El profundo desarrollo desigual que afecta a los negros en Brasil, se refleja en la concentración de la pobreza y en las dificultades de ascenso social, como ocurre en la diplomacia donde no hay un solo embajador afrodescendiente, denunciaron organizaciones no gubernamentales.
La lucha contra la discriminación ganó fuerza en este país ante la preparación de la Conferencia Mundial contra el Racismo, a realizarse en 2001 en Sudáfrica, a la vez que se abrió un debate para la inclusión de derechos económicos y sociales en el Programa Nacional de Derechos Humanos.
A eso se sumó un estudio que comprueba la coincidencia entre pobreza y descendencia africana, lo cual indica la discriminación racial y una relación de causa y efecto.
El Indice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que considera la expectativa de vida, el nivel de educación y el ingreso por persona, ubicó a Brasil en el lugar 79 entre los 174 países clasificados en 1999, con un indicador de 0,739.
Una calificación mediocre para una de las 10 mayores economías del mundo y peor para sus negros, cuyo IDH de 0,671 sería inferior al del conjunto de la población de Sudáfrica, que se liberó de un régimen político racista en 1994.
En base a estos datos, la población afrodescendiente brasileña debe ocupar un modesto 108 lugar en esa escala, mientras que la blanca asciende al puesto 49, reveló una investigación de la Federación de Organos de Asistencia Social y Educación.
La diferencia de posiciones entre negros y blancos en este país es del doble de la que se registra en Estados Unidos, nación conocida por sus conflictos raciales, destacó el economista Marcelo Paixao, responsable del trabajo.
El color evidente de la pobreza en Brasil hace converger el combate contra la discriminación racial con la lucha por los derechos sociales. Así lo encara el Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH), que busca incorporar sus propuestas al programa del gobierno en esa área.
La prioridad emergencial es «equiparar» entre negros y blancos en varios servicios públicos, para luego elevar el nivel para todos, reclamó el secretario internacional del MNDH, Pierre Roy, sacerdote católico haitiano que actúa en Brasil hace ocho años.
Las estadísticas oficiales reconocen que sólo 26 por ciento de la población negra dispone de vivienda adecuada y 49,7 por ciento saneamiento básico, frente a respectivos 54 por ciento y 73,6 por ciento de los blancos.
La brecha en las condiciones de vida se refleja en la mortalidad infantil, de 62 por mil entre los negros y 37 por mil niños blancos nacidos vivos, según datos de 1996. En educación la relación es similar, con el doble del analfabetismo entre los afrodescendientes.
Acciones afirmativas, como cuotas de 40 por ciento en las universidades públicas o en el mercado de trabajo, hacen parte de las propuestas que los grupos de la sociedad civil quieren incluir en el programa que el gobierno se dispone a revisar en 2001, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales.
La población afrodescendiente alcanza a 45,2 por ciento del total de brasileños, según el último censo, recordó Andrea Coutro, del Centro de Articulación de Poblaciones Marginadas (CEAP).
Una política efectiva de derechos humanos y contra la pobreza tiene que dirigirse a ese sector, arguyó Coutro.
Por su parte, el secretario ejecutivo de CEAP, Ivanir dos Santos, entiende que reclamar cuotas, aunque limitadas o no factibles, es un «medio de abrir el debate y desnudar la discriminación».
Un ejemplo de ello es el caso de la diplomacia brasileña, donde «basta pedir cinco por ciento» para dejar claro la marginación que existe, ya que no hya siquiera un solo embajador negro hasta hoy, observó.
Lo mismo vale para la marina y la fuerza aérea, cuerpos militares que exigen gran capacitación técnica, añadió Dos Santos.
El experto comentó que fijar una cuota de 30 por ciento de postulaciones femeninas en las elecciones se logró «porque favorece a las capas medias», pero un beneficio similar para los negros en universidades o determinadas profesiones encuentra fuerte oposición ya que favorece a los más pobres.
Además de este tipo de medidas, las organizaciones no gubernamentales pretenden que el nuevo Programa Nacional de Derechos Humanos vaya más allá de las intenciones.
Este plan deberá sustituir sus vagas promesas de «apoyar, estimular y proponer» por «metas y plazos concretos para su realización», afirmó Roy, al inaugurar el lunes la oficina del MNDH en Río de Janeiro.
Otros pedidos de los activistas son fijar un salario mínimo «digno», seis veces su valor actual de 151 reales (84 dólares), una reforma agraria amplia con más crédito a sus beneficiados y el acceso de los negros a la seguridad social, de que están privados en su mayoría por trabajar en la economía informal.
Los grupos humanitarios recuerdan que Brasil firmó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero hasta ahora el gobierno no presentó ninguno de los dos informes sobre las políticas adoptadas en esa área.
Además, tanto el gobierno como muchas organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones limitaron su actuación en los derechos políticos y civiles. «Es necesario cambiar eso, ya que sin solucionar los graves problemas sociales, como la extrema pobreza, no hay derechos humanos», concluyó Roy. (FIN/IPS/mo/dm/hd/00
