La impunidad de los crímenes contra los derechos humanos impide la eficacia de acuerdos de paz, advirtió la organización Amnistía Internacional, que destacó el caso de Sierra Leona, escenario de atrocidades contra la población civil.
La organización opinó que el fracaso del pacto de paz firmado hace un año por el gobierno de Sierra Leona y el insurgente Frente Unido Revolucionario (RUF) se debió a que fueron ignorados los crímenes perpetrados durante el conflicto.
El acuerdo firmado en Lomé llevaba el germen de su fracaso, pues las partes no contemplaron el castigo de las violaciones de derechos humanos cometidas, arguyó Amnistía Internacional, un grupo radicado en Londres.
No sólo no se hizo justicia, sino que el acuerdo de paz sugirió que los crímenes de guerra serían tolerados y que no se obligaría a los culpables a rendir cuentas a la justicia, agregó.
El RUF no renunció al asesinato, a la tortura ni a la violación de mujeres en el año transcurrido desde la firma del pacto. Esos hechos determinaron la huida en masa de personas a zonas menos inseguras en el propio país o al exterior.
Amnistía Internacional señaló la necesidad de acabar con la impunidad, para garantizar la paz, y su exhortación fue compartida por otra organización, Human Rights Watch (HRW), de Nueva York.
No puede decirse que en Sierra Leona esté en vigencia un pacto de paz, dado que numerosos civiles son obligados a vivir como si la guerra continuara, señaló HRW.
Según Reed Brody, de HRW, los acuerdos de paz deben contemplar mecanismos para castigar los abusos cometidos, pues su objetivo es crear una cultura democrática. La democracia no puede edificarse sobre la base de la impunidad, sino del imperio de la ley.
Los convenios de paz de El Salvador (1992) y Guatemala (1996) fueron exitosos porque en ellos se otorgó plenos poderes a observadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó Brody.
Las amplias facultades concedidas en el pacto de paz a la Misión de Observadores de la ONU en El Salvador (Onusal) creó la confianza necesaria para que el rebelde Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional procediera a su desarme, dijo Brody, que fue el primer director de derechos humanos de esa misión internacional.
Una vez estabilizada la situación, la Onusal dedicó su actividad a fortalecer el Poder Judicial y al defensor de derechos humanos surgido del tratado de paz.
El claro mandato recibido por la ONU de las partes en conflicto fue decisivo para la pacificación de El Salvador, afirmó Brody.
El foro internacional fue encargado de supervisar la desmovilización de los guerrilleros y la reducción del ejército, la reinserción social de los ex combatientes, el respeto por los derechos humanos y la creación de una nueva fuerza policial.
También se logró asegurar la paz en Camboya, una nación del sudeste de Asia traumatizada por el genocidio que perpetró el Jmer Rojo. El respeto por los derechos humanos se impuso bajo la supervisión de otro equipo internacional, la Autoridad de Transición de la ONU en Camboya (Untac).
El mayor éxito de la Untac fue el surgimiento y crecimiento em Camboya de un movimiento de defensa de los derechos humanos que no ha dejado de denunciar crímenes y obliga al gobierno a investigarlos, señaló Brody.
Otro ejemplo importante es la actuación del Grupo Transitorio de la ONU para la Asistencia a Namibia (Untag), que contribuyó a lograr en 1990 la independencia de ese país.
Esas experiencias indican que las operaciones de la ONU en países en conflicto no pueden limitarse al esquema de mantenimiento de la paz, sino que sus representantes deben estar investidos de medios y autoridad para disponer ayuda humanitaria, supervisar elecciones y proteger los derechos humanos, concluyó Brody.
Cerca de un tercio de los 193 países del mundo son escenario de conflicto armado, ya sea interno o entre naciones, advirtió la Fundación del Consejo de Defensa Nacional, de Estados Unidos. Se trata del doble de los casos que se contaban antes del fin de la guerra fría.
Amnistía Internacional considera que la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en Sierra Leona debe contar con instrucciones claras para proteger a la población civil. Ese objetivo exige llevar ante la justicia a todos los responsables de crímenes contra los derechos humanos.
Es preciso acabar con la impunidad con la que han contado los miembros del RUF para cometer sus atropellos, afirmaron las organizaciones humanitarias. (FIN/IPS/tra-en/mmm/da/ff/hd/00
