Un repudio generalizado y una sensación de impotencia definen la situación que hoy vive España, con el País Vasco incluido, ante los crímenes perpetrados este fin de semana por la organización ilegal vasca ETA.
El sábado fue asesinado a balazos el concejal del centroderechista Partido Popular (PP) José María Martín Carpena, cuando, desarmado, sin escolta y acompañado por su cónyuge y su hija de 17 años, salía de su domicilio en la andaluza ciudad de Málaga, 550 kilómetros al sur de esta capital.
Menos de 24 horas, ETA hizo estallar un automóvil cargado con explosivos en el pueblo de Agreda, provincia de Soria, 240 kilómetros al noreste de Madrid.
Sólo resultó herida en Agreda la mujer de un guardia y hubo grandes destrozos materiales en el edificio de residencia familiar de la Guardia Civil (policía militarizada) de la ciudad. Fuentes policiales señalaron que pudo haber decenas de víctimas si el artefacto hubiese estallado media hora antes.
El repudio y condena del atentado, aunque con matices, fue generalizado y se tradujo en declaraciones y concentraciones masivas en toda España. La única excepción fue Euskal Herritarrok (EH), aunque hubo voces disonantes de la posición oficial en esa coalición próxima a ETA.
Pero las condenas fueron acompañadas por una sensación de impotencia. El PP tiene 24.624 concejales, todos ellos objetivos de ETA, aunque esa organización también mata a socialistas, izquierdistas y defensores de los derechos humanos.
El ministro del Interior y diputado por el PP en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja, manifestó que la cantidad de amenazados es tan grande que resulta "muy complejo articular medidas de seguridad para todos".
"ETA mata donde puede y a quien puede, sin distingos", explicó el presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaitz. Tres años atrás, esa organización secuestró y asesinó a Miguel Angel Blanco, concejal de un pueblo vasco, Ermua, de apenas 20.000 habitantes, señaló.
Al respecto, José María Fidalgo, líder de la Confederación Federal de Comisiones Obreras (CCOO, pro comunista), una de las dos centrales sindicales mayoritarias, expresó que "ETA se dirige contra cualquiera, porque su única intencionalidad es hacer cundir el terror e imponer un régimen fascista".
Pío Cabanillas, portavoz del gobierno, fijó la posición oficial. "Ante el asesinato y el totalitarismo no hay medias tintas y no hay que crear esa ficción de que es más conveniente establecer algún tipo de puente o de relación" para negociar con ETA, dijo.
Tanto el PP como las principales fuerzas de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español y la coalición Izquierda Unida, reclaman que los partidos Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna rompan el acuerdo que mantienen con partidos y organizaciones afines a ETA.
El Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna rechazan la violencia y repudian los atentados, pero se niegan a romper su acuerdo con EH, de contenido "soberanista", por el cual se reclama la identidad nacional del País Vasco.
Según los nacionalistas, moderados o no, el País Vasco comprende a las tres provincias que integran la comunidad autónoma española de ese nombre, a la Comunidad de Navarra, que en referéndum rechazó integrarse en el País Vasco, y a tres departamentos franceses.
El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Xavier Arzallus, insinuó que la responsabilidad del asesinato del concejal malagueño es del gobierno central, "que debe cambiar de política".
"Que Arzallus se deje de historias, porque la misma responsabilidad tienen los que matan y los que les encuentran justificaciones políticas", respondió el secretario general del PP, Javier Arenas.
El portavoz de EH, Arnaldo Otegui, expresó solidaridad con los familiares del concejal asesinado, y también exigió a los demás líderes políticos "no caer en dinámicas estériles de condenas".
A su juicio, la solución "pasa por articular los mecanismos democráticos que permitan que la libre voluntad del País Vasco sea aceptada por el Estado francés y el español, sin ningún tipo de veto ni imposiciones".
Otro dirigente de EH y concejal por esa coalición en Pamplona, capital de Navarra, se distanció de Otegui, pues calificó de "grave error" la ruptura de la tregua que ETA mantuvo por 18 meses en 1998 y 1999, y se pronunció por las soluciones políticas y no violentas.
Los atentados del fin de semana provocaron múltiples reacciones. Este lunes, en todas las ciudades españolas, incluyendo las vascas, se celebraron manifestaciones de dolor y solidaridad con la familia de Carpena, a la vez que de repudio a ETA.
En el País Vasco, las convocatorias no fueron unitarias, pues en un punto de las ciudades se manifestaron los nacionalistas moderados y en otro el resto de los partidos, encabezados por el PP, los socialistas e Izquierda Unida.
En Málaga, ciudad en la que residía Carpena desde hace 25 años, hasta los enfermos de los hospitales que podían movilizarse se ubicaron en las aceras para testimoniar su solidaridad y repudio.
El presidente del Foro por la Paz, el vasco Vidal de Nicolás, exigió la inmediata ruptura del Pacto del Partido Nacionalista Vasco y de Eusko Alkartasuna con EH y otras organizaciones proetarras, a las que calificó de "fascistas.".
Vidal de Nicolás y otros dirigentes de organizaciones humanitarias y defensoras de los derechos humanos se sumaron a los cientos de manifestaciones que se realizaron este lunes en toda España, bajo la consigna "Por la paz, por la libertad, todos contra el terrorismo". (FIN/IPS/td/ff/ip hd/00
