Las autoridades electorales de Venezuela realizaron hoy una "invitación internacional" a empresas de auditoría para que vigilen los comicios del 30 de julio, como parte de una estrategia para rescatar la imagen de un proceso minado por las dudas.
El aviso del Consejo Nacional Electoral (CNE) establece el 3 de julio como plazo máximo para presentar los requerimientos de las compañías auditoras que deberían ocuparse de vigilar varias etapas del acto de votación, el más complejo que se recuerde en Venezuela.
La invitación se produjo en medio de una intensa presión sobre los miembros del CNE, que asumieron sus puestos hace pocos días, para reemplazar a quienes prepararon la fracasada jornada electoral del 28 de mayo.
Tres días antes de que 11,7 millones de electores asistieran a las urnas para participar en los mayores comicios en la historia del país, el Tribunal Supremo de Justicia debió suspender el acto, ante una acumulación de fallas técnicas que hacían inviable el sufragio.
Es la primera vez que las elecciones nacionales son suspendidas en Venezuela, cuya democracia iniciada en 1958 es una de las más antiguas de la región.
Los nuevos integrantes del CNE tuvieron a su cargo la evaluación del fracaso y la elaboración de un informe técnico sobre la posibilidad de realizar una nueva convocatoria a comicios previstos para renovar todos los puestos electivos, tras la aprobación en diciembre de una nueva Constitución.
El gobierno de Hugo Chávez no ocultó su interés por realizar las elecciones lo antes posible, pues considera que de esa forma se pondrá fin a una etapa de transición política basada en la nueva norma constitucional e impulsada por el presidente.
La comisión legislativa que opera como parlamento de transición aceptó las recomendaciones del CNE y decidió separar las elecciones en dos fechas, lo que ha provocado numerosas críticas de la oposición, aún cuando los técnicos aseguraron que era el único camino posible.
El 30 de julio, los votantes elegirán presidente, parlamentarios, gobernadores, legisladores regionales y alcaldes, mientras que se dejaría para el 1 de octubre la elección mucho más masiva de concejales municipales y juntas parroquiales.
Los críticos han argumentado que la separación de los comicios aumenta los costos, que en su segunda etapa favorecerá la abstención y que viola las disposiciones iniciales de renovación institucional que preveían la elección simultánea de todos los representantes públicos dependientes del sufragio.
El CNE confirmó los temores de los críticos ante los costos de la postergación. Según los nuevos miembros del organismo, se perdieron unos 80 millones de dólares, y además será necesario invertir otros 120 millones en los comicios reprogramados.
Las fallas técnicas ocurrieron en la habilitación de máquinas para la votación automatizada, que será utilizada por más de 90 por ciento de los electores.
La auditoría al proceso estaría concentrada en la vigilancia del funcionamiento adecuado de la automatización electoral y en la lectura de los votos. Las autoridades electorales auspician este proceso con el fin de garantizar la transparencia del acto.
"La auditoría será como los ojos de este proceso", comentó Imelda Rincón, del CNE. Pero al mismo tiempo hizo un llamado para que todos los venezolanos "participen en la tarea de velar y vigilar" el desarrollo de estos comicios.
La organización de las nuevas elecciones obliga a preparar nuevamente las máquinas de votación e imprimir millones de boletas, y determina la reapertura de una campaña electoral enfriada tras la postergación dispuesta. (FIN/IPS/lc/ff/ip/00
