La vista final de la causa para el desafuero legislativo de Augusto Pinochet comenzó esta semana en la Corte Suprema de Justicia de Chile con una derrota para el ex dictador, ya que el tribunal se opuso a que se le practiquen exámenes médicos previos para determinar si puede ser imputado.
Los 20 magistrados del máximo tribunal determinaron que sólo al término de los alegatos, este martes, resolverán si cabe ordenar los exámenes al general retirado y senador vitalicio de 84 años o si dejan esa decisión en manos del juez Juan Guzmán.
La primera sesión se prolongó por casi tres horas, en medio de la expectativa de partidarios y detractores de Pinochet que se concentraron en los alrededores del tribunal, en sitios previamente asignados por la policía de Carabineros.
El interés de la ciudadanía sobre el destino procesal del militar que gobernó Chile con mano de hierro entre septiembre de 1973 y marzo de 1990 se vio atenuado por la atención que concitó el partido que disputaba el seleccionado nacional de fútbol con Bolivia en La Paz por la clasificación para el torneo Mundial de FIFA del 2002.
El propio presidente Ricardo Lagos restó dramatismo al proceso, al comentar que se trata de una diligencia normal a cargo del Poder Judicial, sin ninguna interferencia del gobierno ni del parlamento que continúan en sus funciones propias.
Distinta fue la opinión de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz, quien calificó el juicio en la Corte como "trascendental" para hacer justicia ante los crímenes represivos de la dictadura.
El juez Guzmán, a cargo de unas 150 querellas criminales presentadas contra Pinochet desde enero de 1998, pidió que se le levante su inmunidad como senador vitalicio para procesarlo por 19 secuestros de prisioneros políticos cometidos por la llamada "caravana de la muerte" en octubre de 1973.
El desafuero legislativo del ex dictador fue aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago en un fallo dado a conocer el 5 de junio, pero la defensa de Pinochet presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando que revierta esta decisión.
En la primera sesión de esta fase final y crucial del juicio de desafuero, se conocieron los antecedentes del proceso, a cargo de la relatora de la Corte, Gloria Ana Chésevich, quien resumió la acusación de Guzmán y los fundamentos del fallo de la Corte de Apelaciones de la capital chilena.
Este jueves presentará su alegato a favor de Pinochet el abogado Ricardo Rivadeneira, portavoz del equipo de defensores del ex dictador que integra, entre otros, Pablo Rodríguez, otrora líder del desaparecido grupo filofascista Patria y Libertad.
La vista de la causa se cerraría el viernes con las presentaciones a favor del desafuero del Consejo de Defensa del Estado y de los abogados querellantes en el caso de la "caravana de la muerte", entre los que se incluye a Carmen Hertz, viuda del abogado y periodista Carlos Berger, una de las 19 víctimas.
La "caravana" fue una misión militar especial designada por Pinochet, bajo el mando del general Sergio Arellano, que fusiló a 72 prisioneros políticos en varias ciudades de Chile entre octubre y noviembre de 1973.
De ese total, no han sido hallados los restos de 19 fusilados, lo cual permitió al juez Guzmán obviar la ley de amnistía de 1978 y procesar a Arellano y sus lugartenientes por secuestro calificado y demandar el procesamiento de Pinochet como "coautor inductor" del delito.
Guzmán pidió la suspensión de la inmunidad legislativa de Pinochet a mediados de marzo, pocos días después de que el ex dictador regresara de Gran Bretaña, donde permaneció arrestado durante 503 días desde el 16 de octubre de 1998.
El juez español Baltasar Garzón pidió a las autoridades británicas la extradición de Pinochet, pero cuando el juicio estaba en su fase inicial, el ministro del Interior inglés, Jack Straw, lo liberó por razones de clemencia, aduciendo su supuesto mal estado de salud física y mental.
Amnistía Internacional, la organización humanitaria que actuó como parte acusadora en el proceso en Londres, envió a Santiago a su dirigente Alejandro Artusio, como observador del juicio en la Corte Suprema de Justicia.
Artusio destacó que Pinochet está acusado como "presunto autor o partícipe de crímenes de lesa humanidad, que son aquellos que se encuentran en el lugar más alto de los peores crímenes en todo el mundo".
La sala de la Corte Suprema de Justicia en que se realizan los alegatos tiene una capacidad limitada y el ingreso del público fue restringido a 27 invitados de la parte querellante y a igual número de partidarios del ex dictador, con una presencia también restringida de la prensa.
La defensa de Pinochet se opuso, al igual que en el juicio en la Corte de Apelaciones, a que se televisaran los alegatos, como se hizo en 1996, cuando la Corte condenó a los ex jefes de la policía secreta dictatorial, el general Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza.
Contreras fue sentenciado a siete años de cárcel y Espinoza a seis años por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier.
La presidenta de la AFDD, presente en el proceso, dijo al término de la sesión que "es hora de que se pueda investigar y determinar responsabilidades (en las violaciones de derechos humanos), y someter a proceso a aquellas personas que resulten responsables, y uno de ellos es Augusto Pinochet".
Díaz señaló su esperanza en que el máximo tribunal ratificará el desafuero, para que Pinochet sea llevado ante la justicia. "Eso es lo que anhelamos desde hace años", dijo.
Rivadeneira pidió los exámenes previos al ex dictador, con el argumento de que éste no tuvo un "debido proceso", ya que los análisis que se le practicaron en enero en Londres determinarían un grave deterioro en su salud.
En Chile, al contrario de Gran Bretaña, no existen las razones de clemencia o humanitarias para abstraer a un acusado de la justicia por razones de salud, pero las leyes establecen que una persona con demencia senil u otra anomalía mental grave es inimputable judicialmente.
Del mismo modo, se establece la obligación de que los jueces pidan exámenes sobre el estado de salud de los procesados mayores de 70 años de edad, trámite que le correspondería realizar a Guzmán si es que se aprueba el desafuero.
Otra posibilidad es que la Corte Suprema de Justicia encargue los exámenes una vez finalizados los alegatos y considere sus resultados como antecedente para fallar a favor o en contra del desafuero.
Los familiares de Pinochet, que califican como "político" el juicio, señalaron que, si se aprueba el desafuero, el ex dictador no se someterá a exámenes de salud mental porque los considera denigrantes y vejatorios.
El tribunal no tiene un plazo determinado para entregar su veredicto, estimándose que sus deliberaciones y la votación respectiva de los 20 magistrados podrían extenderse por dos a cuatro semanas.
El pleno de la Corte está formado por 21 magistrados, pero sólo hay 20 en funciones, ya que no se ha reemplazado a su ex presidente, Roberto Dávila, fallecido a comienzos de este año.
Esto plantea la posibilidad de que se produzca un empate en la votación del desafuero y en otras materias, como los exámenes médicos previos o posteriores, lo cual generaría un conflicto jurídico de difícil resolución, según dijo Carlos Figueroa, ex ministro del Interior y catedrático de Derecho Procesal. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/00
