de 169 millones de reales (94 millones de dólares), destinados originalmente a la construcción de la sede del Tribunal Regional del Trabajo en Sao Paulo.
Este caso ya produjo la proscripción política del senador de Brasilia Luis Estévao, pero las averiguaciones policiales y judiciales no identificaron aún todos los beneficiarios y los responsables de esa desviación de dinero público, ocurrida entre 1992 y 1998.
El MST pidió también al presidente del Senado, Antonio Carlos Magalhaes, acelerar la aprobación de un proyecto que transfiere a la justicia federal las causas por crímenes contra derechos humanos, medida considerada necesaria para la condena de autores de masacres de campesinos.
Uno de esos hechos más divulgados es el ocurrido hace más de cuatro años en Eldorado de Carajás, norte de Brasil, donde fueron asesinados 19 trabajadores rurales, y por el cual fueron acusados 155 policías que aún siguen sin ser enjuiciados.
Los tribunales locales se someten a las presiones de los hacendados y de las autoridades de la región, aseguran los dirigentes del MST.
El Congreso del MST, cuya consigna es «Reforma Agraria, por un Brasil sin latifundio», concluirá este viernes con la aprobación de orientaciones para los próximos cinco años.
Además de luchar por una amplia redistribución de la tierra, el MSP considera indispensable modificar el actual modelo agrario volcado a la producción para la exportación, y combate contra la siembra de granos transgénicos, por entender que somete a la agricultura a las semillas de empresas transnacionales. (FIN/IPS/mo/dm/hd lb/00
