El nuevo presidente de Fiji, Ratu Josefa Iloilo, designado tras un golpe de Estado militar, dará a conocer este miércoles la composición de su gabinete, y el anuncio determinará el alcance de sanciones anunciadas por Australia y Nueva Zelanda, con apoyo de Estados Unidos.
El futuro de Fiji aún es incierto, pese a que el fin de semana fueron liberados los rehenes que habían sido retenidos durante 56 días en la sede del parlamento, entre ellos el depuesto primer ministro Mahendra Chaudhry.
Chaudhry fue secuestrado junto con otros altos funcionarios por un grupo armado encabezado por el hombre de negocios George Speight, quien recibió apoyo de integrantes de la sección de operaciones especiales del ejército.
Los secuestradores arguyeron que su acción contra el primer gobierno encabezado por un político de origen étnico indio, el cual había sido elegido el año pasado, buscaba defender los intereses de todos las personas de origen étnico indígena.
La toma del parlamento precipitó un golpe de Estado militar, cuyos responsables anunciaron el jueves que Speight y sus seguidores serían beneficiados con una amnistía, y propuesieron al Gran Consejo de Jefes, que representa a la comunidad de origen indígena, designar como presidente a Iloilo, apoyado por Speight.
El Consejo aceptó esa propuesta y aprobó un plan de acción para diez años negociado con Speight, en el cual se excluye a los fijianos con ascendencia india de todo cargo importante de gobierno y se garantizan grandes beneficios fiscales a las firmas locales.
Iloilo reemplazó a Ratu Kamisese Mara, quien apoyó en 1997 la aprobación de una nueva Constitución en la cual se habilitó la participación en el gobierno de las distintas etnias del país. Mara había resistido presiones para que dispusiera el cese de Chaudhry.
Tras estos acontecimientos, la aplicación de sanciones internacionales es sólo cuestión de tiempo.
El propio Chaudhry apoyó la intención de aplicar sanciones amunciada por Australia y Nueva Zelanda, los principales donantes a Fiji, como parte de una campaña para restablecer la democracia en el país.
La comunidad internacional "no actuará como una espectadora ni permitirá que este incidente no tenga consecuencias", declaró el depuesto primer ministro tras ser liberado.
Chaudhry reclama la resinstalación de su gabinete multiétnico, y el Congreso de Sindicatos de Fiji respladó su pedido de sanciones internacionales contra los golpistas.
"Apoyamos ese pedido. Debemos entender que en situacines como ésta las sanciones son inevitables", dijo Felix Anthony, del Congreso de Sindicatos.
"Pienso que las decisiones políticas que se han adoptado en estos días afrontarán una considerable oposición, no sólo de la comunidad de origen étnico indio sino también del resto de la población, que aprecia la democracia y el imperio de la ley" añadió.
Teresia Teaiwa, conferencista de estudios sobre la región del Pacífico de la universidad de Victoria, en Nueva Zelanda, criticó la cobertura de los acontencimientos en Fiji por parte de medios de comunicación que destacan la cuestión étnica, y afirmo que ese enfoque no ha ayudado a comprender la situación.
"El verdadero conflicto enfrenta a integrantes de la comunidad indígena, pero es enmascarado por retórica acerca de un enfrentamiento étnico entre esa comunidad y la de origen indio", explicó.
El actual conflicto político "es el resultado de tensiones acumuladas en los últimos 30 años, durante los cuales sucesivos gobiernos de Fiji sacrificaron el bienestar económico y cultural de la población, en beneficio de una minoría", agregó.
La comunidad de origen indio es más de 40 por ciento de la población de Fiji, de unas 800.000 personas, y sus ancestros fueron trasladados al país hace un siglo por los colonizadores británicos, para trabajar en condiciones cercanas a la esclavitud.
Grupos internacionales defensores de los derechos humanos piensan que la concesión de amnistía a Speight y sus seguidores conducirá a la inestabilidad política.
"La impunidad para presuntos 'delitos políticos' no conduce a la reconciliación. Por el contrario, la experiencia internacional indica que la paz no es duradera sin justicia, y que la justicia no es posible sin derechos humanos para todos", afirmó la organización Amnistía Internacional, con sede en Londres.
Speight comentó la posibilidad de sanciones por parte de Australia y Nueva Zelanda y declaró que los países extranjeros "no deberían entrometerse en los asuntos de Fiji".
El primer ministro de Australia, John Howard, instó a los gobiernos democráticos del mundo a trabajar para restablecer las democracia en Fiji.
"Nadie debe imaginar que Australia acepta de algún modo, en términos diplomáticos, la remoción criminal de un primer ministro elegido en forma democrática" declaró.
Fiji fue suspendido como miembro de la Mancomunidad Británica hace ocho semanas, y esa organización de ex colonias de Gran Bretaña anunció que pronto dará a conocer otras respuestas al golpe de Estado.
En 1987, tras un golpe de Estado en Fiji encabezado por Sitiveni Rabuka, quien derrocó al primer gobierno del Partido Laborista elegido desde la independencia de 1970, el país sufrió sanciones de la comunidad internacional.
Luego Rabuka fue uno de los responsables de la reforma constitucional que permitió la elección de Chaudhry.
El acuerdo alcanzado por el Consejo de Jefes, los militares y Speight establece que se elaborará una nueva Constitución para asegurar que ninguna persona de origen étnico indio pueda volver a ser elegida para la jefatura del gobierno ni para otros cargos políticos de importancia.
El canciller de Nueva Zelanda, Phil Goff, anunció el fin de semana que si Fiji avanza hacia ese objetivo, y "un régimen ultranacionalista viola los derechos humanos de muchos", su país le aplicará sanciones para "mostrar su total rechazo de los movimientos hacia una Constitución antidemocática y racista".
Sin ambargo, añadió que "si hay signos de buena voluntad" por parte del nuevo gobierno fijiano, "Nueva Zelanda lo apoyará".
Speight declaró la semana pasada que el derecho a voto de las personas de origen étnico indio no será anulado porque "en la actualidad no existe", y que "se verá si es posible diseñar un modelo apropiado para la participación política" de esas personas.
"Sin embargo, el principal desafío es que votar no es todo lo que importa", añadió.
Tras el golpe de Estado de 1987, decenas de miles de fijianos abandonaron su país, cuya frágil economía fue afrectada en forma grave por el colapso del turismo de las inversiones extranjeras.
"Nadie gana con un golpe de Estado. Toda la nación sufre", y Fiji pagará un alto precio por el derrocamiento de Chaudhry, dijo Rabuka a periodistas. (FIN/IPS/tra-eng/bb/js/mp/ip/00
