El abogado independiente israelí Zvi Rish libra una dura batalla legal por la libertad de dos ciudadanos libaneses secuestrados por el ejército de Israel en Líbano y víctimas de "detención administrativa " en Israel desde hace años, sin que haya cargos contra ellos.
Los libaneses son Mustafá Dirani y Sheikh Abdul Karim Obeid, secuestrados hace seis y 11 años, respectivamente. El gobierno alega que la detención de ambos es necesaria para obtener información sobre la desaparición de Ron Arad, un aviador israelí cuyo paradero se desconoce desde hace 12 años.
El avión que piloteaba Arad fue derribado durante una misión de bombardeo sobre Líbano en 1986, y Dirani, quien fue integrante del movimiento chiíta Amal, participó luego en la detención del aviador, cuyas huellas se perdieron en mayo de 1988.
Obeid fue un líder espiritual del movimiento radical Hezbollah, de inspiración iraní y que operó en el sur de Líbano contra la ocupación israelí.
El mes pasado, ambos libaneses fueron vistos en público por primera vez desde su secuestro, cuando comparecieron ante un tribunal de distrito de Tel Aviv que considera la prolongación de sus arrestos.
"Retener a personas como fichas de cambio, en relación con hechos en los cuales no tienen responsabilidad, va contra cualquier código moral", dijo Rish a IPS.
En abril de este año, la Corte Suprema de Israel liberó a otros 13 ciudadanos libaneses representados por Rish, quienes habían estado encarcelados durante años hasta que se estableció que su detención administrativa era ilegal.
Esa sentencia no benefició a Dirani y Obeid, y tampoco a otros 19 libaneses en régimen de detención administrativa.
En un país que ha otorgado a sus militares y políticos amplio margen para subordinar las libertades cívicas a la seguridad, la actitud de Rish es un sonoro desafío a la tradición de otorgar prerrogativas excesivas al Estado.
El abogado expresó que el verdadero problema no son Dirani y Obeid, sino la violación del debido proceso en sus detenciones, y subrayó que "si habían evidencias en su contra, debieron haber sido sometidos a juicio" hace mucho tiempo.
La desaparición de Arad ha preocupado al público israelí durante años. Si el gobierno hubiera liberado a Dirani y Obeid, habría enfrentado acusaciones de abandonar a su suerte a un soldado capturado en combate, en violación de las normas reivindicadas por Israel.
Hezbollah pide la liberación de todos los libaneses prisioneros en Israel, y advierte que de lo contrario considerará incompleta la retirada israelí del sur de Líbano.
El gobierno israelí teme que el tribunal de Tel Aviv ordene la excarcelación de Dirani y Obeid, e intenta que el Knesset (parlamento) apruebe con rapidez un proyecto de ley que establece bases para mantenerlos detenidos.
El proyecto permite al jefe de estado mayor de las fuerzas armadas israelíes a negar la condición de prisioneros de guerra y recluir por tiempo indefinido, sin cargos ni proceso, a integrantes o colaboradores de fuerzas que luchen contra Israel.
La posibilidad de catalogar a personas como "combatientes sin derecho a la condición de prisioneros de guerra" no está contemplada por las normas internacionales.
La organización humanitaria Amnistía Internacional, con sede en Londres, afirmó que la aprobación del proyecto sería un crimen de guerra en el marco de la Convención de Ginebra, firmada por Israel.
B'Tselem, una organización humanitaria israelí, también expresó su rechazo al proyecto de ley.
La madre de Arad, Batya, declaró que los esfuerzos de Rish en favor de los libaneses presos atentan contra la posibilidad de encontrar a su hijo desparecido, y que nunca esperó "que un judío israelí actuara de esa forma".
Sin embargo, Rish no basa sus decisiones en sentimientos de patriotismo, sobre todo cuando esos sentimientos entran en conflicto con su sentido de la justicia.
"(Los detenidos) no son siempre monstruos, y (los israelíes) no somos siempre gente correcta", dijo.
Un funcionario israelí que no quiso ser identificado aseguró que no conoce a nadie en el gobierno que objete a Rish por defender a Dirani y Obeid. "Todo el mundo tiene derecho a una defensa", apuntó.
El funcionario acotó, sin embargo, que Rish parece presentar en forma deliberada ante sus clientes la imagen de que es víctima de fuerzas hostiles, para ganar la simpatía de los jueces.
Rish trabajó nueve años en la Agencia General de Seguridad de Servicios de Inteligencia israelí, en la cual afirma que se ocupaba de cuestiones de seguridad aeronáutica que nunca entraron en conflicto con su concepto de las libertades cívicas.
Luego estudió derecho, y cuando obtuvo su título de abogado comenzó a actuar como defensor de los derechos civiles de palestinos de territorios ocupados por Israel que participaron en actos de insurreción, y de beduinos del desierto de Neguev discriminados por las autoridades israelíes.
"Fui educado para distinguir entre justicia e injusticia. Cuando era niño, mi criterio para saber si algo estaba bien era si estaba listo para aceptar que me lo hicieran. Sólo me siento obligado por mis propios criterios y valores", dijo el abogado, quien es hijo de sobrevivientes del Holocausto. (FIN/IPS/tra- eng/bl/sm/ego/mp/ hd ip/00)
