El acuerdo alcanzado en Sri Lanka por el gobierno y el mayor partido opositor, para dar más poder a los gobiernos provinciales mediante una reforma constitucional, puede ser la base para resolver el conflicto étnico del país, que ha durado 17 años, según analistas independientes.
Uno de los objetivos declarados de la iniciativa es lograr que los separatistas Tigres por la Liberación de la Patria Tamil cesen sus acciones armadas y participen en negociaciones de paz, pero la estrategia del gobierno fue mantener presión militar sobre los insurgentes mientras negociaba el acuerdo.
De todos modos, los Tigres ya rechazaron el proyecto de reforma de la Constitución acordado el fin de semana, tras nueve semanas de discusión a puertas cerradas entre Alianza Popular (AP), el partido de la presidenta Chandrika Kumaratunga, y el opositor Partido Nacional Unido (PNU).
La propuesta de reforma de la Constitución, cuya presentación al parlamento se prevé para el mes próximo, apunta a devolver poder a los gobiernos locales de las ocho provincias del país, en especial en la región nororiental, donde se concentra la minoría étnica tamil y cuya independencia desean los Tigres.
Jehan Perera, director de comunicaciones del Consejo Nacional de Paz, una organización pacifista financiada por Noruega, opinó que el proyecto es "una base sólida" para solucionar el conflicto étnico, al igual que los medios de comunicación oficialistas.
Sin embargo, Island, el principal periódico independiente, afirmó este lunes que el acuerdo era "sólo un truco electoral" en el marco de la campaña para la próxima elección parlamentaria, que se prevé realizar en algún momento entre agosto y noviembre.
Incluso los partidos tamiles moderados rechazaron las propuestas contenidas en el proyecto de reforma de la Constitución, y la cercanía de las elecciones impedirá que sea aprobado por el parlamento antes de que termine en agosto su mandato de seis años, apuntó.
Los Tigres disponen de armamento poderoso y operan desde 1983 en la región nororiental, hogar de la mayoría de los 2,5 millones de tamiles, pero han realizado ataques contra objetivos civiles en todo el país. El conflicto causó la muerte de más de 60.000 personas en los últimos 17 años.
El principal asesor político de los Tigres, Anton Balasingham, dijo a periodistas de una revista tamil que se edita en Londres que no había motivos para apoyar propuestas con menos concesiones que otras del gobierno rechazadas en 1997 por los insurgentes.
Los analistas políticos reconocieron que en el actual proyecto de reforma constitucional se diluyeron propuestas anteriores de Kumaratunga que los partidos de oposición no habían considerado aceptables.
Uno de los asuntos clave que no se ha resuelto es el vinculado con el proceso de fragmentación del poder que concentra en la actualidad la presidencia, y el retorno a un sistema de gobierno parlamentario y un primer ministro.
Kumaratunga aseguró que esa cuestión puede resolverse en futuras negociaciones con el PNU, luego de que el gobierno consulte a los partidos tamiles esta semanas sobre el proyecto de reforma.
Los optimistas señalaron que los dos principales partidos del país han acordado por primera vez un proyecto que busca la paz.
"Esa es la clave. Nunca antes (la AP y el PNU) habían encarado la cuestión con tanta seriedad, y pienso que la gente debería considerar el proyecto acordado como una Constitución temporal" explicó Perera.
Una vez que la reforma sea aprobada por el parlamento, el establecerá bases sobre las cuales la sociedad civil y aun los insurgentes pueden proponer modificaciones, argumentó.
El acuerdo superó un obstáculo principal que impedía la solución política del conflicto, al aceptar la devolución de poder a las autoridades locales, aseguró.
"El concepto unitario del Estado no está presente" en el proyecto, y "el PNU fue valiente" al aceptar eso, añadió.
Los medios de comunicación oficialistas también destacaron la importancia del acuerdo.
"El hecho de que los dos mayores partidos hayan podido discutir la cuestión más vital para el país durante meses alienta grandes esperanzas, a pesar de las interpretaciones de los cínicos", afirmó el periódico Sunday Observer.
Integrantes de organizaciones pacifistas elogiaron el acuerdo pero se quejaron del secreto que rodeó a las negociaciones entre la AP y el PNU.
Ambos partidos acordaron mantener en secreto el contenido de sus conversaciones, y sólo divulgaban un breve comunicado de prensa conjunto al término de cada encuentro.
"Puedo entender que se ocultaran debates acerca de cuestiones delicadas como la devolución de poder a gobiernos locales, pero no que se haya hecho lo mismo con asuntos menos polémicos vinculados con el Poder Judicial, la policía y los funcionarios públicos", dijo Rohan Edrisinha, del Centro de Políticas Alternativas, una organización no gubernamental.
Edrisinha aseguró que la participación de la sociedad civil habría ayudado a lograr el reconocimiento en la Constitución de derechos sociales, económicos y culturales, que no fue aceptado por el PNU.
También apuntó que el carácter secreto de las negociaciones puede ser invocado por otros partidos para negar legitimidad del proyecto, aun si el parlamento lo aprueba. (FIN/IPS/tra-eng/fs/mu/mp/ip/00
