Líderes de los dos principales partidos de Colombia y el procurador del Estado propusieron hoy al gobierno y a las rebeldes FARC el nombramiento de una comisión para investigar la supuesta presencia de personas secuestradas en la zona desmilitarizada donde se realiza el diálogo de paz.
El procurador (organismo de control del Estado) Jaime Bernal pidió crear una comisión de verificación "nacional o internacional para garantizar que la zona de distensión (desmilitarizada) no sea utilizada para actividades ilegales".
Bernal dijo que la comisión debería investigar las denuncias del ejército y la Fiscalía, que manifestaron tener pruebas sobre dos personas menores de 18 años retenidas en esa área, por la cual sus captores piden 13 millones de dólares para su liberación.
Agregó que este mecanismo de verificación devolvería credibilidad al manejo que hacen las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) de la zona bajo su control, que ha sido criticado por las fuerzas militares estatales y sectores sociales.
En tanto, Nohemí Sanín, candidata presidencial en la primera vuelta electoral de mayo de 1998 por el Partido Conservador, sugirió que la comisión internacional de verificación sea "escogida de mutuo acuerdo (entre las partes) para que devuelva la confianza y el consenso que requiere el proceso de paz".
Sanín, quien apoyó en la segunda vuelta electoral de ese año al actual presidente Andrés Pastrana, dijo a IPS que las FARC no deben poner en riesgo el proceso de negociación, "que anhelan todos los colombianos, convirtiendo la zona desmilitarizada en una burla de la autoridad y la ley".
También coincidió en ello Horacio Serpa, líder del opositor Partido Liberal, fuerza política mayoritaria en el parlamento, al señalar que un mecanismo de verificación generaría nuevos espacios de confianza en el diálogo que llevan a cabo las FARC y el gobierno desde enero de 1999.
Serpa indicó que, de ser cierto que las FARC están ocultando personas secuestradas en la zona desmilitarizada en el sur del país, "se trataría de un comportamiento equivocado, una actitud delictiva y absolutamente criticable".
La Fiscalía y el ejército afirmaron el viernes tener las pruebas de que Andrés Navas, de 3 años, se encuentra retenido en el municipio de Granada, y Clara Pantoja, de 9 años, en el de Mesetas, ambos en el área en poder del frente 40 de las FARC.
También el obispo Hector López, del departamento de Ariari, en el sudeste del país, se sumó a las críticas el miércoles pasado, cuando afirmó en la Conferencia Episcopal reunida en Bogotá que las FARC han convertido la zona bajo su mando "en un campo de concentración para secuestrados".
Los 75 obispos asistentes a la reunión apoyaron esas declaraciones y propusieron que una comisión de la Iglesia Católica viaje a la sede de la mesa de negociaciones a verificar las denuncias.
El alto comisionado para la paz, Camilo Gómez, se reunió el domingo con los representantes de las FARC en la mesa de negociaciones para buscar fórmulas que permitan esclarecer las denuncias.
En esa reunión, el jefe guerrillero Raúl Reyes negó que tengan personas secuestradas en la zona desmilitarizada y que el área esté siendo utilizada "para nada distinto que no sea hablar de paz"
En el encuentro, que Gómez calificó como "franco y abierto", Reyes se comprometió "a ubicar y entregar a los secuestradores si se comprueba que se escondan en el área".
El establecimiento de una instancia de verificación internacional para la zona desmilitarizada había sido planteado en agosto de 1999, pero fue rechazado por las FARC con el argumento de que este mecanismo no estaba contemplado en los acuerdos con los que se inició el proceso de paz.
Algunos analistas creen que las acusaciones de la Fiscalía y del ejército se dan en una nueva dinámica del proceso, que las FARC no pueden desconocer, y es el de la presión internacional y una participación más activa de la ciudadanía en la que crecen las voces de rechazo al secuestro.
Luis Valencia, de la estatal Universidad Nacional, señaló que la presión internacional contra el secuestro quedó expresada el 29 de junio en el foro sobre cultivos ilícitos y ambiente, en el que los embajadores de 21 países pidieron a las partes el respeto de las normas del derecho internacional humanitario.
A diferencia de 1999, cuando fueron secuestrados 124 niños, según datos de las fuerzas de seguridad, sin que se escucharan voces de protesta, los casos de Andrés y Clara han generado reacciones de condena por parte de la ciudadanía, que pide su liberación.
La no gubernamental Fundación País Libre indicó que son 106 los menores de 18 años, entre las casi 900 personas secuestradas por grupos guerrilleros, paramilitares y delincuentes comunes en lo que va de este año. (FIN/IPSO/yf/dm/hd/00
